Madrid acogerá a defensores de derechos humanos de Colombia amenazados
La fundación Mundubat y el Consistorio pretenden defender el acuerdo de paz con esta iniciativa
Cada 11 horas se perpetra una agresión contra un defensor de derechos humanos en Colombia. En los últimos seis meses 397 personas han sido agredidas a manos de grupos armados al margen de la ley, según el defensor del pueblo de Colombia. Es por esta razón que el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, desde el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Mundubat han presentad...
Cada 11 horas se perpetra una agresión contra un defensor de derechos humanos en Colombia. En los últimos seis meses 397 personas han sido agredidas a manos de grupos armados al margen de la ley, según el defensor del pueblo de Colombia. Es por esta razón que el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, desde el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Mundubat han presentado este martes en el palacio de Cibeles un programa de acogida temporal a activistas de derechos humanos en riesgo.
Madrid acogerá a partir de enero de 2019 y durante tres meses a activistas perseguidos en distintas partes del mundo. La primera edición del programa se va a centrar en Colombia con tres lideres de derechos humanos que todavía no se han escogido. ¿Y qué pasará después? Valiente ha explicado que si los lideres sociales que el programa escoja deciden quedarse definitivamente en Madrid tendrán que buscar otras alternativas como pedir asilo político. "Este programa va a permitir que puedan seguir trabajando en defensa de su territorio", ha dicho el director de Mundubat, Antonio Montoro.
El programa en este momento esta en su primera fase. El proceso de selección está abierto desde el pasado 8 de octubre hasta el próximo 7 de noviembre, y dependerá de un comité de selección integrado por instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Ayuntamiento de Madrid, Mundubat y una red de ONG. Una vez finalizado el proceso, hasta enero de 2019 se preparará la acogida. El Consistorio va a financiar su estancia en pisos individuales en donde podrán contar con las condiciones necesarias para su estancia. La gestión del programa estará a cargo de la Fundación Mundubat. "Los detalles de las condiciones y el presupuesto todavía se están debatiendo internamente", ha dicho Montoro.
El programa de acogida temporal les va a permitir estar lejos de las amenazas que enfrentan cada día, según Rudy Estela Posada, una de las lideres del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia en la presentación del programa. "En los últimos meses han matado a cuatro compañeros de la organización por defender nuestra tierra", ha dicho Posada, una campesina que la semana pasada llegó de Colombia a España para pedir ayuda, ya que el gobierno colombiano no les ha dado ninguna protección. "Cuando tenía 14 años tuve que dejar mi casa porque mi familia estaba amenazada, mataron a mis dos hermanos", ha añadido la también activista Posada.
Posada ha recibido amenazas constantes por mensaje de texto y verbales por ser defensora de los derechos humanos en su territorio. "No sirve de nada que me pongan a un policía para cuidarme, eso es peor por qué nosotros tenemos cuatro grupos armados al margen de la ley con diferentes intereses que están en guerra por mi tierra", ha dicho.
Otro de los lideres que ha asistido a la presentación fue Carlos Fernández, defensor de derechos humanos de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz. Fernández ha mostrado su preocupación por la situación que viven actualmente los defensores de derechos humanos en Colombia y ha culpado de esta situación al gobierno del presidente Iván Duque, que "está cambiando el corazón del acuerdo de paz y atacando al movimiento social y político".
Colombia es el país destinatario del primer programa municipal por la difícil transición hacia la paz que está viviendo tras el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano, que puso fin a medio siglo de conflicto y que este mes cumple dos años de vigencia. A pesar del cese de las hostilidades, los conflictos sociales se siguen cobrando centenares de vidas de civiles en el país cada año, incluyendo las de activistas de los derechos humanos, ambientales y sociales.