Escándalo en Argentina por la fiesta que organizó un represor condenado por delitos de lesa humanidad
La fiscalía investiga una celebración con al menos 60 invitados y música en vivo hecha por el militar, quien cumple prisión domiciliaria por crímenes cometidos en la última dictadura
El hombre, abrazado al músico, canta la canción que anima la fiesta: “La felicidad, ja, ja, ja, ja / me la dio tu amor jo, jo, jo, jo”. La esposa del hombre también abraza al músico sobre el escenario. Los tres se divierten. Celebran las bodas de oro, 50 años de matrimonio, de Jorge Olivera y Marta Ravasi. Él, aunque no parezca, está condenado a cadena perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, entre 1976 y 1983. Los invitados los aplauden....
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El hombre, abrazado al músico, canta la canción que anima la fiesta: “La felicidad, ja, ja, ja, ja / me la dio tu amor jo, jo, jo, jo”. La esposa del hombre también abraza al músico sobre el escenario. Los tres se divierten. Celebran las bodas de oro, 50 años de matrimonio, de Jorge Olivera y Marta Ravasi. Él, aunque no parezca, está condenado a cadena perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, entre 1976 y 1983. Los invitados los aplauden.
Las imágenes de la fiesta se conocieron esta semana en Argentina. Los medios nacionales se hicieron eco de la noticia cuando los videos y fotografías empezaron a circular en redes sociales. Escenas en las que se ve al represor, de 73 años, rodeado de sus familiares y amistades, bailando, bebiendo, cantando: “La felicidad, ja, ja, ja, ja / me la dio tu amor jo, jo, jo, jo / hoy hace cantar ah, ah, ah, ah / a mi corazón oh, oh, oh, oh”.
La fiscalía investiga ahora las circunstancias en que se realizó el festejo por el aniversario de matrimonio de Olivera y su esposa. Los fiscales intentan determinar dónde se realizó la celebración y si hubo alguna irregularidad. En caso de que se verifique que la celebración no se hizo en el domicilio donde el represor cumple su condena, en la periferia norte de Buenos Aires, el ministerio público requiere que se disponga “la inmediata revocación de la prisión domiciliaria”.
Pero incluso si la fiesta se hizo en la casa del represor los fiscales creen que la celebración “desnaturaliza el alcance y sentido de la pena” que recibió en 2013 y “genera conmoción social”. “Particularmente cuando se está frente a una persona múltiplemente condenada a prisión perpetua por gravísimos crímenes calificados como delitos de lesa humanidad”, consideraron los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado.
Jorge Olivera fue detenido en 2000 en Italia por el secuestro y la tortura de Marie Anne Erize, una modelo argentina de padres franceses que fue portada de revistas hasta que se volcó al trabajo en barrios populares. Ella pertenecía a la Juventud Peronista y su pareja, a la guerrilla Montoneros. Después de que él fue secuestrado ella escapó a la provincia de San Juan, en el oeste argentino. En octubre de 1976, Erize fue secuestrada y enviada a un centro clandestino de detención y tortura. Hasta hoy permanece desaparecida. Testigos de lo ocurrido han asegurado que Olivera se jactaba de violarla.
Ese fue una de las detenciones más conocidas en las que estuvo involucrado el exmilitar, que recibió el mote de “el carnicero de San Juan”. Mayor retirado del Ejército y abogado, Olivera fue condenado en 2013 por ese y más de 200 casos a cadena perpetua tras ser juzgado por delitos de privación ilegítima de la libertad abusiva agravado por uso de violencia, imposición de tormentos con resultados de muerte, tormentos por perseguidos políticos y homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.
El mismo año que fue condenado se escapó de prisión: había pedido el traslado al Hospital Militar Central en de Buenos Aires para hacerse controles médicos y huyó. Estuvo prófugo cuatro años hasta que la policía lo encontró escondido en el maletero de un coche. Volvió a la cárcel y finalmente la justicia le concedió la prisión domiciliaria, una decisión repudiada por los organismos de derechos humanos.
Cuando el pasado fin de semana celebró bodas de oro con su esposa, el hombre festejó en el patio a cielo abierto con un show de Ramón Palito Ortega. Sus hijos le dedicaron también una canción y uno de los cinco pronunció un discurso. Javier, cura, dijo sentirse orgulloso de que su padre hubiese defendido la patria en los setenta, según reconstruyó el periódico Página/12, que asegura que hubo al menos 60 invitados a la fiesta. En redes sociales, el hijo reiteró sus felicitaciones: “50 años, cinco hijos varones y una vida entregada a Cristo, la Patria y la familia”.
“Los genocidas están de fiesta”
La fiesta ha causado indignación en las organizaciones que reclaman Memoria, Verdad y Justicia por los desaparecidos de la última dictadura argentina, la más sanguinaria de la historia del país sudamericano. “Con el Gobierno de [Javier] Milei y [Victoria] Villarruel los genocidas están de fiesta”, dice un mensaje compartido en redes por la asociación H.I.J.O.S, que agrupa a familiares de personas desaparecidas.
Los organismos de derechos humanos han criticado la cercanía del nuevo Gobierno con los represores y han rechazado la postura negacionista que tanto el presidente, Javier Milei, como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mantienen respecto del terrorismo de Estado de la dictadura. Villarruel, hija, nieta y sobrina de militares, también ha reivindicado a las víctimas de los ataques realizados por las guerrillas en los años setenta desde el Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas y ha cuestionado los procesos contra los represores.
En diciembre, los esposas, hermanas y madres de condenados por delitos de lesa humanidad presionaron al Gobierno para que cumpla su promesa de campaña. “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy (…)?”, dice una carta pública firmada, entre otros, por Cecilia Pando, que apoyó en las elecciones al partido de Milei, La Libertad Avanza, y estuvo presente en la celebración de Olivera.
Lo que los familiares de represores llaman “terrorismo judicial” en realidad fueron procesos que se iniciaron en democracia para juzgar a las Juntas militares que comandaron la dictadura y que, según determinó la justicia, llevaron adelante un plan sistemático de detención, tortura y exterminio. Con avances y retrocesos, los juicios contra los militares fueron parte de una política de Estado pionera. Más de 1.200 personas han sido condenadas por delitos de lesa humanidad desde entonces.
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