Robo en el ministerio de Giorgio Jackson: en 2023 se han incautado 14.588 celulares en los penales chilenos

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en votación unánime el martes un proyecto de ley que busca tipificar como delito la tenencia de teléfonos móviles y chips al interior de los centros penitenciarios, desde donde los internos no solo realizan estafas conocidas como el cuento del tío, sino también organizan asaltos que se cometen en el exterior.

El avance de la iniciativa, que ahora pasará el Senado, ha coincidido con el caso del robo de 23 computadores portátiles al ministerio de Desarrollo Social, que ya fueron recuperados, y una caja de seguridad, que aún no aparece, el 19 de julio. Esa noche, según ha establecido hasta ahora la Fiscalía, el delincuente de 24 años Miguel Ángel Apablaza, apodado el Negro Chico, llamó desde la cárcel de Puente Alto de Santiago a los guardias de esa cartera, se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson, el principal aliado del presidente de izquierdas Gabriel Boric, y les señaló que unos sobrinos del secretario de Estado irían a fumigar el edificio. Luego llegaron tres hombres, que fueron quienes finalmente sustrajeron los ordenadores.

El alto número de teléfonos al interior de las cárceles es un problema que se arrastra desde hace años en Chile. Solo una muestra es la cantidad de móviles, 14.588, que Gendarmería ha incautado durante el primer semestre de 2023 entre una población de 49.000 presos. La principal forma de ingreso es a través del lanzamiento de estos aparatos desde el exterior, una práctica que el proyecto de ley también estipula sancionar penalmente.

En el caso del Negro Chico, apenas la policía detectó que el llamado a los guardias del ministerio de Desarrollo Social se realizó desde el penal de Puente Alto, donde el delincuente cumple una condena, Gendarmería realizó un allanamiento. Sin embargo, en el operativo no se le encontró ningún teléfono.

Actualmente, en Chile la tenencia de celulares o aparatos electrónicos al interior de las cárceles es una falta administrativa. El proyecto cambia la categoría a delito y propone penas que van desde los 541 días a los 3 años y un día de cárcel. Ha sido una iniciativa que presentó un grupo de senadores de distintos partidos políticos, quienes han descrito en un documento legislativo que “se ha hecho necesario legislar en vista de los altos niveles de denuncias de personas que reciben llamadas de delincuentes desde las cárceles, con el fin de engañar e inducir al robo de dinero bajo la modalidad conocida como el cuento del tío”.

Tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoció que “la situación dentro de los recintos penales es compleja”, y destacó que el proyecto “es un paso más que tiene que ver con la lucha contra el crimen al interior de los establecimientos penitenciarios”.

En noviembre de 2022, en tanto, el país sudamericano ya había avanzado en otra ley, una que sanciona penalmente el ingreso de elementos prohibidos, como teléfonos, a las cárceles.