Monetizar la naturaleza para ponerla en valor: cómo buscar sentido económico en la acción climática

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Detrás de la construcción de un puente, una escuela o una infraestructura de contención de aguas existe una logística muchas veces imperceptible, pero con un resultado material: la procura de los materiales, el trazado de los planes y, sobre todo, el financiamiento para la ejecución de las obras. CAF-banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe cree que todo –o al menos la mayoría– de este proceso debe enlazarse con una visión de sustentabilidad, como una vía clara para hacer frente a la creciente emisión de gases de efecto invernadero.

Una de las medidas que toman es ofrecer asesorías a sus accionistas, de una veintena de países de la región, para emplear materiales sustentables, considerar los patrones de los ecosistemas circundantes y utilizar las soluciones que ya ofrece la naturaleza. No obstante, esto supone un retador cambio de visión en una región sobreexpuesta al cambio climático y que acumula una deuda de desigualdad y pobreza que se pelea las prioridades de los Estados.

La entidad se ha puesto la meta de duplicar al 40% de su cartera (unos 25.000 millones de dólares) de inversión verde para 2026. Es decir, estará vinculada a la mitigación de gases de efecto invernadero y colocada en proyectos de energía renovable, protección de áreas deforestadas, procesos productivos decarbonizados y movilidad sostenible. También estará centrado en fortalecer una agenda de adaptación y resiliencia que incluye gestión de riesgos de desastres naturales y de las consecuencias en la vida diaria de las comunidades.

Para ello, ha fortalecido una oferta de productos y servicios financieros que va desde préstamos que premian a los proyectos más verdes, con descuentos y bonificaciones y asistencias técnicas para la estructuración de bonos verdes o la creación de seguros contra embates ambientales.

Toda esta arquitectura, también abordada por otros bancos de desarrollo como el BID o el Banco Mundial, representa una parte fundamental y crítica para lograr los objetivos de sustentabilidad de América Latina y el Caribe, especialmente considerando que la precariedad de inversión en proyectos de contención de la huella climática es alta. Para Alicia Montalvo, gerenta de acción climática y biodiversidad positiva de CAF, es una agenda incipiente y desafiante.

“Hay muchos retos cuando se habla de transición, porque hay un problema importante de pobreza en la región que hay que abordar. Y las transiciones toman tiempo”, explica en entrevista con América Futura. “No puedes cambiar de la noche a la mañana tus matrices energéticas, lo primero es asegurarte que la población tiene energía”, subraya. “Toda esa mirada es un proceso que está ahora mismo produciéndose. La buena noticia es que se ha puesto sobre la agenda de las instituciones financieras internacionales”, agrega.

El círculo vicioso del clima latinoamericano

A pesar de ser una de las regiones que menos contamina, Latinoamérica es excesivamente vulnerable a los impactos del cambio climático. En parte, por su dependencia de la naturaleza, la producción agrícola y las materias primas.

2023 fue el año más cálido jamás registrado en América Latina y El Caribe, de acuerdo con los datos procesados por la Organización Mundial Meteorológica. Ese 1,39º adicional (desde el período de referencia de entre 1961-1990) se tradujo en eventos naturales extremos como el potente huracán Otis en Acapulco, México, o las lluvias torrenciales y deslizamientos fatales en São Sebastião, Brasil. Esto, sumado a las temperaturas inusualmente altas en los cuerpos de agua y a las sequías severas e intensas en todo el continente, está irrumpiendo los ciclos económicos y creando un ciclo vicioso: el cambio climático genera degradación de los suelos, obligando a los productores a deforestar nuevas extensiones de bosque, lo que a su vez, genera mayores emisiones, alimentando el cambio climático.

En este contexto, la función de la CAF es tratar de darle un nuevo sentido económico a su acción climática. Así, trabajan en diferentes frentes, como optimizar sus préstamos para que puedan ser más baratos, mejorar sus asesorías técnicas para alinear la construcción de hospitales o escuelas y explorar iniciativas internacionales que involucren a los países del G20 para crear flujos de recursos orientados a las naciones que son más vulnerables y que, por lo general, tienen el menor margen fiscal. Es una correlación que se repite en toda la región: las poblaciones que tienen presupuestos más pequeños también tienen las peores infraestructuras, dejándoles más comprometidos a los riesgos climáticos.

“La inequidad es un factor coadyuvante al riesgo del cambio climático, porque curiosamente siempre son las comunidades más vulnerables, las que más sufren”, destaca la gerenta de biodiversidad de CAF.

Pagando por los servicios ambientales

En este camino, el banco de desarrollo también colabora con los ministerios y secretarías de Hacienda del continente en la elaboración de las taxonomías verdes financieras, instrumentos dedicados a crear un inventario y guía para que las instituciones financieras, como bancos o fintechs, (públicas y privadas) entiendan qué es una inversión verde y cómo mejor destinar recursos de sus carteras a estos propósitos. Hasta ahora, Colombia, Chile, México y Argentina desarrollan sus propias taxonomías con el fin de incentivar, aguas arriba, la colocación de recursos públicos con visión sostenible, y aguas abajo, la creación de créditos para compra de vehículos eléctricos, construcción inmobiliaria verde o paneles solares para hogares.

En otras trincheras, el banco explora modelos novedosos de activos ambientales como los Derechos Especiales de Giro (DEG), creados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como activos de reserva internacional que pueden ser canjeados y recolocados en la agenda climática. También ha hecho sus primeras operaciones de bonos verdes, como el de una colocación que asesoraron en Bolivia, recientemente, mientras se acercan a bonos azules para los océanos o los certificados de biodiversidad, vinculados al número de hectáreas protegidas por un proyecto.

“Si una comunidad decide proteger un área que está amenazada por la agricultura y, en vez de cortar los árboles, los cuida, así como a la fauna, hay que darle un valor a los servicios que esta protección genera, en cuanto a la calidad del aire, protección de barreras naturales. Eso es un servicio ecosistémico y hay que monetizarlo ¿cómo le das ese valor? Esa es la dificultad de los certificados, pero si se llega a hacer, se podrá vender a las grandes corporaciones”, detalla Montalvo.

“Hay quienes dicen que no podemos monetizar la naturaleza. Pero, al final, estas comunidades están generando unos servicios para todos. Lo que sí, es que hay que hacerlo con muchísimo rigor (...) y estamos empezando a trabajar en ello: en darle valor a la naturaleza. Nuestros ancestros lo tenían claro, pero luego se convirtió en un bien intangible. La gente tiene que saber qué es lo que pasa si destruye el manglar: se pierde la pesca, la protección ante el aumento del mar. Y eso vale”, concluye.