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Giorgio Jackson se querella por injurias, calumnias y por difamación contra un empresario, un senador socialista y la UDI

El exministro y principal aliado político de Boric ha emprendido acciones en contra de Jorge Errázuriz, el socialista Fidel Espinoza y 23 parlamentarios en el marco del robo el año pasado de 23 computadores en su cartera y el ‘caso Convenios’. “Quiero resarcir mi honra”, ha dicho

Giorgio Jackson, este lunes, en el Centro de Justicia de Santiago de Chile.
Giorgio Jackson, este lunes, en el Centro de Justicia de Santiago de Chile.CRISTIAN SOTO QUIROZ

Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social y el mayor aliado político del presidente de izquierdas Gabriel Boric, ha presentado este lunes acciones legales en contra del senador socialista Fidel Espinoza; 23 diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha tradicional, y el empresario Jorge Errázuriz, a quienes imputa injurias, calumnias y difamación por hechos ocurridos en julio de 2023. En esa fecha la cartera que dirigía Jackson fue afectada por el robo de 23 computadores, un delito que protagonizó, se supo poco después, una banda de delincuentes que hacía estafas telefónicas desde una cárcel de Santiago, situación que los querellados vincularon al exsecretario del Estado y al caso Convenios.

Jackson, compañero de ruta de Boric desde que eran dirigentes universitarios en 2011, renunció el 11 de agosto al Ministerio de Desarrollo Social. Lo hizo en medio del anuncio de la oposición de presentar en el Congreso una acusación constitucional en su contra por considerarlo responsable político del caso Convenios, la trama de corrupción que investiga la Fiscalía sobre el traspaso de dineros públicos vía trato directo a fundaciones privadas —la primera fue Democracia Viva— dedicadas a apoyar a asentamientos urbanos. Es un lío de platas que protagonizan exmilitantes de Revolución Democrática, expulsados tras el escándalo, un partido del Frente Amplio, la coalición del presidente, y del que Jackson es líder y fundador.

El robo de los 23 ordenadores, además de una caja fuerte, ocurrió en las dependencias del ministerio de Desarrollo Social, en el centro de Santiago, la noche del 19 de julio del año pasado, un mes después de que estallara el caso Convenios. Fue ejecutado por una banda comandada desde la cárcel de Puente Alto, en la zona sur de Santiago, por Miguel Ángel Apablaza, de 24 años, alias Negro Chico, quien estaba privado de libertad. Los guardias recibieron un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por Jackson y que les señaló que unos supuestos sobrinos suyos irían al edificio por los computadores. Pero quienes llegaron hasta la repartición fueron tres hombres con overoles blancos, concretando el delito con el llamado cuento del tío.

Entre los imputados por el hecho se encuentra Apablaza y su abuela Elena Rojas, quien recibió los ordenadores.

El exministro Jackson, representado por el penalista Miguel Miguel Schürmann, ha interpuesto las acciones legales este mediodía en el Centro de Justicia en Santiago por distintas figuras jurídicas. “Quiero resarcir mi honra” dijo en una rueda de prensa, y agregó que “son las primeras acciones que voy a presentar, pero no serán las últimas”. Mientras entregaba los antecedentes un hombre lo insultó, increpó y gritó en público, diciéndole que devolviera la plata. El exministro dijo que, precisamente, era a este “tipo de daño” al que se refiere.

En el caso del empresario Jorge Errázuriz es una querella criminal por injurias y calumnias. Jackson explicó que “a través de Twitter se refirió a mi vinculándome como autor del robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social de manera sucesiva, y como autor intelectual del investigado caso Convenios”.

La demanda contra Espinoza es por un mensaje que publicó en la red X (antes Twitter) el 20 julio, un día después del atraco a Desarrollo Social. “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle y que me has hecho llegar”, escribió.

Al respecto Jackson dijo: “Se refirió a mi como el líder de una banda de criminales y por lo tanto es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, existan límites como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, que es cuando se daña la honra de otras personas”.

El exministro señaló esta mañana que “cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas, por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, familiar y, por lo tanto, las personas que lo hicieron de manera tan irresponsable, sería bueno que rectificaran. Eventualmente, cada persona verá si ofrece las disculpas, pero al menos mi derecho ciudadano a ejercer las acciones para defender mi honra es lo que estoy utilizando”.

La carta de la UDI

La ofensiva contra los diputados de la UDI, en tanto, es una acción prejudicial. Jackson explicó que “esta medida es para saber contra quién tiene que ir la demanda principal. Si es contra los firmantes de esta carta o contra el partido político ya que los parlamentarios, según los estatutos de la UDI, son parte y reflejan la voz del partido en el Congreso. Y que, al mismo tiempo su presidente Javier Macaya respaldó dos días después la carta en un medio masivo”.

El 20 de julio los diputados de la UDI enviaron una carta al presidente Boric dándole 48 horas para pedir la renuncia de Jackson. Es un texto en el que señalaron que “con bastante sospecha, estupor e, incluso, desconfianza, vemos que durante la madrugada de este jueves se produjo un insólito -por decir lo menos- robo al interior de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (....) en medio de un confuso procedimiento, donde al parecer una persona se hizo pasar por el propio ministro de la cartera, Giorgio Jackson, para solicitarle a un guardia de seguridad que hiciera entrega de dichos elementos a supuestos ‘sobrinos de él, los que luego -extrañamente- habrían ingresado vestidos de overoles blancos y encapuchados para así llevarse todos los equipos”.

Pero además en la misiva lo acusaron de “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso”.

En julio, el Gobierno de Boric señaló que no respondería a la carta, que catalogó como ”una misiva calumniosa, injuriosa e infame”.

Las advertencias de Jackson

Cuando se produjo el robo de computadores, Jackson dijo: “Quiero manifestar la total indagación que como Gobierno tenemos respecto a estos hechos, son gravísimos y, por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza”. Y añadió que “no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a recabar todos los antecedes para esclarecer estos delitos que son constitutivos de robo y suplantación de identidad”

Las primeras declaraciones de la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, fueron en el mismo sentido que Jackson: Esto no parece ser un robo común, es muy extraño”, dijo.

Al renunciar a su cargo, en agosto del año pasado, Jackson advirtió que en su papel de ciudadano “voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias que se revelen como tales”.

Este lunes, tras presentar las tres acciones judiciales, Jackson dijo: “Ninguna de estas personas han mostrado señal alguna de arrepentimiento. No me han ofrecido disculpas públicas ni privadas. Tampoco se han comunicado conmigo. Se han dedicado a seguir incubando la tesis de que yo sería el autor intelectual del desfalco del Estado a partir del caso convenio, de que tb sería el autor de los robos de los computadores”.



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