El secesionismo acuerda un Govern tras reivindicar otra vez a Puigdemont

Con la mirada puesta en evitar unas nuevas elecciones, Junts per Catalunya y Esquerra ultiman la puesta en marcha de la legislatura con un Gobierno viable y sin miembros con cargas judiciales. Si no se trunca el plan, que Carles Puigdemont abordó esta semana en Berlín con su mano derecha, Elsa Artadi, los independentistas reivindicarán la próxima semana de manera simbólica al expresident con el cambio de la ley de Presidencia —que no prosperará— y días después formarán Govern.

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Con la mirada puesta en evitar unas nuevas elecciones, Junts per Catalunya y Esquerra ultiman la puesta en marcha de la legislatura con un Gobierno viable y sin miembros con cargas judiciales. Si no se trunca el plan, que Carles Puigdemont abordó esta semana en Berlín con su mano derecha, Elsa Artadi, los independentistas reivindicarán la próxima semana de manera simbólica al expresident con el cambio de la ley de Presidencia —que no prosperará— y días después formarán Govern.

Aunque el nombre del presidente o presidenta sigue siendo una incógnita y es objeto de múltiples quinielas, lo que sí han pactado Junts per Catalunya y Esquerra Republicana es el reparto de todas las consejerías y el sottogoverno. Los dos grandes partidos del independentismo tendrán un peso equivalente en la nueva estructura, en la que la vicepresidencia será para los republicanos.

La previsión de los independentistas es que todo esto llegue en un plazo de dos semanas para no tener que apurar hasta el último minuto, tal y como prometió Puigdemont. Y es que todos tienen en mente que si el día 22 de mayo no hay presidente elegido, las elecciones se convocan automáticamente, lo que obligaría a las formaciones soberanistas a enfrentarse a un nuevo examen justo cuando transita por sus horas más bajas.

El plan pasa por que el Parlament haga la semana que viene un gesto más simbólico que efectivo votando la modificación de la ley de Presidencia. Este cambio permitiría, en teoría, la investidura a distancia de Puigdemont —en Alemania a la espera de que la justicia decida sobre su extradición por los delitos de rebelión y malversación— y que se pueda gobernar desde el extranjero. El Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano de carácter consultivo, no ve la reforma ajustada a la ley, pero Junts per Catalunya la quiere votar igualmente. El cambio legislativo no prosperará, ya que el Gobierno recurrirá inmediatamente la norma si llega a aprobarse y el Tribunal Constitucional la dejará en suspenso de forma también automática. Ciudadanos también anunció ayer que si no se retira del orden del día del pleno del próximo jueves presentará un recurso de amparo ante el Alto Tribunal.

Con todo, el independentismo quiere hacer este ejercicio parlamentario como un último gesto hacia las bases más convencidas y que no entenderían que no se haga todo lo posible para investir a Puigdemont. Tras este movimiento de cara a la galería se pondrá en marcha el plan D, la investidura de un presidente o presidenta con carácter efectivo. Esto ocurrirá, en principio, la segunda semana de mayo. Lo único seguro sobre el elegido es que será miembro de la candidatura de Junts per Catalunya y no de Esquerra Republicana, partido que ha aceptado votar sin rechistar el candidato que proponga Puigdemont.

Solo hay dos cosas que podrían truncar este plan, explican fuentes de la negociación. La primera sería que el Tribunal Constitucional impida que voten en el pleno de investidura los dos diputados huidos y a los que recientemente el Parlament ha reconocido el derecho a delegar el voto. Se trata de Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín (ERC), que está en Bruselas. Sus dos votos son imprescindibles para que prospere la investidura en segunda votación.

El pleno del Alto Tribunal se reúne la semana del 7 de mayo y podría tomar algún tipo de decisión al respecto siempre que Ciudadanos o el PP hayan presentado ya los recursos de amparo que anunciaron esta semana y que todavía no han registrado. La investidura podría quedar en el aire si los recursos se acaban presentando y el TC tiene tiempo de admitirlos a trámite y estima las medidas cautelares que pidan los demandantes.

El segundo elemento que puede impedir el plan de los independentistas es que la justicia alemana tome los próximos días algún tipo de decisión sobre la extradición de Puigdemont. Un eventual encarcelamiento de Puigdemont en España sería una bomba política y jurídica difícil de digerir en tan pocos días y abriría un nuevo sainete político que podría conducir a unas nuevas elecciones.

Entre los negociadores de ERC hay pocas dudas de que esta vez sí es la definitiva y que en dos semanas, tres a más tardar, habrá un nuevo gobierno. En Junts per Catalunya, la candidatura de Puigdemont, también se va imponiendo este relato, aunque todos esperan a que Puigdemont decida. Y es que todos recuerdan que el expresident ha cambiado de opinión a última hora en asuntos tan capitales como cuando proclamó la independencia en lugar de convocar elecciones o cuando optó por presentarse como candidato cuando siempre había dicho que no lo haría.

Una tercera fuente de desestabilización, aunque menos probable, es la CUP. La abstención de sus cuatro diputados es necesaria para que prospere la investidura y, aunque siempre han dicho que mantendrán esta posición, nadie en el Parlament se acaba de fiar de ello. El objetivo sigue siendo que, en una segunda votación, el candidato propuesto por los independentistas consiga 65 votos a favor frente a 64 en contra del bloque constitucionalista. Y así se evitaría la repetición de las elecciones.