Hacienda reabre la inspección sobre los bienes de Oleguer Pujol
El juez Pedraz cree que la investigación sobre el benjamín aún está en una "fase muy temprana"
Hacienda va a mantener dos frentes abiertos sobre Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente de la Generalitat. El magistrado Santiago Pedraz, que investiga al benjamín por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha ordenado a la Agencia Tributaria que retome la inspección administrativa sobre Pujol. Esas actuaciones analizaban diversos ejercicios fiscales de Oleguer —IRPF, impuestos de patrimonio y bienes en el extranjero— pero se paralizaron en diciembre por la investigación judicial.
Fue el pro...
Hacienda va a mantener dos frentes abiertos sobre Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente de la Generalitat. El magistrado Santiago Pedraz, que investiga al benjamín por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha ordenado a la Agencia Tributaria que retome la inspección administrativa sobre Pujol. Esas actuaciones analizaban diversos ejercicios fiscales de Oleguer —IRPF, impuestos de patrimonio y bienes en el extranjero— pero se paralizaron en diciembre por la investigación judicial.
Fue el propio Oleguer —y su socio y también imputado Luis Iglesias— quien pidió que se retomara la inspección para no dilatar en el tiempo el cálculo de las posibles cuotas defraudadas. A las órdenes del juez trabajan ya dos funcionarios de la Agencia Tributaria. La Fiscalía se ha puesto a la reapertura de la inspección porque puede generar distorsiones. El juez, en cambio, cree que puede ayudar a impulsar la causa, que está en una “fase muy temprana”.
La Agencia Tributaria tendrá dos frentes abiertos, uno judicial y otro administrativo
La Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria detalló que, en su complementaria de IRPF de 2009, Oleguer declaró "una ganancia no justificada" por casi 750.000 euros. Al descubrirlo, la Administración inició la comproboación sobre bienes en el extranjero en 2012 y 2013. El pequeño de los Pujol se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para regularizar 3,2 millones de euros que poseía en paraísos fiscales.
Ante la investigación judicial, Hacienda decidió paralizar el procedimiento administrativo, una práctica habitual para evitar contradicciones a la hora de fijar las cuotas defraudadas, y también para evitar que el contribuyente acabe pagando dos sanciones (una penal y otra administrativa) por el mismo hecho. Los abogados de Oleguer presentaron un escrito para defender que la suspensión no era "obligada, ni necesaria ni conveniente" porque una modificación del Código Penal permite a Hacienda actuar "en paralelo". La modificación legal pretende "incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada" evitando que se paralice el proceso administrativo por el proceso penal.
En su auto, Pedraz argumenta que no hay posibilidad de que confluyan las dos investigaciones y que, en todo caso, la nueva regulación permite que continúe la investigación. "El procedimiento administrativo en modo alguno puede perjudicar a la causa, sino todo lo contrario", ya que se ha indicado a los inspectores que "informen periódicamente" de la evolución del expediente.
La investigación judicial se centra en una serie de operaciones inmobiliarias millonarias que Oleguer y su socio desarrollaron a través de la empresa Drago Capital.