El alpendre de un millón de euros
El Ayuntamiento de Porqueira recibió subvenciones públicas para construir un “centro de mayores” que utiliza como aparcamiento de desbrozadoras
En el centro del municipio ourensano de Porqueira, al lado del campo de fútbol y del velatorio, luce un alpendre con una estructura de hierro que lo sobrevuela. El Ayuntamiento que dirige la popular Susana Vázquez Dorado —la primera político declarada tránsfuga en España: se pasó del PSOE al baltarismo, que le ofreció a cambio la alcaldía— se gastó en esta obra más de 350.000 euros destinados a “construcción de edificio para vivienda comunitaria”. La infraestructura que iba a convertirse en centro de día residencial de mayores se ejecutó en 2009 con la subvención de los 201.000 euros del Plan ...
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En el centro del municipio ourensano de Porqueira, al lado del campo de fútbol y del velatorio, luce un alpendre con una estructura de hierro que lo sobrevuela. El Ayuntamiento que dirige la popular Susana Vázquez Dorado —la primera político declarada tránsfuga en España: se pasó del PSOE al baltarismo, que le ofreció a cambio la alcaldía— se gastó en esta obra más de 350.000 euros destinados a “construcción de edificio para vivienda comunitaria”. La infraestructura que iba a convertirse en centro de día residencial de mayores se ejecutó en 2009 con la subvención de los 201.000 euros del Plan E que le correspondieron al ayuntamiento por su número de habitantes. No le llegó el dinero, así que Vázquez Dorado recurrió a Baltar. Le pidió 150.000 euros que la Diputación entregó.
Sin equipar ni poner en funcionamiento la construcción realizada con la primera partida (una planta baja de unos 150 metros cuadrados), la alcaldesa denominó a esta nueva intervención “Obra de construcción de la primera fase del centro de día residencial en Porqueira”. Pero solo instaló una estructura metálica. Cuatro años después, engullidos los más de 350.000 euros, se utiliza como aparcamiento de las desbrozadoras municipales “que apenas salen por falta de gasóleo”. Los ancianos se quedan en casa. La alcaldesa ha sido recompensada por el segundo de los Baltar con un puesto en la nueva ejecutiva del PP de Galicia que encabeza Feijóo.
El exsenador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza —estaba llamado a ser alcalde de Porqueira en 2007 con el respaldo del PSOE previo pacto que Vázquez Dorado rompió para entregar el Ayuntamiento al PP— sostiene que está pendiente una inversión de 652.000 euros más. El alpendre que da cobijo a las desbrozadoras alcanzará así en torno al millón de euros de inversión. Esta última subvención procede de un plan firmado entre Estado y Xunta para ejecutar entre 2012 y 2016 y destinado a “inversiones en zonas desfavorecidas”.
Si se cumplen las previsiones esta nueva partida se destinará a la segunda fase del centro residencial: el galpón que sirve de aparcamiento a las desbrozadoras. Pero ni siquiera así se acabará la obra. “Después de gastar ese dinero aún le quedaría pendiente el equipamiento y la contratación de personal”, enumera el coordinador de Compromiso por Galicia en Ourense las actuaciones aún pendientes. Siguiendo este ritmo, Bouza calcula que el centro de mayores podrá ponerse en marcha “en el mejor de los casos, cuando ya no haya ancianos en Porqueira”, considerando que en los últimos ocho años el municipio perdió más de 200 habitantes. Porqueira es uno de los municipios gallegos de población más envejecida: más del 60% de sus 1.000 habitantes supera los 65 años.
El caso de Porqueira, con todas las peculiaridades de gestión, es la punta de un iceberg sobre la ausencia de funcionamiento de un buen número de centros de mayores que dejó en su mayor parte construidos o en ejecución hace cuatro años el bipartito y que no se han puesto en marcha todavía. De la misma forma que en este municipio de de A Limia, durante en estos años de gobierno del PP en la Xunta no se ha construido ningún nuevo centro en la provincia de Ourense, pese a que la Consellería de Benestar sigue presentando plazas casi a diario.
Antes de 2009 quedaron realizados los centros de Vilar de Barrio, con 25 plazas (ahora está gestionado por una entidad privada); el de Allariz (se adjudicaron más tarde las viviendas comunitarias, aunque están cerradas) y las 20 plazas de centro de día y cinco residenciales de Vilar de Santos.
El centro de día para enfermos de alzheimer de Ourense, dotado con 30 plazas, está en funcionamiento y gestionado por Geriatros, SL, el fondo de inversiones hispano-luso cofundado por el exbanquero Ángel Corcóstegui que compró por 45 millones de euros la empresa en 2012 a Novagalicia Banco. También en la ciudad, está en funcionamiento, gestionada igualmente por Geriatros, la residencia de mayores de Barrocás, con 150 plazas.
La empresa de Saludges Servicios Sociosanitarios, de la que es titular el exgerente del Sergas en Ourense, José Troncoso, se ha hecho con la gestión de las viviendas comunitarias de Allariz con centro de día, pero todavía no ha abierto. La Xunta también ha adjudicado a Saludges los centros de Manzaneda y A Rúa, que tampoco se han puesto en funcionamiento. El de O Pereiro, con 40 plazas, se abrió hace unos meses tras largos años de ejecución.
La lista de los centros de día iniciados en 2009 y que todavía no se han puesto en marcha incluye a Carballiño, Montederramo, Chandrexa, Esgos, A Mezquita, A Gudiña, Quintela de Leirado y Vilariño de Conso.
El caso de O Carballiño es punto y aparte. La ampliación de la residencia de mayores, finalizada en 2010, supuso una inversión de 6,5 millones de euros pero tampoco se ha abierto. Los 98 empleados llevan desde entonces reclamando la apertura y los sindicatos se han hartado de denunciar que “las excusas de Benestar”, relativas a la necesidad de contratación de mobiliario y formalización de los contratos son “poco creíbles”.
Todos coinciden en que, paradójicamente, la ampliación de la residencia supondrá la reducción de los usuarios a la mitad (de 48 a 24) con respecto a los que atendía aunque ahora tenga capacidad para 84 residentes. Se trata de entregarla a “empresas privadas afines al PP”, sostiene Bouza sumándose a las denuncias de PSdeG y BNG. La consellería de Traballo e Benestar eludió ofrecer la valoración y datos de estas actuaciones que le fueron requeridos por este diario.
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