Una de cada cuatro familias no puede salir de vacaciones por falta de dinero
Tres de cada diez madrileños carecen de medios para afrontar gastos extraordinarios
Una de cada cuatro familias de la región no tienen suficientes recursos para salir de vacaciones al menos una semana este año. Así lo reflejan los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos también muestran que tres de cada diez madrileños carecen de medios para afrontar gastos extraordinarios (más de 600 euros en un solo mes). El Ayuntamiento de la capital y ...
Una de cada cuatro familias de la región no tienen suficientes recursos para salir de vacaciones al menos una semana este año. Así lo reflejan los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos también muestran que tres de cada diez madrileños carecen de medios para afrontar gastos extraordinarios (más de 600 euros en un solo mes). El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid mantienen que está aumentando el número de personas que acceden a un puesto de trabajo y que se están realizando políticas para integrar a los más desfavorecidos.
Los datos del INE reflejan que la región madrileña se encuentra en mejor posición que la media española, donde la cifra de personas que no pueden permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año llega a cuatro de cada diez. Sin embargo, sale peor parada a la hora de permitirse un automóvil en el hogar. En la Comunidad de Madrid, las encuestas reflejan que el 10% de los madrileños no pueden mantener un vehículo, mientras que en el resto de España están en esa situación el 6%.
El 12% de los madrileños afirman en las encuestas del INE que tienen “mucha dificultad” para llegar a final de mes, frente al 16,6% de la media de España. Los que dicen que sufren “dificultad” o “cierta dificultad” llegan al 46%, el mismo dato que a nivel nacional. La renta media por persona en la Comunidad de Madrid es de 12.646 euros al año, mientras que la media de España es de 10.707 euros.
María (nombre ficticio), una vecina de 47 años de un municipio del suroeste de la región, reconoce que este año se quedará sin vacaciones. Su marido, transportista de profesión, se quedó en paro hace dos años y ella está sin empleo desde hace casi cinco. “He echado currículos para todas las ofertas de trabajo, pero al ver que soy licenciada no me cogen en ningún lado, ni siquiera como reponedora en un supermercado. Con la excusa de que creen que estoy muy formada, me han desechado en varias ofertas”, se queja.
Con el paro agotado
Eso sí, María reconoce que en esta situación es afortunada por no tener hijos a los que mantener y porque ella y su marido pueden ir “tirando” con el dinero que tenían ahorrado. Ahora su esposo recibe la ayuda de desempleo, tras haber agotado el paro. “Es muy frustrante la cantidad de gente que nos ha dado la espalda al quedarnos sin trabajo”, critica amargamente.
Para el sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Óscar Iglesias, la crisis económica ha hecho aumentar el nivel de exclusión social en la región y todavía no se han recuperado las cifras anteriores a 2008. En su opinión, las grandes cifras macroeconómicas, como la subida del producto interior bruto (PIB) o de la reducción del desempleo, no reflejan los problemas de miles de personas que están “al borde de la exclusión y la vulnerabilidad” desde hace años. “Son necesarias políticas sociales, educativas y de inclusión social para acabar con algunas zonas deprimidas. La pobreza se hereda y, si se da durante la infancia, lo más probable es que afecte durante toda la vida”, explica Iglesias.
Un fenómeno que no es visible para mucha gente, según Iglesias, es que la pobreza y la falta de recursos también pueden darse en los distritos con mayor renta. Se trata de personas que han gozado una cierta posición social y que la pierden por culpa del paro o de la jubilación. “Se da ese llamado chabolismo vertical, porque la pobreza no es solo geográfica. Además, estas clases medias no van a los servicios sociales porque se creen todavía con cierto estatus”, resume.
El Gobierno regional discrepa de que los datos ofrecidos por el INE sean un fiel reflejo de la sociedad y cree que la situación real es mucho mejor. Para el director general de Servicios Sociales y Atención Social, Pablo Gómez-Tavira, se trata de “estimaciones muy difíciles de hacer”: “Son encuestas muy complicadas y con las que resulta muy difícil atinar. Eso sí, hoy por hoy, son únicas con las que contamos”, reconoce. El Gobierno autónomo utiliza otras encuestas regionales, que recogen que la situación está mejorando. Entre sus datos, señala el aumento de inmigrantes que consiguen trabajo y que se ha producido un ligero descenso en los perceptores de la renta mínima de inserción (RMI): de los 30.598 de enero a los 30.117 de este mes de julio. La renta oscila entre los 400 y los 707 euros mensuales.
La zona sur
Según Gómez-Tavira, la pobreza se concentra en distritos como Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Carabanchel y en municipios del sur metropolitano, como Parla (el más afectado), Getafe, Leganés y Fuenlabrada. “Se da en determinados barrios, que es donde hay más perceptores de la RMI, que es el último eslabón tras el desempleo”, añade el director general. El Gobierno regional mantiene dos programas dotados con 7,4 millones de euros para financiar programas para luchar contra la exclusión social.
El Ayuntamiento de Madrid también desconfía de los datos que recoge la encuesta del INE. Según un estudio realizado por el propio Consistorio a principios de año con 8.500 familias, los hogares con grandes problemas económicos llegaban al 16,3%. La directora general de Personas Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Marisol Frías, concuerda con el sociólogo Óscar Iglesias en que en algunos distritos acomodados de la capital también se dan casos de pobreza, como en Chamberí y Salamanca. “Son personas que han perdido con la jubilación, por ejemplo, su capacidad adquisitiva y no pueden mantener ni la casa”, reconoce Frías.
Según datos del Ayuntamiento, el 28% de las familias madrileñas corren riesgo de caer en la pobreza. El porcentaje llega al 41% en caso de las mujeres que tienen hijos a cargo. Si a ello se une el ser extranjero, ese riesgo se incrementa aún más. “Ahora, en verano, hay 12.000 menores que se benefician de comedores escolares y de actividades lúdicas para que no pasen las vacaciones en sus casas. El Ayuntamiento se gasta en este capítulo casi tres millones de euros”, explica la directora.
El Gobierno regional ultima la tarjeta social
La llamada tarjeta social, uno de los anuncios de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, durante el pasado debate sobre el estado de la región, en septiembre del año pasado, está a punto de ver la luz, según confirmó ayer el director general de Servicios Sociales, Pablo Gómez-Tavira. En este soporte se volcarán todas las prestaciones que recibe una familia o una determinada persona por parte de las diferentes Administraciones, como becas de comedor escolar y las ayudas para el alquiler de viviendas o para la compra de libros de texto.
“Hasta ahora no está concentrada esta información en ningún sitio. Lo que buscamos con este sistema es que no haya duplicidades por parte de las Administraciones y que tampoco se produzcan vacíos de ayudas para las personas que las necesiten”, explica el director de Servicios Sociales. El modelo que se va a utilizar es idéntico al de la tarjeta sanitaria, donde solo hay una única historia clínica con los datos del paciente.
La tarjeta está “muy avanzada”, según Gómez-Tavira, aunque se precisa que participen en ella los Ayuntamientos y el Gobierno regional, ya que existen diversos departamentos de Servicios Sociales a los que puede acudir un ciudadano. “Hasta ahora no existía ese diálogo entre los diferentes actores”, reconoce.
También se busca evitar el fraude o el abuso en el sistema de ayudas. En opinión de Gómez-Tavira, existen “usuarios expertos” que acuden a todas las convocatorias de ayudas oficiales, mientras que otros se quedan sin ese dinero por desconocimiento de los recursos que ofrecen los Ayuntamientos y el Gobierno regional.