La policía chilena detiene a Daniel Andrade y Carlos Contreras, protagonistas del ‘caso Convenios’

La Policía de Investigaciones chilena (PDI) ha detenido esta mañana, por orden de fiscal Cristian Aguilar, a dos de los principales protagonistas que dieron origen al caso Convenios, la trama de corrupción sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas que investiga el Ministerio Público lo largo del país. Se trata del ingeniero Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, y el arquitecto Carlos Contreras, quien era secretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta (seremi), en el norte de Chile, desde donde salieron los recursos del Estado a la fundación. Ambos tenían una estrecha relación con la diputada por la zona Catalina Pérez, del Frente Amplio, la coalición del presidente Gabriel Boric.

Las detenciones se han producido durante la mañana en Santiago, donde reside Andrade. En el caso de Contreras la orden se concretó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital de Chile. El jueves serán formalizados por la Fiscalía en el marco de una indagatoria por posible fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Ambos, además, están querellados por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al Fisco.

Los arrestos se producen, justamente, a cuatro días del plebiscito por una nueva Constitución. Las derechas, que apoyan el texto que se plebiscitará, ha intentado estratégicamente que quede en claro que el Gobierno de Boric está en contra, para sumar votos a la opción de quienes aprueban. La detención por corrupción de dos personas que fueron militantes del Frente Amplio difícilmente no sea usada en las horas finales de la campaña.

El caso Convenios estalló hace casi 6 meses, el 16 de junio, cuando el medio regional Timeline hizo pública una denuncia de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta sobre un posible conflicto de interés. Esto pues Contreras, como seremi, entregó 426 millones de pesos (unos 484 mil dólares) a Democracia Viva, a cargo de Andrade. Los dos eran militantes de Revolución Democrática (RD), un partido del Frente Amplio, el bloque del presidente de izquierdas Gabriel Boric. Ambos tenían además otra relación: Contreras había sido jefe de Gabinete de la diputada RD por Antofagasta Catalina Pérez, quien a su vez era pareja de Andrade al momento en que se traspasaron los dineros.

Ha sido un escándalo que ha golpeado a la nueva generación de izquierdas que están en el poder, pues RD es uno de los principales partes del conglomerado oficialista. El propio Gobierno ha calificado el caso de corrupción y, en seis meses, ha implicado las renuncias de seis autoridades.

La oposición chilena mantiene abierta la advertencia de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, pues el escándalo de platas se generó en la seremi de Antofagasta, que depende de la cartera. Lo han catalogado como responsable político de las irregularidades, de las que se enteró el 16 junio, precisamente, con la publicación del escándalo en la prensa.

Montes, quien estaba en el Congreso, en Valparaíso, tras las detenciones de Andrade y Contreras reiteró que a los pocos días de que estallara el caso Convenios, en junio, que su ministerio entregó a la Fiscalía la información que tenía, hasta ese momento, sobre la situación de Antofagasta. Ha hablado en un punto de prensa rodeado de la bancada de diputdos del Partido Socialista.

En agosto, presionado por las derechas y en la víspera de que se presentara una acusación constitucional en su contra, debió renunciar el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el compañero de ruta de Boric desde que eran dirigentes universitarios en 2011, pues la oposición le cargaba responsabilidad política como líder y fundador de RD.

Tras las detenciones, la portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo, ha dicho hoy: “Valoramos profundamente este avance de la justicia”. “Lo hemos dicho desde un inicio: la justicia en nuestro país tiene que avanzar, tiene que actuar, tiene que dar resultados para que estas acciones que dañan profundamente la fe pública y que pueden implicar graves delitos de corrupción, sean no solamente investigados, sino que tengan resultados”.