La Sociedad de Salud Pública defiende la tasa catalana a las bebidas azucaradas

La Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares ha expresado su "total desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la aplicación del impuesto de las bebidas azucaradas y ha defendido el mantenimiento de esta tasa a la industria. El TSJC ha decidido estimar el recurso interpuesto por diversas entidades del sector alimentario contra el decreto de la Generalitat que aprobaba el reglamento del impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas al considerar...

La Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares ha expresado su "total desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la aplicación del impuesto de las bebidas azucaradas y ha defendido el mantenimiento de esta tasa a la industria. El TSJC ha decidido estimar el recurso interpuesto por diversas entidades del sector alimentario contra el decreto de la Generalitat que aprobaba el reglamento del impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas al considerar que el ejecutivo catalán prescindió de los trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas a la hora de aprobarlo. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha advertido de que el gobierno catalán, que recurrirá la sentencia, seguirá recaudando el impuesto.

En un comunicado, la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares avala el mantenimiento del impuesto al señalar que "la obesidad de la población, especialmente la infantil y adolescente, es un problema importantísimo en nuestro contexto que requiere medidas estructurales".

"La aplicación de impuestos contra las bebidas azucaradas es una herramienta que se ha mostrado eficaz allí donde se ha aplicado (Francia, Finlandia, Noruega, Hungría, Chile, México, Sudáfrica o Reino Unido) y contribuye -de manera estructural y a largo plazo- a dar respuesta a este problema de salud pública", resalta esta entidad. Asegura la Sociedad de Salud Pública "no compartir en absoluto" que la medida sea "precipitada" al entender que fue "ampliamente debatida en los plazo previstos y da respuesta a un problema con importantes consecuencias sociales, de bienestar de la población y también económicos del sistema de salud pública".