Una exhumación de cuerpos que da cuenta de lo que pierde Perú con su “ley de impunidad”

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“Lo que viene son restos humanos, tengan cuidado”, dice un policía, mientras el arqueólogo forense Aldo Lara —con casco y enfundado en un traje especial—sale de una fosa de 18 metros de profundidad con bolsas en la mano. Casi inmediatamente, un grupo de hombres y mujeres suelta un llanto colectivo que clama a un cielo sin nubes. Saúl Gaspar tenía apenas ocho años cuando vio cómo un grupo de hombres se llevaba a su padre. Nunca más lo volvió a ver. Hoy, con 40 años, toma la palabra en medio del dolor: “En esta mañana, cuando nos encontramos acá los huérfanos de Ñahuinpuquio y de otros lugares, tenemos que darnos fuerza. Hasta hoy vivimos con ese maltrato, con lágrimas en los ojos”.

Gaspar está en un paraje llamado Paccha Simi (boca de catarata, en quechua), cerca de la comunidad de Siusa, en el distrito de Ingenio, de la sierra central del Perú. Junto con otros familiares y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Ministerio Público buscan a seres queridos desaparecidos hacia 1990 cuando el Perú estaba sumergido en un brutal enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el sanguinario grupo subversivo Sendero Luminoso. En esta zona del departamento de Junín, entre 1980 y 2000 desaparecieron 3.001 personas, según el Registro Nacional de Desaparecidos (Renade). El mismo organismo estima que, en todo el país, la cifra fue de 22.551.

Algunas de ellas podrían estar en este hueco despiadado. Lara recuerda que en 2017 el sobreviviente de una masacre indicó que en este lugar enterraron a algunos de los muertos. Cuando se excavó, se encontraron tres cráneos humanos en el fondo. “El acceso era más pequeño, se tenía que bajar con oxígeno”, explica el forense.

La fiscalía especializada en derechos humanos abrió un caso que denominó como Paccha 1, por el nombre de una localidad donde desapareció gente en esos años, e hizo más excavaciones. En noviembre de 2022, se recuperaron los restos de cinco cuerpos en medio de basura y animales muertos, y en octubre del 2023 se encontraron cinco cuerpos más.

Los huesos que han sacado hoy, envueltos en unos 30 paquetes de papel Kraft y metidos en cinco bolsas de colores, pertenecen a cuatro cadáveres. Se cree que serían de otra masacre; una ocurrida en Ñahuinpuquio, la comunidad a la que aludió Gaspar cuando habló ante sus compañeros de desgracia. Con ello se configuraría el caso Paccha 2.

Pero en realidad no se sabe aún a ciencia cierta qué pasó. Quiénes son. En estos parajes donde a lo lejos se distinguen nieves que ya no son tan eternas, los hechos de violencia fueron profusos y se dieron en varios pueblos, como Rimaycancha, Rangra, Quilcas, Ancal. En la pequeña plaza central de este último pueblo, que ahora luce serena, una mujer recuerda cómo en una ocasión fueron torturadas “varias” personas, entre ellas su esposo.

Entre el olvido y la impunidad

Según la ONG Comisión de Derechos Humanos, existen en Perú 6.400 sitios de entierro, como este que acaba de abrir sus entrañas para que emerjan huesos olvidados. Otros muchos todavía están por explorar, en búsqueda de justicia. Pero, el pasado 10 de agosto, el Estado peruano promulgó una norma, apodada ‘ley de impunidad’ por sus críticos, que bloquea tal propósito.

La Ley 32107, como se llama oficialmente, establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002″. Según el texto, esto se debe a que tanto el Estatuto de Roma—que creó la Corte Penal Internacional (CPI)—como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de este tipo de crímenes entraron en vigencia en Perú a partir de ese año y del 2003., respectivamente. Por ello, todos los crímenes cometidos antes de 2002, como la desaparición forzada, tendrán que ser considerados con otra tipología. Además, muchos prescribirán o no serán juzgados. Tal argumento, basado en la irretroactividad de la ley, ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

Para el fiscal Ramiro Riveros, presente en la exhumación de Paccha Simi, esta ley amenaza con dejar en la impunidad los casos Paccha 1 y Paccha 2. “Podría seguirse con la investigación fiscal, sostiene, pero solo por motivos humanitarios”. Es decir, ya no para procesar a los perpetradores, sino únicamente para encontrar los cuerpos y que los deudos puedan despedirse dignamente de sus familiares.

El 13 de junio pasado, cuando esta ley aún era un proyecto, la Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento en el que declaró que era “evidentemente inconstitucional”. Con ella, cerca de 600 casos en curso de investigación pueden quedar impunes, entre los que hay algunos que involucran al expresidente Alberto Fujimori. Precisamente la bancada fujimorista en el Congreso fue una de las que impulsó esta ley.

También puede beneficiar a exjefes militares y policiales, así como a miembros de los Comités de Autodefensa (CAD) y a grupos de campesinos armados por las fuerzas del orden para enfrentar el terrorismo, a quienes se les atribuye lo ocurrido en las alturas de Siusa y zonas vecinas. Incluso miembros de Sendero Luminoso podrían favorecerse de la norma, según ha dicho la congresista Susel Paredes.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) ha emitido un informe en el cual analiza con detalle la ley. Los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, señala el documento, son imprescriptibles porque la irretroactividad que reclama la norma sólo está referida a los casos llevados a la propia CPI.

Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se ha unido a las voces que lamentan la aprobación de la ley en una reciente declaración. En junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución pidiendo que se suspenda “inmediatamente el proyecto”. Pero nada eso impidió que el Congreso aprobara la norma y el Ejecutivo no la observara.

“Quiero encontrarlo, aunque sea para llevarle un ramo”

De vuelta a la exhumación, mientras siguen saliendo las bolsas con restos humanos, una anciana de cabellos canos y trenzas llora amargamente. Quiere encontrar el cuerpo de Paulino Alcoser, su esposo. Un día se lo llevaron con una soga y nunca más supo de él. “Me gustaría encontrarlo, aunque sea para llevarle un ramo de flores”, dice con voz trémula.

Irene Flores, por su parte, busca a su papá Justiniano, de quien solo recuerda que una noche fue sacado de su casa cuando ella era una niña. Según el CICR, los familiares “requieren apoyo emocional, orientación e información durante el proceso de búsqueda”. Algo que nunca será suficiente. Como explica la antropóloga social Nori Cóndor Alarcón, integrante del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal, en estos pueblos “hubo mucha violencia y sufrimiento”. Según ella, por acá las desapariciones datan de 1990 y 1992, cuando erróneamente creía que había más calma porque las acciones de Sendero Luminoso habían decrecido.

“Sin embargo, la violencia ejercida por este grupo subversivo activó conflictos que ya existían”, explica, lo que hizo que algunos miembros de los CAD levantaran falsas acusaciones de terrorismo y victimaran o desaparecieran a otros campesinos. A veces a varios miembros de una familia, como ocurrió con Milita Samaniego, una señora que perdió a cinco familiares.

Samaniego ha repartido hojas de coca para que sea mascada ritualmente por los familiares. “Si el sabor de las hojas es dulce, quiere decir que la tierra hablará”, afirma. Esto, en efecto, parece haber ocurrido durante las cuatro horas en las que Lara y dos personas más se sumergieron en la fosa. Encontraron cráneos, huesos de las extremidades superiores e inferiores, retazos de ropa.

Los restos pasarán por exámenes de ADN, que se cruzarán con las muestras de los familiares para ver si los datos coinciden y confirmar así si son las personas que buscan con persistencia. El proceso durará meses, que ahora no parecen nada frente a los más de 30 años de espera.

“Esta ley es contra los más pobres”, apunta la congresista Paredes, cuya bancada minoritaria presentó un proyecto para derogar la norma. Pero todo indica que esta petición será ignorada, pese a la presión nacional e internacional. Mientras, los familiares de los desaparecidos, que ahora suben una cuesta empinada en medio de la puna para volver a sus casas tras la exhumación, parecen estar condenados nuevamente al olvido.