La Junta emplaza a las eléctricas a que no corten la luz este invierno
El vicepresidente andaluz pide a las empresas “una acción de buena voluntad”
El Gobierno andaluz va a pedir una moratoria de tres meses para evitar los cortes del suministro de luz y agua durante este invierno a las personas con menos recursos. Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, enviará la próxima semana un escrito a los Ayuntamientos —que tienen las competencias del abastecimiento de agua— y a las compañías eléctricas en el que les solicitará que adopten esta medida.
Esta tregua energética sería "una acción de buena voluntad", ha indicado este...
El Gobierno andaluz va a pedir una moratoria de tres meses para evitar los cortes del suministro de luz y agua durante este invierno a las personas con menos recursos. Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, enviará la próxima semana un escrito a los Ayuntamientos —que tienen las competencias del abastecimiento de agua— y a las compañías eléctricas en el que les solicitará que adopten esta medida.
Esta tregua energética sería "una acción de buena voluntad", ha indicado este viernes Valderas. Porque, en todo caso, lo que plantea la Junta es una medida voluntaria para no dejar desatendidas a las personas con menos recursos. La moratoria propuesta sería para los meses de diciembre, enero y febrero, indica Valderas. En algunos estados europeos —como Reino Unido y Francia— ya existen iniciativas de este tipo para evitar los cortes de gas o electricidad en los meses más fríos del año.
El vicepresidente andaluz pide la "colaboración" de las compañías mientras se tramita la norma que aspira a garantizar en Andalucía un mínimo de luz y agua para las personas en situación más extrema, unas 50.000 según los primeros cálculos del departamento de Valderas. El vicepresidente, que en un principio había previsto que esa medida pudiera estar lista entre febrero y marzo de 2014, sostiene que el objetivo ahora es que se apruebe antes de junio del próximo año. Iberdrola y Endesa han rechazado opinar sobre la petición de moratoria para este invierno porque, entre otras cosas, el departamento de Valderas no les ha enviado todavía el escrito con esa solicitud.
Valderas ya se ha reunido con estas dos empresas eléctricas, pero ha sido una primera toma de contacto para analizar la norma que aspira a garantizar el "mínimo vital" de agua y luz. Fuentes de estas compañías indican que en ese encuentro no se planteó la posibilidad de aplicar una moratoria este invierno.
Respecto al mínimo vital, Valderas no aclara si finalmente se optará por aprobar primero un decreto o por tramitar las medidas a través de una ley en el Parlamento regional. Su departamento ya dispone de un borrador de decreto, que fue presentado la semana pasada en el Consejo de Gobierno de la Junta. Pero el anuncio de esta medida ha causado algunos roces entre PSOE e IU, socios en la Junta. Hasta el punto de que Miguel Ángel Vázquez (PSOE), portavoz del Gobierno autónomo, enfrió hace diez días la propuesta al asegurar que "no hay fechas" para su aprobación.
Garantizar un mínimo de luz y agua no estaba incluido en el pacto que firmaron PSOE e IU para gobernar en Andalucía. Tampoco está contemplado en los Presupuestos que se están tramitando en el Parlamento regional el coste de esta medida, que rondaría los 20 millones, según las primeras estimaciones.
Pero la conciencia respecto del problema de la denominada pobreza energética está creciendo, también entre los partidos políticos. El PSOE federal incluyó una iniciativa en su reciente Conferencia Política en la que se apuesta por garantizar "un mínimo de cobertura de subsistencia” de luz y gas “entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo". También se plantea impedir la suspensión del suministro de agua "cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales". IU, por su parte, ha solicitado en el Congreso de los Diputados una "tregua invernal".
La moratoria que solicita Valderas se parece bastante a la que reclamó la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes (IU), este verano a los bancos. Se reunió en julio con los representantes de 11 entidades financieras para pedirles para que paralizaran los desahucios mientras el Tribunal Constitucional resolvía el recurso impuesto por el Gobierno contra el decreto que impide los lanzamientos de las personas en riesgo de exclusión. "No hemos tenido respuesta", ha asegurado este viernes la Consejería de Fomento. Aunque es cierto que, posteriormente, el Parlamento ha aprobado una ley que permite también evitar los desahucios y que hace innecesaria la moratoria.