Envejecer con dignidad en las Américas y el Caribe
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un tratado revolucionario único en el mundo, pero solo 11 países lo han hecho parte de su derecho nacional
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Si todo sale de acuerdo con el curso de la vida, todas las personas vamos a llegar a envejecer. De hecho, cifras especializadas calculan que para el 2050 entre el 20% y el 25% de la población de las Américas y el Caribe tendrá más de 65 años. Estas predicciones generan una serie de retos para los países de esta región, pues de modo vertiginoso nuestras sociedades se transformarán.
Este 1 de octubre, día internacional de las personas mayores, corresponde reflexionar sobre cuáles son los ajustes que tenemos que hacer para vivir una vejez digna. Hay muchas formas de contestar esta pregunta. Yo quiero proponer que pensemos en los derechos humanos y sus ideales que desde hace un tiempo proponen un cambio de paradigma frente a la vejez y las obligaciones de los Estados para que esta etapa de la vida se viva dignamente.
La vejez es un momento natural de la vida. Sin embargo, no todos los envejecimientos son iguales. Algunas personas llegan a la vejez con una vivienda digna, una pensión, un seguro de salud, una familia amorosa y una comunidad receptiva y facilitadora. Otras personas envejecen en pobreza, soledad y desamparo. Aisladas de sus comunidades o internadas contra su voluntad en centros geriátricos donde la presencia del Estado es poca o nula. Este destino tiene que ver con estereotipos negativos que se tienen sobre la vejez en nuestras sociedades. Este momento de la vida, por lo general, es asociada a una etapa indeseable, una carga social, a la pérdida de autonomía y de la capacidad para tomar decisiones, que además resulta mucho más acentuada si la persona mayor es mujer, afrodescendiente, LGBITQ+, migrante, está privada de libertad o vive con alguna discapacidad. El empobrecimiento de las mujeres mayores es mucho más marcado por el desamparo que genera el trabajo no remunerado de cuidados familiares ante la división del trabajo doméstico por factores de género.
Esta mirada estigmatizante permeó por muchos años todas las esferas de la vida, incluido el derecho y las obligaciones estatales de proteger a las personas mayores, quienes en lugar de ser sujetos de derecho, eran únicamente objeto de protección. No se tomaban en cuenta sus necesidades ni se procuraba su autonomía.
Desde hace un tiempo, estos patrones negativos vienen siendo cuestionados por órganos internacionales de derechos humanos. Y en la Organización de Estados Americanos se vienen gestando iniciativas para transformar la situación de las personas mayores. En el seno de la OEA, se adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta norma de derecho internacional es un tratado revolucionario único en el mundo que adecua los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a las necesidades y situación de las personas mayores. De los 33 Estados de las Américas y el Caribe que conforman la OEA, solo 11 han decidido hacerlo parte de su derecho nacional a través de su ratificación: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Suriname y Uruguay.
En mayo de 2023, desde la Relatoría para los derechos de las personas mayores de la Comisión Interamericana, publicamos el primer informe en la temática denominado Situación de los derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección. El análisis y recomendaciones de la CIDH en este informe giran en torno a dos temas prevalentes en las Américas y el Caribe frente a las personas mayores: la discriminación en contra de las personas mayores y la necesidad de crear sistemas nacionales de protección de sus derechos humanos.
La discriminación por edad (“edadismo”) en su forma más perversa, genera violencia contra las personas de edad, por lo que debe ser erradicada a través de la adopción del nuevo paradigma de la vejez basada su comprensión como sujetos de derecho que gozan y ejercen sus derechos humanos.
Es necesario que aprendamos y asumamos que el envejecimiento es consustancial a la persona y a asegurar que los esfuerzos de los sistemas nacionales de protección sean orgánicos, con enfoque de derechos, con la participación de las personas mayores, respetando su voluntad de modo tal que se garanticen sus cuidados, medios de subsistencia, libertad de expresión e información, participación política, autonomía, independencia y su integración comunitaria de acuerdo con sus necesidades.
Finalmente, en el día internacional de las personas mayores, desde la CIDH hacemos un llamado a los Estados de las Américas y el Caribe para que se hagan parte de este tratado demostrando su real compromiso con los derechos humanos de las personas mayores.