Fútbol y política
Los chilenos recibieron la noticia de la exclusión del Mundial 2030 como un balde de agua fría y Boric tiene poco margen para seguir asumiendo malas noticias
Un llamado telefónico condensó la dimensión política de todo el proceso. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a su colega argentino, Alberto Fernández, para preguntarle por qué su país no había sido elegido como sede del campeonato Mundial de fútbol de 2030. Fernández contestó con una formalidad: no era un tema de su competencia. Pero el reclamo sugería que se había dejado de honrar algún compromiso. Una vez más se ponía de manifiesto el cruce entre fútbol y poder.
El miércoles pasado la FIFA anunció que la copa de 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, celebrará partidos honoríficos también en Uruguay, Argentina y Paraguay. La excusa es que se conmemora el centenario de la realización del primer mundial, en Montevideo.
Los chilenos recibieron la noticia de la exclusión como un balde de agua fría. Venían preparándose para tener un protagonismo del que disfrutaron por última vez en 1962. La expectativa tenía derivaciones administrativas que ahora son motivo de discusión: el presupuesto nacional venía asignando recursos al campeonato desde 2020. La última partida, de 950.000 dólares, fue para inscribir a Chile como una de las localidades del campeonato.
Boric tiene poco margen para seguir asumiendo malas noticias. La economía muestra números mediocres. Estallan escándalos de corrupción que en Chile son estridentes, aunque, comparados con los de algunos vecinos, parecen pecados veniales. Y el proceso de reforma constitucional tiene un curso absurdo: comenzó como una exigencia de la izquierda pero, después de la elección de 50 consejeros constitucionales de mayo pasado, en la redacción del nuevo texto quedó a cargo de la derecha. Quiere decir que el Gobierno del izquierdista Boric deberá aceptar una Constitución desagradable para reemplazar a la actual, más desagradable todavía, por ser la que el país heredó de la dictadura de Augusto Pinochet. La semana pasada la Comisión Experta para redactar la nueva carta magna recibió el texto aprobado por el comité de 50 consejeros elegidos en mayo. En diciembre habrá otra consulta. Los partidos políticos tradicionales comenzaron a ensayar en conjunto alguna jugada para evitar que la nueva constitución vuelva a ser rechazada por la ciudadanía.
Para Boric anunciar que Chile sería una de las sedes del mundial hubiera sido un bálsamo. Pero los países elegidos tenían argumentos para merecer la designación. Uruguay, más que ninguno. En 2030 se celebrarán los 100 años del primer Mundial de fútbol, jugado en Montevideo. Los uruguayos habían ganado dos competencias que eran la prefiguración de una copa internacional organizada por la FIFA: los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Argentina también alegó algún derecho: haber ganado la copa de 2023. Los chilenos pretendían ocupar el lugar de Paraguay. Pero este país es la sede de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, una figura ligada al fútbol por poderosos lazos familiares. Más allá de la influencia, siempre discreta, que tiene en las instituciones de este deporte el controvertido expresidente Horacio Cartes, padrino político de Domínguez.
Incorporar a Chile hubiera sido difícil, a pesar de que el país había sido invitado a postularse. Hay que tener en cuenta que habrá otras tres sedes. Dos europeas, España y Portugal, y una africana, Marruecos, que fue seleccionado también como un gesto amigable hacia el mundo árabe. Hay que entender que estos movimientos tienen también un significado geopolítico. Los mundiales comenzaron a jugarse desde hace algunos años en países emergentes: Sudáfrica, Rusia, Qatar. En una simplificación deformante, se podría decir que pasaron del G-7 a los Brics.
La novedad será 2026, cuando se juegue en Norteamérica. El Mundial del viejo NAFTA. Es la revancha de Barack Obama y de Bill Clinton, humillados en 2010, cuando Estados Unidos perdió la pulseada con Rusia y con Qatar. La respuesta fue el estallido de un escándalo de corrupción que casi termina con la FIFA.
Los mundiales que están por venir tienen otra peculiaridad. Ya no se realizan en una sola sede. Se adopta la fórmula de la copa de 2002, que se jugó en Japón y Corea. La receta ahora es mucho más desafiante. Para los seleccionados será muy compleja la logística. Sobre todo, en el de 2030. Por ejemplo, cabe que un equipo deba jugar un partido en Europa y, a los cinco días, mudarse a otro continente. ¿Cómo harán los simpatizantes para seguir ese derrotero? Todavía es un misterio. También es un problema para la cobertura periodística de todo el campeonato.
El nuevo sistema impone otros inconvenientes. Como los países que son sedes están clasificados de antemano, habrá muchos menos equipos en las etapas clasificatorias. Al mismo tiempo, en 2026 la competencia se amplía por primera vez a 48 equipos. Una estratagema de Gianni Infantino para consolidar su poder.
Estas dificultades derivan de un problema político: ya no hay tolerancia para que un país gaste un dineral en organizar la fiesta. Es mentira que el negocio que se genera con los partidos compensa el déficit que se origina para las cuentas del Estado. Ahora hay que compartir los gastos. Un homenaje a la restricción presupuestaria. Porque antes que simpatizantes, los seguidores del fútbol, son contribuyentes
