Las protestas contra la explotación de una mina de cobre exhiben el choque entre dos ambientalismos en Panamá

Miles de panameños han salido a las calles para protestar contra la extensión de un contrato que le permitiría a una empresa canadiense seguir extrayendo cobre de una mina ubicada en un corredor biológico protegido. La capital y otras partes del país centroamericano operan desde hace dos semanas en una semi-parálisis y solo el sector turístico acumula cerca de 200 millones de dólares en pérdidas. La presión sube y el objetivo de los manifestantes es claro: la política extractivista debe terminar para proteger el medio ambiente, por lo que exigen la cancelación del contrato.

Del otro lado de la protesta se encuentra el mercado, que también está respondiendo al movimiento en contra del cambio climático. Para reducir las emisiones de carbono, políticos y gobernantes en muchos países proponen migrar a coches y maquinarias que operen con electricidad, en lugar de gasolina, ya que ésta se puede alimentar de fuentes renovables o más limpias. Por su alta conductividad, el cobre se ha vuelto un componente clave en esta transición energética, por lo que se estima que la demanda suba 20% para 2035.

Las protestas en Panamá, aseguran expertos, deben leerse como más que una reacción aislada a un conflicto clásico entre empresas extractivistas y comunidades locales. Esta es una historia destinada a repetirse en países en donde no existe una arraigada cultura de la minería, lo que empuja a un debate complejo sobre los beneficios globales de la electrificación y el destino de los réditos que se generarán a su paso.

Empresas de la automoción como Tesla, así como de energías renovables y de electricidad, ya cuentan con el cobre panameño. La canadiense que ha estado operando la mina desde 1997, First Quantum Minerals (FQM), informó a clientes el año pasado de que estimaba una producción de entre 370.000 a 400.000 toneladas de cobre de su mina en el país centroamericano para 2024. “Panamá es un importante contribuyente a la producción mundial de minas de cobre y en 2022 era el decimocuarto país productor mundial de minas de cobre”, aseguró por correo electrónico Ana Rebelo, directora de análisis y estadística del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG, por su sigla en inglés), una organización intergubernamental con sede en Portugal.

“Aún no ha habido ningún anuncio sobre una pausa en la producción de Cobre de Panamá ya que, según tengo entendido, las discusiones aún continúan en el Congreso”, afirmó Rebelo. “En caso de que la mina Cobre de Panamá tuviera que detenerse temporalmente, por supuesto, afectaría nuestro pronóstico de producción minera global para 2024″.

Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó por vía rápida la ley que otorgaba una extensión de hasta 40 años del contrato con la filial local de FQM, misma que el presidente promulgó inmediatamente. Uno de los argumentos es que no se hizo una consulta pública, por lo que la Corte Suprema la debe declarar inconstitucional. Cuatro abogados han tramitado los recursos correspondientes, por lo que ahora se espera el fallo de la Corte.

“Este es un ejemplo de lo que va a ocurrir con mayor frecuencia en el futuro, dado que la demanda de cobre va a aumentar y por lo tanto vamos a necesitar abrir más minas”, dice Adrián Duhalt, académico investigador del Centro en Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York. “Lo que estás viendo en en Panamá, anticipo que vamos a ver más ejemplos de esos en países con contextos similares, como en el resto de Centroamérica, en África, en algunos países de Sudamérica”.

En países como Chile, apunta el académico, en donde la minería es una actividad económica de larga data, la extracción está “socialmente aceptada” hasta cierto punto. “Pero en contextos en donde un un proyecto minero enorme tiene implicaciones ambientales más visibles, debemos esperar una reacción natural de la sociedad y de los grupos ambientalistas”, opina Duhalt.

Se trata de un choque de ambientalismos. Ciudadanos que habitan países ricos en recursos naturales no quieren ver un deterioro en sus ecosistemas o en la contaminación derivado de actividades extractivas, aun si esta actividad pudiera llevar a una transición energética a nivel global que pudiera beneficiar el medio ambiente.

“Aquí adquiere una importancia estratégica la licencia social para operar y el diálogo con las comunidades, porque la transición tiene que ser justa”, señala Duhalt, un pensamiento que va muy en línea con las prácticas mineras que han estado promoviendo organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde hace, por lo menos, dos décadas. Las empresas deben, señala Duhalt, acercarse con las comunidades para entender cuáles son sus necesidades, sus capacidades y sus valores. “No puedes llegar a establecer tu voluntad simple y sencillamente porque te ganaste una concesión”, dice.

“No deberíamos de tolerar el hecho de que va a haber regiones de sacrificio y regiones que disfruten de los beneficios de la transición energética”, opina Duhalt. “Todo indica que la demanda por cobre va a seguir en aumento y la pregunta es ¿de dónde lo vamos a sacar y en qué condiciones? ¿Hasta qué punto van a afectar a las comunidades? Esa es una conversación bien compleja que va a ganar tracción en los próximos años”.

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