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El computador de Giorgio Jackson, exministro de Boric, entre los 23 ordenadores robados en julio

La sustracción ocurrió hace cuatro meses en la cartera de Desarrollo Social. Un preso, Miguel Ángel Apablaza, alias ‘Negro Chico’, se hizo pasar por el secretario de Estado

Ana María Sanhueza
Giorgio Jackson
Giorgio Jackson, durante una reunión con goberanantes de la región del Maule, el pasado 29 de junio.ANDRÉS PÉREZ CUENCA (MIDESOF)

Cuatro meses después desde que el 19 de julio fueran robados 23 computadores portátiles y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric, en el centro de Santiago, un informe de la Fiscalía chilena divulgado por el medio Ex-Ante ha revelado que entre los ordenadores sustraídos estaba el que había sido asignado a quien era, hasta entonces, el ministro de esa repartición, Giorgio Jackson. Luego, a comienzos de agosto, azotado por el caso Convenios, renunció a su cargo, pese a su cercanía histórica con Boric.

También se supo que fue robado el ordenador de Diego Vela, quien era su jefe de Gabinete y hoy es presidente de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos que forman parte de la coalición del mandatario y uno de los más impactados por el caso Convenios, una trama de corrupción política; el de la jefa jurídico-legislativa del Gabinete ministerial y el de la asesora legislativa, entre otros.

El robo fue ejecutado por una banda que era comandada desde la cárcel de Puente Alto, en la zona sur de Santiago, por Miguel Ángel Apablaza, de 24 años, alias Negro Chico, quien estaba privado de libertad. La noche del 19 de julio, los guardias del ministerio recibieron un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por Jackson y que les señaló que unos supuestos sobrinos del secretario de Estado irían al edificio por los computadores. Sin embargo, quienes finalmente llegaron hasta la repartición fueron tres hombres vestidos con overoles blancos, que los sustrajeron junto a la caja fuerte, concretando el delito con el llamado cuento del tío. Por el caso han sido imputadas cuatro personas, entre ellas Elena Rojas, abuela de Apablaza, quien recibió los ordenadores.

Los 23 computadores aparecieron el mismo día que fueron robados, en la calle, mientras que la caja fuerte fue hallada, también en la vía pública, la noche del 2 de agosto, descerrajada, sin su puerta y sin los documentos que contenía en su interior. Entre ellos, talonarios de cheques de cuatro cuentas corrientes, una tarjeta de crédito del BancoEstado y timbres del área de Tesorería del Ministerio de Desarrollo Social.

El hecho provocó conmoción en Chile, pues afectó a la cartera de Jackson, el principal aliado político de Boric desde que eran dirigentes universitarios, además de líder y fundador de Revolución Democrática. Fue un hecho que coincidió, además, cuando solo hacía un mes había estallado el caso Convenios, la trama de corrupción sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas —la primera fue Democracia Viva— dedicadas supuestamente a apoyar a asentamientos urbanos. Es una investigación de la Fiscalía y la Contraloría que se ha extendido a otras instituciones a lo largo del país y que, entonces, tenía solo como protagonistas a militantes de RD.

Jackson renunció al Gobierno el 11 de agosto, luego que la oposición presionara a la Admistración de Boric por su salida, pues lo consideraba responsable político del caso Convenios como líder de RD. Fue una arremetida que impulsó el Partido Republicano, de la extrema derecha, que había anunciado una acusación constitucional en su contra que, de haber sido aprobada en el Congreso, lo habría dejado inhabilitado por cinco años de la función pública.

Según la declaración del Negro Chico, que divulgó Ex-Ante, el reo ha negado haber sido quien suplantó a Jackson en el llamado telefónico a los guardias de Desarrollo Social. Dijo que un compañero de celda usó su móvil para llamar al ministerio, pues él solo prestó al aparato para que se realizara el llamado cuento del tío. El Negro Chico solo habría admitido ante la fiscal Tania Sironvalle que coordinó la entrega de los ordenadores a su abuela y que pidió destruir el chip del teléfono.

Apablaza declaró que en diciembre de 2022 fue trasladado a la torre 1 de la cárcel de Puente Alto y que allí conoció a otros presos apodados el Isra, Delfín, Cara de Talco, Peñita, Porteño, Caracas y El Rana.

Según Ex-Ante, el Negro Chico declaró que el 19 de julio, El Rana le pidió su móvil, que era, señaló ante la fiscal, “de color morado, marca Motorola, con la pantalla trizada”. “En ese teléfono tenía el chip para efectuar llamadas y el WhatsApp lo tenía habilitado con otro chip que tenía mi abuela”, agregó.

Apablaza ha intentado achacar a El Rana ser quién suplantó al exministro Jackson. “Si bien yo no escuché nada de lo que él decía, en otras ocasiones sí escuché cuando en ésta y en otras cárceles hacían el cuento del tío. Por ejemplo, llaman a un guardia y se hacen pasar por el jefe. Si el guardia engancha, le dan instrucciones para tomar nota del número al que debían llamar del servicio de grúa. Algunos guardias enganchan y otros no”.

El Negro Chico declaró: “El Rana me dijo que irían a dejar los computadores desde un lugar distinto desde donde los habían sacado. Yo hablé por WhatsApp con mi abuela y le pedí que recibiera estas cosas. Me dijo que no tenía problemas”.

Tras el robo, cuando Gendarmería allanó la celda de Apablaza, no encontró ningún teléfono en su poder.

El alto número de teléfonos al interior de las cárceles es un problema que se arrastra desde hace años en Chile. Solo el primer semestre de 2023, Gendarmería ha incautado 14.588 móviles entre una población de casi 50 mil presos. La principal forma de ingreso es a través del lanzamiento de estos aparatos desde el exterior.

El 1 de agosto, el Senado ratificó el proyecto de ley que penaliza, por primera vez en Chile, la tenencia de celulares, chips y otros aparatos de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios.

Tras su salida del Gobierno, Jackson no ha hablado públicamente, mientras la investigación del caso Convenios sigue avanzando.

Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.

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