La trama de los cursos falsos de formación recibió fondos europeos
La Comunidad de Madrid destinó dinero de Bruselas a las asociaciones que contrataron con el empresario José Luis Aneri
La supuesta estafa de los cursos de formación falsos llega hasta Bruselas. Parte del dinero que recibió la red de consultoras montadas por José Luis Aneri y su mentor Alfonso Tezanos provenía del Fondo Social Europeo (FSE), tal y como figura en documentación interna de la Comunidad de Madrid a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Esto puede suponer una vuelta de tuerca más en un caso que ha crecido con el paso de los meses y que cuenta ya con 13 imputados y más de 16 millones de euros presuntamente estafados. La Comisión Europea puede decidir suspender pagos si considera que se han producid...
La supuesta estafa de los cursos de formación falsos llega hasta Bruselas. Parte del dinero que recibió la red de consultoras montadas por José Luis Aneri y su mentor Alfonso Tezanos provenía del Fondo Social Europeo (FSE), tal y como figura en documentación interna de la Comunidad de Madrid a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Esto puede suponer una vuelta de tuerca más en un caso que ha crecido con el paso de los meses y que cuenta ya con 13 imputados y más de 16 millones de euros presuntamente estafados. La Comisión Europea puede decidir suspender pagos si considera que se han producido deficiencias
Hasta el momento, la cantidad presuntamente estafada por la trama supera los 16 millones de euros de dinero público, entre fondos gestionados por la Comunidad de Madrid (5,4 millones) y de procedencia estatal (11 millones). El conocido como caso Aneri está judicializado y bajo secreto de sumario. José Luis Aneri, uno de los presuntos cabecillas de la trama, es el único que permanece en prisión preventiva en Soto del Real desde el pasado 1 de marzo. Los empresarios Alfonso Tezanos y Víctor Porta, los hombres que contrataron a Aneri en 2007, que montaron con él la empresa Sinergia Empresarial y que han tenido cargos en la Cámara de Comercio, están en libertad con cargos.
La Consejería de Empleo, a la que este periódico preguntó hace tres meses si la presunta cantidad estafada incluía fondos europeos, no ha respondido hasta la fecha a esa pregunta, alegando que es el Estado el que reparte los fondos provenientes de las cuotas de trabajadores y de Bruselas.
Europa ha sido un botín recurrente para entidades que impartían cursos
Un portavoz del Ministerio de Empleo replicó por su parte que en los expedientes estatales investigados hasta la fecha no hay rastro de dinero europeo y que corresponde a la Comunidad de Madrid aclarar la procedencia de sus propios fondos.
Así queda reflejado en una de las notificaciones que la Consejería de Empleo envió a las asociaciones empresariales que recibieron las ayudas supuestamente defraudadas. El logotipo con la bandera europea figuraba además en la documentación que las asociaciones debían presentar, en los folletos con los que se publicitaban los cursos de formación y en documentos gestionados también por las empresas de la trama.
El documento de revocación parcial de las ayudas, firmado por el jefe de área de Formación Continua, Vicente Ferreras, señala que se efectuará una nueva liquidación con “el importe justificado objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo” correspondiente al programa Adaptabilidad y Empleo.
Empleo tampoco ha aclarado la cantidad procedente de Europa, si bien en las convocatorias de ayudas elaboradas hasta 2010 se establecía que “hasta el 50%” del dinero se puede sufragar con fondos de Bruselas. A partir de 2011 no se emplearon estos fondos para la formación ni en la Comunidad ni en el Estado porque se priorizaron otro tipo de programas.
El reglamento del Fondo Social Europeo establece que la Comisión puede suspender total o parcialmente las ayudas si hay deficiencias graves en “el sistema de gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos”. Es decir, podría suspender todos los pagos de formación que incluyen a distintas comunidades autónomas y al Estado. Las irregularidades pueden comprometer todos los fondos.
Los fondos europeos han sido durante décadas un recurrente botín para muchas organizaciones dedicadas a los cursos de formación. El caso Forcem, en toda España, el caso Pallerols, en Cataluña o el caso Imefe, en Madrid, son algunos ejemplos de estafas relacionadas con los cursos de formación en los que había subvenciones europeas.
La conversación con Aneri
No se conocen muchos detalles sobre cómo avanza la instrucción de Leticia García Clérigo, la juez sustituta del juzgado número 9 de instrucción. La policía ha hecho registros en las últimas semanas en la sede de Fedecam, organización dedicada a la formación y presidida por Alfonso Tezanos.
Se sabe que algunas de las organizaciones empresariales supuestamente afectadas se han personado en la causa. Esto representa una paradoja. Por un lado, las asociaciones fueron las que recibieron el dinero de las subvenciones destinadas a los cursos y por tanto, según la ley, son responsables de lo que se hizo con esas cantidades millonarias.
Al mismo tiempo, las organizaciones aseguran que no se han quedado con nada de esas ayudas. Se consideran engañadas y ese es el motivo por el que algunas se han personado. Existen indicios de que algunas de ellas recibieron mordidas de José Luis Aneri, el único implicado que continúa en prisión.
En una conversación telefónica en diciembre de 2013, Aneri señaló a este diario como parte de la trama a algunas asociaciones de la patronal CEIM, aunque no las nombró. Explicó que entre las entidades había otras más pequeñas con las que también contactó para que no todas fueran de la patronal madrileña.
Archivado En
- Caso Aneri
- Alfonso Tezanos
- Fondo Social Europeo
- Fraudes
- Ayudas públicas
- Estafas
- Cursos formación
- José Luis Aneri
- Gobierno Comunidad Madrid
- Subvenciones
- Malversación fondos
- Medidas fomento empleo
- Delitos económicos
- Política económica
- Comunidad de Madrid
- Casos judiciales
- España
- Administración autonómica
- Política laboral
- Economía
- Delitos
- Europa
- Trabajo
- Administración pública
- Justicia