El caos y una ola de violencia sin precedentes fuerzan la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, presentó el lunes su renuncia como jefe de Gobierno del país caribeño en medio de una ola de violencia sin freno que asfixia a la población. Desde que se agravó la crisis a principios de marzo con la evasión de más de 3.000 presos, Henry no había logrado regresar a Puerto Príncipe y aguardaba en Puerto Rico, donde aterrizó de regreso de un viaje a Kenia. Había asumido el mando en julio de 2021 tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, un magnicidio que sumió al país en el caos y en una inestabilidad institucional sin precedentes. La semana pasada, el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, el líder más temido del crimen organizado, amenazó con desatar “una guerra civil” si no se producía una renuncia del jefe del Ejecutivo.

La dimisión fue adelantada por el presidente interino de la Comunidad del Caribe (Caricom) y mandatario de Guyana, Irfaan Ali, durante la clausura de una reunión de alto nivel sobre Haití celebrada en Jamaica. Pero poco después se pronunció el propio Henry. “El Gobierno que encabezo dimitirá inmediatamente después de la instalación de un consejo [de transición]”, aseguró en un discurso grabado y difundido a través de las redes sociales. “Quiero agradecer al pueblo haitiano por la oportunidad que me ha brindado. Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo que puedan para que la paz y la estabilidad vuelvan lo más rápido posible”, añadió el primer ministro.

Un alto funcionario de la Administración de Joe Biden indicó en declaraciones a periodistas recogidas por Reuters que la decisión sobre la dimisión se fraguó el pasado viernes y que el primer ministro tiene permiso para permanecer en Puerto Rico o viajar a otros lugares de Estados Unidos. Aunque Henry ha manifestado su intención de regresar al país, las condiciones de seguridad en estos momentos no lo permiten, agregó la fuente gubernamental.

Precisamente el viernes, el corazón político de Puerto Príncipe fue escenario de la enésima noche de violencia. Un grupo de bandidos se enfrentó a las fuerzas de seguridad a las puertas del Palacio Nacional e intentó prender fuego a la sede del Ministerio del Interior hasta que los pandilleros fueron abatidos por los agentes. El objetivo de la revuelta era la toma de la casa presidencial en un momento de enorme debilidad institucional. El país está cerrado a cal y canto, la semana pasada quedaron suspendidas las conexiones desde Miami y Santo Domingo y en las redes sociales se difundieron imágenes de grandes agujeros en las paredes del aeropuerto de la capital.

Los líderes de la Comunidad del Caribe se reunieron el lunes en Kingston para abordar la crisis y debatir el marco para facilitar una transición con el beneplácito de Estados Unidos. El Departamento de Estado había apremiado en los últimos días a Henry a “acelerar” ese proceso mientras los grupos criminales exigían su renuncia sembrando el terror en las calles. En la cita de Jamaica participaron organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del sector empresarial. El propósito es que todos estos sectores estén representados en ese consejo provisional encargado de llevar a Haití a unas elecciones. Tras el asesinato de Moïse, esa fue una de las demandas centrales de la comunidad internacional. El país lleva desde 2016 sin pasar por las urnas y el primer ministro pospuso la fecha en varias ocasiones escudándose en los graves problemas de inseguridad.

El propio secretario de Estado, Antony Blinken, apostó, antes de que se formalizara la renuncia, por un consejo “independiente” y “de base amplia” encargado de abordar las urgencias de Haití. Unas “necesidades inmediatas” de la población, que además de vivir cercada por la violencia ha lidiado en los últimos años con la miseria y una permanente crisis humanitaria que ha desencadenado una migración masiva. Todos los haitianos piden ayuda internacional. Pero esa misión nunca ha llegado. Naciones Unidas ultima el envío de un contingente de apoyo policial al país, que, con 11 millones de habitantes, tiene menos de 10.000 policías. Kenia se ofreció para liderar el plan y se comprometió a mandar al menos a 1.000 agentes. Otros países, como España, también han ofrecido apoyo humano y material, todo bajo el paraguas financiero de Estados Unidos, que por el momento ha prometido una inversión logística de 200 millones de dólares.

Siga toda la información de El PAÍS A’mérica en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.