Human Rights Watch pide “medidas urgentes” para detener la “represión brutal” en Venezuela

Human Rights Watch ha publicado un informe que levanta alarmas sobre violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del Gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, advierte Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.

El informe difundido este miércoles hace un repaso de las vertiginosas semanas que han vivido los venezolanos tras las elecciones presidenciales en las que se anunció que ganó Maduro sin presentar resultados desagregados ni realizar auditorías posteriores, lo que ha generado profundos cuestionamientos por parte de los observadores internacionales, la comunidad internacional y los propios electores que han salido a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Semanas en las que también ha crecido el expediente de violaciones de derechos humanos cometidas en el país sudamericano.

“Los venezolanos han salido a las calles en todo el país, sobre todo en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo, donde se han producido numerosos hechos de represión”, señala el informe que analizó la mitad de los 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del Gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno”. A esto suman, la orden de captura emitida el lunes en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.

Testigos, periodistas y organizaciones consultados por HRW describieron el modus operandi de los “colectivos” y las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones del mes de agosto, un patrón que ya ha sido denunciado antes. “Al principio, las fuerzas de seguridad controlan o dispersan las manifestaciones, a menudo utilizando barreras, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a los manifestantes. Si las manifestaciones continúan, aparecen miembros de “colectivos”, quienes a menudo utilizan armas de fuego para intimidar o atacar a los manifestantes”. Uno de los casos que analizan y en el que se repitió esta actuación conjunta de los cuerpos de seguridad y grupos de choque del chavismo es el de Isaías Fuenmayor González, de 15 años, asesinado la tarde del 29 de julio cuando salió de su casa en San Francisco, estado Zulia, para practicar un baile con sus amigos para una próxima fiesta de 15 años. En el camino se cruzó con manifestantes en los alrededores de un centro de votación que eran repelidos por oficiales de la Guardia Nacional. Luego un grupo de colectivos atacaron a las personas que protestaban y una bala impactó al joven en el cuello.

HRW advierte que el Gobierno también “ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares”. Añaden los peligros que implica para la sociedad civil y las ONG, especialmente copadas en su actividad en defensa de los derechos humanos en este contexto, la aprobación hace dos semanas una legislación restrictiva de su funcionamiento.

Las duras denuncias complican el panorama internacional de Venezuela, que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, pese a los intentos del Gobierno por aplazarla, y que a mediados de este mes someterá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una nueva renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

En opinión de HRW, la misión debe continuar su trabajo pues es clave para la rendición de cuentas y también recomienda apoyar a la Fiscalía de la CPI en su pesquisa y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos como jueces, fiscales y funcionarios de seguridad. El organismo también recomienda ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional, de acuerdo con los estándares internacionales, para los venezolanos que se ven forzados a abandonar su país.

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