Chile acude a las urnas en un nuevo intento por reemplazar su Constitución

Chile celebra este domingo un nuevo plebiscito constitucional. Es el segundo intento en cuatro años por cambiar su Constitución vigente, porque en 2022, un texto redactado por una convención dominada por la izquierda fue rechazada categóricamente por el 62% de los ciudadanos. En esta ocasión, la propuesta nace de un Consejo Constitucional con mayoría de derechas y, sobre todo, de la derecha conservadora del Partido Republicano, que se quedó con 23 puestos del órgano, según lo determinaron los electores en mayo pasado. Y hoy, unos 15,4 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir la suerte de esta carta apoyada por las derechas y rechazada por el oficialismo del presidente Gabriel Boric, el centroizquierda no oficialista y hasta sectores ultra que sobrepasan por la derecha a los republicanos. Aunque las últimas encuestas conocidas daban una ventaja al voto en contra, se trata de una elección con resultado incierto, entre otras cosas por el carácter obligatorio del sufragio que recién se repuso hace un año.

De ganar la opción en contra, sigue vigente la Constitución actual y, en el corto y mediano plazo, no habrían nuevos intentos. De triunfar la alternativa a favor, el presidente Boric debe promulgar un decreto para la promulgación de una nueva carta que su sector político considera que “radicaliza el proyecto neoliberal′', como asegura a EL PAÍS Domingo Lovera, constitucionalista del Frente Amplio oficialista, una coalición hermana de Podemos. Para sus defensores, en cambio, “no es una Constitución de derecha”, según asegura a este periódico uno de los arquitectos de la propuesta, el constitucionalista Jorge Barrera, que asesora al Partido Republicano, una formación muy cercana a VOX.

La Constitución vigente fue redactada en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet. Pero desde el comienzo de la transición ha sido sometida a unas 70 reformas, las principales en 2005, durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos. De hecho, la carta actual lleva su firma, no la de Pinochet. “La reforma del 2005 sacó a Pinochet de la Constitución de Chile”, dijo a EL PAÍS el abogado y exministro del Tribunal Constitucional chileno, Gonzalo García. Pero para una parte de la izquierda, sobre todo para la generación del Frente Amplio, siempre había sido la Constitución de Pinochet, la que había que superar. Salvo ahora, cuando la prefieren antes que la propuesta. “Nunca pensé que iba a defender la Constitución de Pinochet”, dijo en octubre una integrante oficialista en el Consejo Constitucional donde se trabajó el texto que este domingo se plebiscitará.

Es parte de la paradoja de este referéndum: la propuesta es defendida por las derechas, sobre todo la conservadora del Partido Republicano, que nunca buscó cambiar la Constitución vigente y se sumó muy tarde al proceso. En cambio, la izquierda, cuyo propósito desde hace más de 40 años ha sido reemplazarla por una democrática, la rechaza por considerarla peor que la actual.

Mientras, la sociedad espera el referéndum con poco interés y más bien agobiada por la crisis de seguridad pública, su principal preocupación, según reflejan constantemente las encuestas.

Fin del momento constituyente

Este domingo, Chile cierra un ciclo de cuatro años que se abrió con el estallido social de 2019 que puso contra las cuerdas al Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2018-2022) y a la democracia chilena. En medio de manifestaciones masivas en las calles y de una violencia inédita en el pasado reciente de Chile, prácticamente todo el espectro político, salvo los radicales de lado y lado, acordaron una ruta constituyente. Allí, en los acuerdos de noviembre de 2019 en el Congreso Nacional por la paz y una nueva Constitución, estaba el diputado Boric, que estuvo por firmar el acuerdo pese a las reticencias de su propia coalición. Fue un intento de la política chilena por conducir institucionalmente las revueltas y las demandas sociales.

El primer intento de cambiar la Constitución coincidió con la elección presidencial, una vez que Boric llegó al poder en marzo de 2022, con solo 36 años, el más joven de la historia de Chile. Su Gobierno cometió el error inicial de tomar partido por el trabajo de la Convención Constitucional dominada por la izquierda dura, que operó entre 2021 y 2022. “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, dijo el presidente apenas llegó a La Moneda. Uno de sus ministros más cercanos, Giorgio Jackson, condicionó las reformas del programa a que se aprobara esa propuesta. Pero fue un fiasco: el 62% la rechazó en septiembre del año pasado. Fue un golpe muy duro para las izquierdas, que perdieron una oportunidad histórica de reemplazar la Constitución vigente. Y representó la derrota del proyecto político del presidente, que tuvo que incorporar a su Gabinete a los socialistas de la izquierda moderada, que el Frente Amplio criticó desde su origen por su papel en la transición.

Tras el frustrado primer proceso, la clase política chilena, con el Gobierno de Boric y la derecha tradicional incluida, acordó en noviembre de 2022 casi inmediatamente un nuevo intento. A diferencia del primero, con muchos límites para no repetir los errores. El analista Ascanio Cavallo describió este último ensayo como “uno de los más complicados que pudo haberse pergeñado, emulando la mecánica parlamentaria y su laberinto de primeros y segundos trámites, comisiones, plenarios y hasta comisiones mixtas”. Lo que nadie tenía previsto, ni ellos mismos, era que el Partido Republicano lo conduciría, al lograr 23 de los 50 puestos en el Consejo Constitucional. Con la derecha tradicional con 11 escaños, la oposición fue mayoría.

Hoy, al analizar cómo quedaría el Gobierno de Boric de acuerdo al resultado de este domingo, el influyente analista Carlos Peña asegura a EL PAÍS: “El proyecto político de Boric ya fracasó. En esto no vale la pena echarse tierra a los ojos”. Como escribió el analista Octavio Avendaño en este diario, es la derecha la que ya ganó: “De ganar el a favor dispondrá de una Constitución redactada a su medida y, si se rechaza, se queda con la actual”.