Absueltos todos los acusados de un macrofraude tras 15 años de investigación

El caso Estación, un supuesto macrofraude fiscal que estalló hace 15 años, que se llegó a cuantificar en seis millones de euros y en el que estuvieron imputadas una veintena de personas, entre ellas un inspector de Hacienda y un capitán de la Guardia Civil, se salda con la absolución de los seis acusados que llegaron al banquillo el pasado otoño. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, localizada en Santiago, considera probado que el grupo empresarial Grúas Estación, con sede en Padrón (...

El caso Estación, un supuesto macrofraude fiscal que estalló hace 15 años, que se llegó a cuantificar en seis millones de euros y en el que estuvieron imputadas una veintena de personas, entre ellas un inspector de Hacienda y un capitán de la Guardia Civil, se salda con la absolución de los seis acusados que llegaron al banquillo el pasado otoño. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, localizada en Santiago, considera probado que el grupo empresarial Grúas Estación, con sede en Padrón (A Coruña), funcionó durante años con “una caja b”, pero concluye que los hechos que han sido acreditados en el juicio son “más bien merecedores de un reproche administrativo”.

“No estaríamos ante un delito contable, sino ante una infracción administrativa. La posible doble contabilidad no tiene tal significación económica que permita llegar a la convicción de que, dado el volumen de negocio ocultado, el sujeto hubiera defraudado al fisco una cuota superior al mínimo punitivo del delito fiscal”, señala la sentencia, contra la que cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo. La sala absuelve a los tres administradores del grupo. A Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, para los que la fiscalía pedía dos años de cárcel, los exonera de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falseamiento de cuentas anuales de los que estaban acusados. Y a Serafín Montenegro, hermano del anterior que denunció el presunto fraude y acabó en el banquillo, lo libra de los delitos contra la hacienda pública, apropiación indebida y administración desleal por los que el ministerio público le solicitaba cinco años de prisión.

El fallo sostiene que de la contabilidad B del Grupo Estación “se beneficiaban los tres socios” y ninguno de ellos lo hizo “sin el conocimiento y consentimiento” de los demás. Los magistrados aprecian “una especie de reparto extraoficial de dividendos o beneficios” y un “pago en efectivo de salarios”, una forma de llevar las cuentas de la que “todos los socios tenían conocimiento” y “expresa o tácitamente estaban conformes con ella”, por lo que, concluyen, “no ha existido perjuicio para ninguno”. El fallo niega también la existencia de gastos que se correspondan con facturas falsas y la disminución de ingresos en la empresa por cobros al contado no declarados.

El tribunal ha absuelto de los delitos de apropiación indebida y administración desleal a otras dos personas acusadas de concertar con dos de los tres socios del Grupo Estación la constitución de una sociedad pantalla para “vaciar patrimonialmente las sociedades”. La sala asegura que no ha quedado “suficientemente acreditada dicha finalidad y dicho vaciamiento” de la compañía. La Audiencia también ha declarado extinguida, por prescripción, la responsabilidad penal que hubiera podido derivarse del delito de encubrimiento del que había sido acusado el informático del grupo empresarial.

El caso estalló en julio de 2004 cuando uno de los tres dueños del Grupo Estación, Serafín Montenegro, denunció a sus socios, su hermano Santiago y Carlos Mosquera, acusándoles de gestionar la sociedad a través de una contabilidad b alimentada con facturas falsas y operaciones ficticias para eludir impuestos. El fraude fue cuantificado durante la instrucción que dirigió el juzgado número 1 de Padrón en seis millones de euros entre 2002 y 2005 y el sumario llegó a acumular 21 imputados y cinco tipos de delitos (fiscal, societario, contable, apropiación indebida y falsedad documental). La lenta investigación judicial lo fue desinflando. En 2015 la fiscalía retiró buena parte de las acusaciones, entre otras cosas, por prescripción.