Costa Rica retoma el viejo anhelo de la minería de oro para evitar la explotación ilegal

El Gobierno de Rodrigo Chaves ha abierto un nuevo capítulo a la larga historia de tentación de Costa Rica por desarrollar la minería de oro a cielo abierto en yacimientos ubicados al norte de este país centroamericano de tradición ambientalista. El Ejecutivo propone un plan para regularizar la extracción a gran escala y desplazar a los mineros ilegales que en la última década han sacado el metal de manera contaminante en esa zona fronteriza con Nicaragua y ante altas sospechas de que una parte de ese oro se exporta “lavado” mediante procedimientos que se valen de la única mina permitida en el país.

Mediante una reforma a la ley vigente en la que se prohíbe la minería a cielo abierto, el Gobierno propone explotar el oro con subastas que deparen al Estado central el 5% de las ganancias. No es ya el 2%, como había criticado el presidente Chaves semanas atrás al reprochar también la oposición de grupos ambientalistas que en 2010 lograron la anulación de un primer contrato otorgado en 2001 a la compañía canadiense Industrias Infinito para extraer el mineral de esa finca llamada Crucitas, ubicada en el distrito Cutris, del municipio norteño san Carlos. Entre años de polémicas y reclamos internacionales por una indemnización que se descartó finalmente en julio, los territorios abandonados los aprovecharon en tiempos recientes grupos de mineros ilegales que cruzan desde Nicaragua, quienes extraen el oro con el uso masivo de químicos contaminantes y con trastornos en la seguridad de esa región.

Una parte de ese oro entra a Nicaragua por caminos informales, pero otra parte se legitima en Costa Rica y hace que la cifra de exportación llegue a 7.600 kilos en los últimos siete años, por un valor de $152 millones, según una investigación publicada en septiembre por el periódico La Voz de Guanacaste en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) e Interferencia de Radios de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las sospechas apuntan a la extracción ilegal en Crucitas y el transporte del material como contrabando hacia una mina legal en un municipio llamado Abangares, a 225 kilómetros, donde trabajadores artesanales se mezclan con otros operadores que ayudan a convertir el metal en materia de un negocio lícito en manos de pocas empresas que luego lo exportan en barras por el aeropuerto internacional.

Mientras tanto, en Crucitas y alrededores la contaminación alcanzaba el acueducto comunal y un ambiente de violencia e inseguridad se instaló alrededor de la economía sucia del oro, sin que numerosos operativos policiales en los últimos años hubiera podido frenar esta actividad ni los trasiegos hacia Abangares. Hubo investigaciones judiciales, enfrentamientos armados con heridos entre trabajadores de explotaciones informales y policías, captura de decenas de ellos y reforzamiento de la vigilancia policial con un alto costo para el Estado, según el Ministerio de Seguridad. Nada ha logrado vencer hasta ahora a los mineros ilegales y la respuesta del Gobierno no va por erradicar esa explotación, sino por impulsarla de manera regulada a pesar del probable impacto ambiental.

“Nuestro oro se lo están robando con técnicas que contaminan con mercurio y generan un gran daño. Esa riqueza debe quedar en San Carlos y en Costa Rica, y no en otros países como Nicaragua”, dijo en comunicado de prensa la ministra de Presidencia, Laura Fernández, al explicar el lunes la propuesta a los diputados de otras bancadas, quienes deberán discutir los detalles para una eventual reforma a la ley vigente. El planteamiento se elaboró con especialistas en geología y minería y pretende la explotación “resguardando el medioambiente aplicando buenas prácticas”, según el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, que también es proclive a hacer que el país entre en la exploración de petróleo y gas natural.

“El proyecto del Gobierno es más de lo mismo. Entregar nuestros recursos a cambio de solo un 5% de ganancias y toda la destrucción ambiental. Es claudicar: como no podemos defender el ambiente, vamos a permitir la destrucción de manera legal”, criticó en sus redes sociales el exdiputado de izquierda Edgardo Araya, abogado que lideró el proceso legal en 2010 hasta lograr la anulación de la primera concesión. “¿Toda la destrucción que va a quedar cuando las empresas se vayan, quién las va a pagar ¿Con ese 5%? Es lo que ha pasado en el resto de países de Latinoamérica”, criticó Araya, quien propone otro tipo de actividades productivas en esas 900 hectáreas y alrededores.

Atrás quedó la investigación penal contra el expresidente Óscar Arias por supuesta prevaricación al emitir un decreto en favor de la concesión minera durante su gobierno entre 2006-2010. También las caminatas que desde San José hasta la frontera norte hicieron grupos ambientalistas en contra de la explotación de Crucitas, así como el reclamo de la compañía Infinito por 400 millones de dólares como compensación por haber perdido el negocio extractivo. En duda está la continuidad de la explotación ilegal y también posibilidad del Gobierno de concretar el proyecto con una respuesta favorable de una Asamblea Legislativa que, aunque dominada por partidos de oposición, también aloja intenciones mineras.