Celia Ramos y la esperanza de reparación para las víctimas de las esterilizaciones forzadas en Perú

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Han pasado 26 años desde que Celia Ramos falleciera a causa de una operación innecesaria e indeseada. En 1997, esta joven peruana acudió a un centro de salud en La Legua, Piura, en el norte del país, en busca de atención odontológica y salió de la consulta con un puñado de insistentes recomendaciones para ligarse las trompas. Los médicos que la atendieron repararon en que la campesina de 34 años cumplía el perfil que buscaba el régimen de Alberto Fujimori, en un plan de esterilización masivo que “frenara la pobreza”: mujer rural y sin recursos. Ramos accedió a operarse tras el asedio de los sanitarios -que llegaron a personarse en su propia casa- y falleció 19 días después de la intervención. Este es el primer caso de esterilizaciones forzadas en Perú que acepta juzgar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pero, un mes después de la decisión, voces conservadoras tratan de opacar la historia de cientos de miles de afectadas y ponen en entredicho la credibilidad del tribunal.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar, impulsado por Fujimori entre 1996 y 2001, esterilizó a 272.028 mujeres y 22.004 varones. Aunque es difícil conocer qué porcentaje exacto de las intervenciones no fueron informadas correctamente o fueron simplemente impuestas, la estimación de los académicos ronda el 90%. Este porcentaje de mujeres accedió al quirófano, según la Fiscalía, “bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas”. Fruto de la política de control de natalidad, Celia y otras 17 mujeres fallecieron días después de la operación. Si bien la ligadura de trompas es un método de anticoncepción permanente seguro y fiable, este programa estatal no garantizaba las condiciones mínimas de salubridad ni los monitoreos previos o postoperatorios.

María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus, grupo colitigante ante la Corte IDH, señala que las víctimas, que en la denuncia suman 1.264 (aunque la Fiscalía ha pedido añadir otras 2.264 denunciantes adicionales), esperan que se trate el caso por primera vez como un crimen de lesa humanidad: “Es importante recordar que estábamos en un conflicto armado interno en los 90 y que el programa no fue ejecutado en todo el territorio nacional. Fue un ataque a una población civil específica. Cuando sabemos que el Ministerio de Salud involucró también a militares, ¿cómo vamos a esperar que una mujer campesina, indígena o amazónica, quechua hablante denuncie o se oponga?”. Y añadió: “Lo masivo de estas operaciones pone en cuestión el consentimiento. Estamos hablando de hasta 90.000 ligaduras anuales. No puede ser que los testimonios de tantas y tantas mujeres de lugares remotos cuenten lo mismo. Que firmaron un formulario que no habla de que es un proceso irreversible, que no sabían bien por qué era importante hacerlo o que ni siquiera lo entendieron porque no les hablaron en quechua. El consentimiento no es una ficha y una firma”.

Para ello, la abogada exige que Alberto Fujimori -actualmente preso por su vinculación en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- y los tres exministros de la cartera de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, sean también procesados por estos “atentados contra los derechos de las mujeres indígenas y campesinas”. Para sentar a Fujimori en el banquillo, Chile juega un papel muy importante.

Aunque Fujimori está preso en Perú, Chile fue el país que autorizó la extradición del expresidente en 2007 por los delitos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, homicidio calificado, desaparición forzada y tortura. Ahora, es el Estado peruano quien puede pedirle a Chile que incluya entre estos delitos los casos de esterilizaciones forzadas. Aún, según Cedano, no se ha asignado un abogado estatal para ello. “Es una forma de dilatar más aún el proceso judicial”, aclara Florencia Reggiardo, directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“Es nuestro proceso de sanar con justicia”

“Esta lucha empezó con mi papá, quien hizo una denuncia en su momento, pero no lo escucharon”, explicó a EFE Marisela Monzón Ramos, una de las tres hijas de Celia Ramos. “Después la continuó mi tío, quien no se quedó tranquilo con que no hubo justicia. Ahora nosotras estamos a cargo. Consideramos esto como parte de nuestro proceso de sanar también, de ir cerrando ciclos, pero cerrando con justicia, no con olvido y resignación, sino con hechos, que se reconozca la verdad y que por fin obtengamos esa reparación que buscamos y que merecemos por derecho”.

A pesar del testimonio de cientos de mujeres campesinas, el trabajo de las organizaciones feministas, los cuatro informes de la Defensoría del Pueblo y los sendos estudios académicos, los casos de esterilizaciones forzadas siguen siendo negados por el ala más conservadora de Perú, con gran presencia en los poderes del Estado. Alejandro Aguinaga, uno de los acusados durante el régimen de Fujimori y actual presidente de la Comisión Ordinaria Relaciones Exteriores, anunció en redes sociales varias veces que convocaría “a expertos juristas para evaluar la permanencia del Perú en la Corte IDH”. Las insistencias se repitieron días después de que el tribunal aceptara juzgar el caso de Ramos. Según dijo, comenzaría los trámites para “desafiliar”. al país del organismo. “Que los países de izquierda lo mantengan”, añadió. “Esto no es una lucha ideológica”, lamenta por su parte Cedano. “Se trata de reparar a las cientos de miles de víctimas”.

Asimismo, el recientemente nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, también ha provocado rechazo entre el movimiento feminista y defensores de los derechos humanos. Este participó como asesor de una tesis que habla del “mito político de las esterilizaciones” creado “por sectores de izquierda unidos a la iglesia católica, sectores conservadores que en una amalgama inusual coincidieron en formular la creencia errónea de la existencia de esterilizaciones forzadas en mujeres de origen humilde”.

“Fue masivo, compulsivo y sistemático”

A Florencia Reggiardo, de CEJIL colitigante del caso, sin embargo, no le cabe la menor duda: “Fue un programa masivo, compulsivo y sistemático dirigido únicamente a mujeres campesinas, para que no se reprodujeran. Esta fue una de tantas otras políticas de Fujimori que atentaron contra los derechos humanos. Este programa está escrito, estuvo vigente. Es irrefutable. Pero hay muchas voces en el Perú que aún lo niegan o miran hacia otro lado”. Para Cedano, el componente racista es fundamental: “En el imaginario colectivo de mi país se sigue hablando de esto como casos aislados. El racismo ha hecho que se justifique. Ahora que la Corte IDH lo tiene en sus manos, los ultraconservadores siguen aferrándose a los mismos argumentos y ataques”.

Por eso, ambas litigantes reconocen que la sentencia de la Corte IDH será sumamente importante para el país y para la región. Una decisión en favor de las denunciantes reafirmaría la tendencia progresista de los tribunales latinoamericanos que ya condenaron a Chile y Bolivia por casos similares en los que compararon las esterilizaciones forzadas con “tortura”. “La importancia de esta decisión es precisamente no retroceder en derechos”, añade Reggiardo. Actualmente, el proceso está en la primera fase, en la demanda escrita. Las abogadas estiman que la audiencia tenga lugar en un año y que la sentencia demore otro año en llegar, aproximadamente.

La acusación pide una disculpa pública por parte del Estado, una compensación económica y becas de estudio para las víctimas, la investigación sobre la esterilización no consentida y políticas públicas que formen a magistrados y sanitarios. “Perú tiene que conocer su historia. Y Fujimori y los demás implicados tienen que recibir una condena”, dice Cedano. “La violencia contra las mujeres no puede quedar impune. No más”.