La democracia de América Latina, en la voz de cinco mujeres con poder

Este viernes se conmemora el Día de la Democracia y cinco mujeres que han conquistado roles de poder en la política y la justicia en Argentina, Brasil, Colombia y México responden a Lideresas de Latinoamérica sobre cómo protegerla y los desafíos que enfrentan como mujeres. Las preguntas fueron las mismas para todas, alrededor de la crisis de la democracia y de cuál es la que se puede construir.

¿Cómo definiría el estado de la democracia en su país y cuál es el principal desafío que enfrentan las mujeres?

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México. La democracia y la igualdad se viven día a día. Es en este sentido donde se presentan desafíos particulares para las mujeres. Cuando pensamos en el patriarcado, podemos encontrar una similitud con los ataques a la democracia que sufre nuestra región: ambos han sabido adaptarse a los cambios sociales para preservar el poder en manos de unos cuantos. Desgraciadamente, la perpetuación de la desigualdad se ha podido instalar sin mayores cuestionamientos en nuestra cotidianidad.

Un Estado donde las mujeres siguen viviendo con miedo, enfrentando cada día violencias que ponen en riesgo o acaban con sus vidas; donde siguen recayendo sobre ellas roles y estereotipos que invisibilizan el papel fundamental de su participación en la vida diaria, como ocurre con los cuidados, sin los cuales no existiría la sociedad y que realizan primordialmente las mujeres. Un Estado en el que el piso no es parejo para las mujeres, pues cada paso y conquista hacia la igualdad nos cuesta desproporcionada o innecesariamente. Un Estado así no puede presentarse o creerse democrático.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia en México ha resuelto que, para garantizar un acceso efectivo de las mujeres, las niñas y las adolescentes a la justicia, debe siempre juzgarse desde una perspectiva de género, es decir, partiendo de reconocer los impactos diferenciados en cada caso que puede estar viviendo una mujer, por el hecho de serlo. La justicia sin perspectiva de género no puede llamarse justicia. La democracia, cuando persisten la desigualdad y la violencia por razones de género, no puede llamarse democracia. La violencia contra las mujeres y la desigualdad por razones de género son antónimos de un Estado democrático y de Derecho. Así sin más.

Carolina Giraldo, congresista de Colombia y presidenta para la Comisión de la Equidad de la Mujer. Debemos construir una democracia más igualitaria. Más mujeres significa más democracia, porque hacemos énfasis en una agenda de oportunidades, salud pública, cuidado ambiental, no discriminación. Si bien el número de mujeres en política y personas diversas ha aumentado, aún vemos una brecha importante en los cargos de decisión, tradicionalmente liderados por hombres. Una democracia con mayor equidad permitiría una transformación social y un cambio en materia de políticas públicas.

Es muy importante que, una vez que llegamos a estos espacios, la participación sea sustantiva y no una simulación en la que se pretendan seguir anulando nuestras voces. Esto implica hacer frente a una de las raíces más fuertes y falsas del sistema patriarcal: que los hombres —y solo cierto tipo de hombres— son los únicos que pueden tomar decisiones y ocupar el espacio público.

Para las mujeres persiste el desafío de las violencias basadas en género. Las cifras de feminicidios y violencia sexual son alarmantes. Otro desafío para las mujeres y personas LGBTIQ+, particularmente para quienes participan en política, es dejar de ser consideradas una cuota de género y exigir el desarrollo de estrategias que promuevan la participación política y la incursión en la vida pública de las mujeres y personas LGBTIQ+. En Colombia existe una “cuota de género” en corporaciones públicas del 30%. El país ha avanzado hacia la paridad en espacios como las juntas directivas, pero aún no se alcanza la paridad en la construcción de listas de corporaciones públicas.

Patricia Mercado, senadora de México por el Movimiento Ciudadano y excandidata a la Presidencia de su país en 2006. El mayor pendiente que enfrentan las democracias de Latinoamérica es la profunda desigualdad. Este desencanto de millones de personas es aprovechado por ciertos liderazgos para atacar y desmontar las instituciones democráticas. Por eso tendríamos que poner la prioridad de construir Estados de bienestar que garanticen la igualdad de oportunidades prometida.

La democracia no termina de consolidarse en México. Los gobiernos divididos han sido una experiencia positiva para generar acuerdos en la diferencia. Por ejemplo, las reformas político-electorales se adoptaron por consensos generales en los últimos 27 años, al menos. En estos momentos, hay una pausa en este proceso de consolidación democrática, pues abundan las acciones contra la división de poderes, contra los órganos autónomos y contra la separación entre la función pública y la vida partidista.

Erika Hilton, legisladora transexual brasileña. Es una de las dos primeras en la historia de su país. Brasil ha atravesado una crisis democrática importante y desafiante en los últimos cuatro años, con numerosos intentos de romper con el Estado democrático de derecho, en particular el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

Ahora hemos logrado, con la elección del presidente Lula, detener el proceso de deterioro democrático que estaba en marcha con Jair Bolsonaro, pero cambiar este rumbo después de tantos ataques y propaganda ideológica antidemocrática es un largo camino por recorrer.

Para las mayorías sociales minoritarias, como mujeres, LGBTQI+, negros, indígenas, la batalla es aún más ardua, ya que la democracia nunca llegó plenamente para estas poblaciones, víctimas de la violencia, los prejuicios y la ausencia de políticas públicas. Creo que nuestros desafíos son precisamente romper este ciclo histórico de marginación obligatoria, falta de derechos básicos y lograr la realización de nuestra ciudadanía. Incrementar nuestra representación política es fundamental, pero la organización de base será la clave para dar la lucha en la opinión pública en defensa de nuestros derechos.

Silvia Lospennato, diputada nacional de Argentina por el interbloque Juntos por el Cambio. En la Argentina estamos cumpliendo 40 años de democracia en los próximos meses, un largo periodo de estabilidad política y respeto irrestricto de los derechos humanos. Una estabilidad política que no fue acompañada del mismo nivel de estabilidad económica porque en estos 40 años hemos atravesado grandes crisis económicas con sus consecuencias sociales que han deteriorado la calidad de vida de millones de argentinos. Sin embargo, aun en los momentos más críticos, las instituciones democráticas fueron centrales para procesar las crisis en el marco de la Constitución Nacional.

También en estos años hubo enormes avances en materia de reconocimiento de derechos para las mujeres y las diversidades, que son fruto de ese pacto democrático. Muchos de esos derechos se garantizaron a través de leyes que tuvieron no solo un amplio consenso al momento de su sanción, sino que fueron también acompañados de políticas públicas para asegurar el acceso a esos derechos. En la actualidad, la crisis económica y social por la que atraviesa la Argentina aumentó los niveles de insatisfacción con la democracia. Eso es lo que reflejan las encuestas, sobre todo entre los jóvenes, y por supuesto que nos genera preocupación. Sin embargo, soy optimista respecto a la resiliencia de nuestro pacto democrático para persistir en la defensa de todos los derechos conquistados en estos años.

¿Qué hace falta para mejorar la representación y la participación de las mujeres y personas LGBTIQ+ en espacios de poder?

Norma Piña. Una de las conquistas más representativas del movimiento de las mujeres y personas LGBTIQ+ es la de ocupar posiciones de poder. El camino ha sido largo, pero los resultados generales han sido buenos. En México se ha ido construyendo la paridad desde 1997 y no fue sino hasta 2019 que, a nivel constitucional, conseguimos la llamada “paridad en todo”. Por su parte, hasta las elecciones de 2021, los partidos políticos tuvieron que garantizar candidaturas de personas LGBTIQ+, entre otros grupos históricamente discriminados, como personas indígenas, afrodescendientes y con discapacidad.

Sin embargo, la realidad social todavía no logra nivelarse con lo que marcan las leyes. Si bien cada vez existen más mujeres y personas LGBTIQ+ en posiciones de poder, el avance ha sido lento y requiere de mucha voluntad política, ciudadana y consciencia para que se vuelva una realidad. Podemos ver paridad en el Congreso e incluso espacios importantes ocupados por mujeres, como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores —Ministerios del Interior y Exterior, respectivamente—, pero la transversalidad en todos los espacios sigue percibiéndose lejana.

Veamos el caso de la propia Suprema Corte de México. En casi 200 años de su existencia, solo 14 mujeres hemos sido ministras, y no fue hasta 2023 cuando este Máximo Tribunal tuvo a su primera presidenta mujer. Esto, por supuesto, no fue repentino. Yo fui jueza y luego magistrada. Y en el 2015, casi 20 años después de iniciar mi carrera judicial, resulté electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una terna que se decidió debía estar integrada exclusivamente por mujeres. Hoy contamos con la mayor presencia de mujeres en la Corte en toda su historia: 4 de sus 11 integrantes. Pero nos falta mucho camino para lograr la paridad.

Carolina Giraldo. En el caso de las personas diversas, las elecciones legislativas de marzo de 2022 marcaron un hito crucial para la historia de la participación política de las personas LGBTI+ en Colombia. Actualmente, en el Congreso de la República somos siete los congresistas abiertamente diversos. Este es un hecho histórico en un país donde la discriminación aún es evidente y cobra vidas, y en una institución en la que tradicionalmente se han evitado los debates sobre los derechos de la población LGBTI+.

Necesitamos que el sistema educativo responda a las demandas de paridad de género. Si bien las cuotas de género han sido una estrategia que ha tenido como objetivo aumentar la representación de las mujeres en política, por sí sola no es suficiente. Los Estados deben sumar espacios de discusión y reconocimiento de la diversidad para eliminar prácticas que generen discriminación y que impiden a mujeres y personas diversas acceder a cargos de incidencia.

Los partidos políticos y el Estado deben fomentar muchas más escuelas de participación y formación política para las mujeres, así como garantizar que las campañas políticas sean financiadas con una perspectiva de equidad de género.

Patricia Mercado. A pesar de que hemos logrado instituir la paridad, que apunta hacia la participación igualitaria entre mujeres y hombres, aún persiste la discriminación. Las reglas de promoción y ascenso en el interior de los partidos son claras. Las mujeres que entran a la política frecuentemente no tienen las redes de contactos y alianzas que sí tienen los hombres, y además enfrentan situaciones de violencia por razones de género que impiden su desarrollo político.

Es necesario establecer que el Estado sea responsable de los cuidados de las personas dependientes. Mientras, no lograremos niveles igualitarios y equitativos de inserción laboral y participación política. Para las personas LGBTIQ+, ha habido avances en los lineamientos del instituto electoral para acciones afirmativas en candidaturas. Esto debe continuar y ponerse en rango de ley.

Erika Hilton. Varios factores, pero un buen comienzo es que los partidos políticos inviertan realmente en estas candidaturas con apoyo financiero, legal, político, visibilidad, y no solo utilicen a mujeres, personas negras, indígenas y LGBTQI+ como tokens, en una fachada representativa y diversa, cuando el poder político sigue concentrado en manos de hombres blancos ricos, herederos de décadas de dominio político en todo el mundo.

Silvia Lospennato. Nosotros tenemos garantizados los derechos formales y, en el caso de las mujeres, una ley de paridad que asegura una participación igualitaria en los cargos públicos electivos y en el interior de los partidos políticos. También tenemos cuotas del financiamiento de los partidos políticos que deben ser aplicadas a las mujeres. Sin embargo, el aumento en la participación de las mujeres en los cargos parlamentarios no tiene el mismo correlato en los cargos ejecutivos donde gobernadoras e intendentas siguen siendo casi una excepcionalidad.

Lo mismo sucede con otros espacios de poder, como el acceso a los directorios de las empresas públicas o a los altos cargos en el poder judicial. De hecho, en la Argentina tenemos una Corte Suprema de Justicia sin ninguna mujer. Esto demuestra que los sistemas de cuotas siguen siendo una herramienta necesaria al menos en el corto plazo para garantizar la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Pero el poder no solo se ejerce desde el ámbito público; también hay que seguir luchando para romper los techos de cristal en el mercado laboral, acompañando con políticas públicas y también de un cambio cultural en el sector privado para seguir las trayectorias de las mujeres. En la Argentina necesitamos un sistema integral de cuidados que permitan conciliar la vida familiar con la laboral y modificar el sistema de licencias para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado, entre muchas otras acciones que son indispensables para una igualdad de derechos no solo formal sino realmente sustantiva.