¡Y finalmente nació!

Chile acaba de aprobar, luego de 13 años de tramitación, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Su larga tramitación tiene varias causas y responsables. Sin embargo, lo importante, hoy, es que finalmente, después del impulso sostenido de todos los ministros de Medio Ambiente que ha tenido la institucionalidad ambiental, y que abarcó cinco gobiernos, el SBAP, logró un apoyo transversal en ambas cámaras del Congreso.

La degradación de la biodiversidad es una amenaza estructural al bienestar de las personas. El Foro Económico Global alerta que, por sobre los riesgos geopolíticos o sociales que vemos a diario, durante la próxima década el colapso ambiental por pérdida de biodiversidad es uno de los riesgos más grandes que enfrentará la economía. Swiss Re, la reaseguradora suiza, indica que uno de cinco países están en riesgo de colapso ecológico. Cuatro de cinco enfermedades nuevas son de origen zoonótico, asociado a la pérdida de hábitat, y la pandemia que temíamos terminó ocurriendo, y a la vuelta de la esquina amenazan nuevas cepas de gripe aviar o porcina.

Para enfrentar esta crisis el mundo se ha puesto de acuerdo en un nuevo pacto por la naturaleza que busca conservar el 30% de los ecosistemas del planeta al 2030. Los economistas empiezan a reconocer que la degradación del patrimonio natural implica la degradación de las bases que sustentan el crecimiento económico. El Banco Central de Chile ha sido uno de los pioneros, iniciando estudios que permitan valorizar a la naturaleza. A inicios de año, el presidente Gabriel Boric lanzó el Comité de Capital Natural, el primero en Latinoamérica, integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Hacienda, Ciencias, y por cierto el Banco Central, cuestión que marca un giro necesario hacia el reconocimiento que conservación y protección ambiental no es una tarea contraria al crecimiento, sino una condición necesaria para un crecimiento duradero, sin los colapsos que se han evidenciado por el desarrollo extralimitado y atentatorio de actividades productivas. El dilema crecimiento versus medioambiente hoy es superado por una realidad de la cual tenemos evidencia: crecer y desarrollarnos sólo será posible si, con la mirada en el futuro (un futuro no lejano, por cierto), tomamos decisiones que hagan viable ese crecimiento y desarrollo contando con una base natural no degradada o, lo que es peor, extinta.

La creación del SBAP viene a llenar un vacío de la actual institucionalidad ambiental. El SBAP permite que el Ministerio del Medio Ambiente tenga un brazo ejecutor de políticas y regulaciones orientadas a la protección de la biodiversidad y a la administración y cuidado de las áreas protegidas. El SBAP contará con un financiamiento que aumenta los recursos que se invierten hoy en conservación y, cuestión muy importante, existe una nueva y más poderosa impronta de sanción a quienes atenten contra el patrimonio natural dentro y fuera de las áreas protegidas.

El SBAP robustece una institucionalidad ambiental que requería avanzar sustantivamente, particularmente teniendo presentes los saltos inéditos logrados en conservación oceánica y terrestre, como aquellos dados durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet: los históricos Parques de la Patagonia en conjunto con la fundación Tompkins Conservation, o los inmensos parques marinos y áreas protegidas marinas en Rapa Nui, Juan Fernández, Nazca-Desventuradas, o Cabo de Hornos que llevaron al país a pasar de proteger el 8 al 36% de su mar. Durante la Administración del presidente Sebastián Piñera se concretó la conservación de humedales costeros y urbanos que contribuyen silenciosamente a la resiliencia a desastres naturales. Y, hoy, celebramos los logros de la Administración del presidente Boric en conservación oceánica en altamar, o bien en ecosistemas únicos como los del Mar de Pisagua y pronto el Archipiélago de Humboldt.

Finalmente, hay que destacar que la conservación de nuestro patrimonio natural no puede realizarse sin la cosmovisión de los pueblos originarios. Por ello, el SBAP contó con una consulta indígena nacional que convocó a miles de personas, en más de 600 reuniones en el territorio. El resultado es que el SBAP incorpora la figura de áreas de conservación de pueblos indígenas, y permite que los pueblos originarios puedan participar en la administración de las áreas protegidas como ocurre en el Parque Nacional Rapa Nui.

Lograr acuerdos puede ser más o menos complejo. Sin embargo, la amenaza de la crisis de climática y la pérdida de biodiversidad con la gravedad que ello implica, ha hecho del medio ambiente un espacio de encuentro político, donde cada autoridad que termina su período como tal, ha reconocido que su labor no está terminada y la nueva autoridad que asume, también ha tomado en sus manos una posta que recoge lo hecho para continuar la gran obra del cuidado y promoción ambiental, apoyados todos por funcionarios que mantienen la memoria de los escollos a superar, y aconsejan para seguir adelante.

Reconocemos y testimoniamos a senadores y senadoras, diputados y diputadas, la sociedad civil, con líderes y lideresas valiosos que, año tras año, trabajaron con ahínco y unidad de propósito, en todos los gobiernos, para permitir que lo impensado se lograra. Cada uno y una contribuyó a crear este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que hoy es una realidad. El proceso partió en un lejano enero de 2010, con la promulgación de la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente y culmina hoy, 13 años después, con la ministra Maisa Rojas, quien tendrá la hermosa tarea de dar vida a la pieza final de la institucionalidad ambiental de Chile.