Carlos Montes, el ministro de Boric que no quiere salir del Gobierno y prepara su defensa en medio del ‘caso Convenios’
El militante socialista que encabeza la cartera de Vivienda, el epicentro de la trama de corrupción política que investiga la Fiscalía, ha sondeado abogados ante la posibilidad de que la oposición concrete un intento de destitución en su contra
![Carlos Montes](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AR5YJ4J3RNEKBNQP6R5RUAP4SI.jpg?auth=3484900941c8851f5d47f2b3acca4b85ce395b47a6da999eefa3f21eee2376d3&width=414)
![Ana María Sanhueza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F93cbfdee-277d-46b1-bfe9-01bf3071a728.png?auth=75ca7e78f1d9fd12cc8bda4074156011735aceff1493fd14e47a0a8415d9c36d&width=100&height=100&smart=true)
El próximo 16 de diciembre se cumplirán seis meses desde que estalló el caso Convenios, la trama de corrupción sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas a lo largo del país, que investiga la Fiscalía, y que ya ha cobrado seis renuncias en el Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric. El foco de la oposición está cada vez está más encima del ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista de 77 años, que ya ha comenzado a sondear a varios abogados ante una eventual acusación constitucional en su contra, es decir, un intento de destitución. La derecha le achaca no haberse percatado de las irregularidades que comenzaron, precisamente, en una repartición de su cartera en el norte del país.
El escándalo del lío de platas, destinadas a apoyos para barriadas precarias, arrancó en una secretaría regional del ministerio de Vivienda (seremi) en Antofagasta, en el norte del país. Allí, la autoridad era el arquitecto Carlos Contreras y desde esa repartición se entregaron, vía trato directo, 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), un partido del Frente Amplio, el bloque de Boric. Una de las razones tras el escándalo es que Contreras –ahora exmilitante de RD, a quien Montes pidió la renuncia apenas explotó el caso–, es que había sido jefe de Gabinete de la diputada RD por Antofagasta Catalina Pérez. La parlamentaria era pareja del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien también era militante de RD.
La situación de Montes, uno de los ministros más experimentados del Gabinete de Boric y parte del Socialismo Democrático de la izquierda moderada, la mayor fuerza política dentro del Gobierno, se ha ido complejizando, pese al respaldo continuo que le ha entregado el mandatario en forma pública. “Quiero reconocer la tremenda pega [trabajo] que, en medio de las tremendas dificultades que le ha tocado enfrentar, está realizando el ministro Montes con el Programa de Emergencia Habitacional”, dijo el martes el presidente para blindar, una vez más, al secretario de Estado. Y destacó que el propio ministro haya realizado denuncias sobre el caso, como entregar, apenas explotó el escándalo en junio, antecedentes al Ministerio Público.
El espaldarazo de Boric se produce en medio de peticiones de parte de algunos miembros de la oposición para que Montes dimita, algo a lo que él se resiste pues ha comentado a sus cercanos que no quiere quedar el rótulo del “ministro del caso Convenios”, un lío de platas que no arrancó en su partido, sino en RD. Uno de los políticos que ha presionado por su salida es el líder del Partido Republicano de la extrema derecha, José Antonio Kast: “Ministro Carlos Montes ¿Cuándo va a renunciar? Han pasado seis meses desde que se descubrió el fraude en su ministerio y todavía los verdaderos culpables no asumen su responsabilidad”, escribió el martes en su cuenta de X (exTwitter).
El #CasoConvenios sigue dando que hablar. Hasta cuando seguirá el ministro Montes en el cargo ? pic.twitter.com/1FNi328Vo4
— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) December 5, 2023
La oposición, desde que se hicieron públicas las denuncias, también presionó para que dimitiera el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (36), el compañero de ruta de Boric desde que eran dirigentes universitarios en 2011. Tras una agonía de dos meses, finalmente renunció el 11 de agosto: le cargaban responsabilidad política pues es líder y fundador de RD. Dejó el cargo en la víspera de una acusación constitucional en su contra.
A diferencia de Jackson, Montes, de 77 años, es un experimentado político que cumplió diversos papeles en la lucha contra la dictadura y ha sido diputado (1990-2014) y senador (2014-2022). El ministro ha dicho en su entorno no solo que quiere terminar su trabajo —el Gobierno se comprometió a construir 260 mil viviendas a marzo de 2026—, sino que no teme a un intento de destitución en su contra, pese a que podría inhabilitarlo de cargos públicos por cinco años. Al contrario, ha comentado en privado que, si atraviesa por un juicio político, eso le permitiría defenderse y relatar sus gestiones paso a paso a través del abogado que lo vaya a representar.
El ministro de vivienda, socialista, Carlos Montes recibe un gran apoyo luego de una dura agenda de la derecha.
— Juventud Socialista (@JS_Chile) December 5, 2023
No impedirán la histórica lucha por la vivienda, los pobladores reconocen al compañero ministro Montes. pic.twitter.com/BXZXCbI3Ex
Un asunto de fechas
El caso Convenios no ha dado tregua al Gobierno, pues cada día aparecen nuevos antecedentes relativos a la fecha de cuándo se enteró la Administración de Boric y por qué Montes no fue alertado dentro de su cartera. El ministro se enteró del caso de Democracia Viva el 16 de junio, día en el que medio regional de Antofagasta Timeline hizo pública una denuncia de la de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta sobre un posible conflicto de interés por la tríada Contreras, Andrade y Pérez.
Apenas supo, Montes pidió la renuncia de Contreras y, el 24 de junio, Boric selló la salida de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD): había sido notificada en mayo por la asociación de los cuestionamientos a la fundación liderada por Andrade, pero dijo que “no alcanzó” a avisarle a Montes.
El 27 de noviembre la situación de Montes se agudizó cuando se entregó el informe de la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se formó hace cuatro meses impulsada por Chile Vamos, conglomerado de la derecha tradicional, y que fue aprobado por ocho votos contra cinco de parlamentarios oficialistas. En el documento se consideró que el ministro de Vivienda tuvo una “reprochable inobservancia”, lo que dejó abierto el camino para una eventual acusación constitucional.
Pero, tres días después, el 30 de noviembre, Carlos Contreras –quien ha iniciado una ofensiva pública para defenderse pues enfrenta, como Andrade, una querella del Consejo de Defensa del Estado–, emitió un comunicado en el que afirmó que el 7 de junio “Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva” y que “en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”.
Ha sido una frase que colisionó con lo que dijo el jefe de asesores de Boric en La Moneda Miguel Crispi (RD) el 7 de noviembre ante la comisión investigadora: que se enteró del hecho el 7 de junio por “un rumor”, sin comentarlo ni con el mandatario ni con el ministro de Vivienda.
El problema se acrecentó para Montes cuando el diario La Segunda publicó, el 1º de diciembre, que el informe al que se refería Contreras, que es parte de la carpeta investigativa del fiscal de Antofagasta a cargo del caso Democracia Viva, Cristian Aguilar, está contenido en un correo del 18 de mayo con copia a la entonces subsecretaria Rojas y al jefe nacional de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, el socialista Ricardo Trincado. El arquitecto respondía en detalle a las denuncias de la Asociación de funcionarios respecto del convenio suscrito por la fundación y, entre varios puntos, explicaba por qué incorporó a fundaciones, entre ellas Democracia Viva, a las transferencias de dinero. Lo que no dijo es que era cercano a Daniel Andrade y que había trabajado con la diputada Pérez.
Entonces, el foco volvió de nuevo sobre Montes, pues Trincado, a quien el secretario de Estado llevó a trabajar su ministerio, era quien había respondido a lo señalado por Contreras: no solo dijo que “no se observan incumplimientos graves”, sino que, además, alabó el papel del entonces seremi de Vivienda, pues consideró que tenía “una actuación proactiva” en “corregir las deficiencias”. Trincado tampoco avisó a Montes.
El 4 de diciembre, Montes pidió la renuncia a Trincado. Sin embargo, el ministro ha enredado más las cosas pues ha dicho que la razón para pedirle su dimisión no fue por el caso Convenios, sino por “la reorganización y el fortalecimiento de los equipos de trabajo”.
El martes por la tarde, en calle Serrano, donde se ubica la cartera de Vivienda en el centro de Santiago, cerca de 100 personas, algunas que son parte de distintos comités de vivienda, fueron a apoyar al secretario de Estado. Montes bajó desde su oficina y con un megáfono agradeció el respaldo: “Me emociona mucho verlos a todos acá, me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo”, dijo. Y agregó: “Quiero decirles que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas”.
Por la mañana de ese martes, el ministro había estado en una reunión en La Moneda. Allí dio un punto de prensa en el que se refirió al caso Convenios: “Yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido. Uno tiene que asumir las responsabilidades y lo que más me preocupa es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda”.
Para su compañero de partido, el socialista José Miguel Insulza, Montes fue “traicionado” por gente que decía que tenía “una ética distinta”.
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