Maduro cambia a sus altos cargos de inteligencia acusados de violaciones a los derechos humanos

Los dos generales que llevaban una década a cargo de los servicios de inteligencia en Venezuela, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, fueron removidos por el presidente Nicolás Maduro. Iván Hernández Dala, quien estaba al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia de Honor Presidencial fue sustituido por el mayor general Javier Marcano Tábata, y Gustavo González López, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia cedió el puesto al mayor general Alexis Rodríguez Cabello. En los movimientos de los altos mando militares ha ratificado a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por segunda vez desde las elecciones del pasado 28 de julio.

“Ordené hacer cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo Maduro en un mensaje en Telegram que acompañó con un video durante una visita a la Academia Militar donde informó de los nombramientos. “Estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina, y la capacidad de Venezuela para defenderse”.

Los jefes de inteligencia que fueron removidos han sido señalados en los informes de la Misión de Determinación de Hechos que Naciones Unidas mantiene en Venezuela hace cinco años como parte del aparato represivo del Gobierno en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes contra opositores detenidos. Ambos tienen sanciones de Estados Unidos. González desde 2015 e Iván Rafael Hernández Dala desde 2019. Venezuela está en la mira de los organismos internacionales por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la represión de protestas antigubernamentales y la persecución de la dirigencia opositora.

Padrino López ha estado al frente del ministerio de Defensa desde 2014 y ha jurado “lealtad” a Maduro. Es de los funcionarios más longevos en el chavismo. Estos ajustes ocurren en medio de los reiterados hechos por la oposición a la Fuerza Armada para que se “respeten” los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tras las que el líder chavista fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude.

Hace unas semanas, Maduro remodeló su gabinete e incorporó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, del ala más radical del chavismo que ha comandado por años el Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora como ministro de Interior y Justicia, desde donde coordina los cuerpos policiales. Con los nuevos movimientos, Cabello aumenta su poder en el Gobierno. De hecho, el nuevo director del Sebin, Rodríguez Cabello, es su familiar y quien ya había ocupado posiciones de poder dentro de la Fuerza Armada.

Entre los cambios en el alto mando militar, Maduro también nombró como comandante del Ejército al mayor general Johan Hernández Lárez, hermano del jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, que fue ratificado. Designó igualmente a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez como jefe de la Armada, en lugar de Neil Villamizar Sánchez, y reemplazó en la Aviación a Carlos Manuel Falcone por Lenín Ramírez Villasmil. El mayor general Orlando Ramón Romero estará ahora al frente de la Milicia y ratificó al mayor general Elio Ramón Estrada en la Guardia Nacional Bolivariana.

El Gobierno de Maduro está falto de legitimidad luego de las presidenciales de julio y su estabilidad está sostenida fundamentalmente por su férreo control de las fuerzas militares. Gran parte de la comunidad internacional ha decidido no reconocer su triunfo hasta que se muestren las actas oficiales que ya la oposición divulgó en una página web y el Centro Carter presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en las que figura como ganador el opositor Edmundo González Urrutia, que se vio forzado a irse al exilio en Madrid. Las actas son emitidas por las máquinas de votación y se entregan a los testigos de los partidos, al Plan República y el Consejo Nacional Electoral. Se han convertido en el punto clave para destrabar la crisis poselectoral tras el 28 de julio, cuando los militares custodiaron el material electoral y tuvieron acceso a las copias de los mismos documentos con los que la oposición se da por ganadora.