Deforestación y expectativas: el escenario de la Cumbre de Presidentes Amazónicos de Belém do Pará

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En la Amazonia y todos los territorios que hacen parte de esta región se siente la expectativa. Entre el 8 y 9 de agosto los presidentes de los ocho países que tienen parte amazónica, más algunos asociados, se reunirán en Belém do Pará, Brasil, para emitir una declaración clave para el mundo: decir cómo piensan evitar que esta región llegue al punto de no retorno y afecte aún más el clima del planeta.

Se trata de una reunión política, pero también vital para la existencia. Aunque la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), organismo intergubernamental que constituyen estos países, se creó a finales de los años 70, esta será apenas la cuarta vez que se reúnen. Por esto se espera que, tras esta declaración, la OTCA también se fortalezca en escenarios internacionales. De hecho, los resultados de esta Cumbre de Presidentes Amazónicos se llevarán a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en septiembre y se espera que también sean tenidos en cuenta en la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP28), que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos a principios de diciembre.

Este es el estado en el que seis de los ocho países amazónicos reciben a la cumbre:

Brasil: una renovada visión sobre la Amazonia

La Cumbre, una idea del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es para Brasil una oportunidad de oro para desplegar ante el mundo su nueva visión sobre la Amazonia tras los años de negacionismo y ataques del ex presidente Jair Bolsonaro. El presidente Lula convirtió su promesa de alcanzar la deforestación cero en el año 2030 en uno de los ejes de su política externa, y en los últimos meses ha conseguido que países como Alemania o Noruega vuelvan a aportar dinero al fondo que recoge donaciones internacionales para la preservación del bioma. También se han demarcado nuevas tierras indígenas, se han aumentado los controles y los efectivos de policía ambiental en el campo y se ha librado una dura batalla para expulsar del territorio de los indígenas Yanomami a miles de garimpeiros (buscadores ilegales de oro), en la frontera con Venezuela. En junio, el Gobierno presentó una actualización del plan de lucha contra la deforestación que en los años 2000 logró notables resultados contra la tala ilegal. El volantazo en la política ambiental empieza a notarse: en el primer semestre de este año la deforestación en la Amazonía cayó un 34% y afectó a 2.649 kilómetros cuadrados de selva. Los datos, captados con imágenes vía satélite, son preliminares y deberán confirmarse más adelante, aunque supondrían la consolidación de una tendencia de caída que arrancó el año pasado.

Bolivia: sube la deforestación y el mercurio

El territorio amazónico de Bolivia, que abarca el 8,1% del total de la Amazonia y que comprende más de siete millones de kilómetros cuadrados, enfrenta problemas como la creciente presencia de minería ilegal en la que se utiliza mercurio para extraer oro de ríos que abastecen de agua a las comunidades indígenas y campesinas de la zona, poniendo en riesgo su salud y su desarrollo integral. A esto se suma la deforestación, ya que en el 2022 fueron arrasadas 400.000 hectáreas de bosques vírgenes, un 32% más que en el 2021, según un estudio de la plataforma Global Forest Watch, la que considera a este país como uno de los que más pierde bosques vírgenes a nivel mundial junto a Brasil.

El Gobierno de Bolivia anunció que propondrá en la Cumbre un mecanismo que incluya el trabajo de presidentes e indígenas, de forma articulada y al más alto nivel, para superar los riesgos que amenazan a la cuenca amazónica. “Con este mecanismo se trata de fortalecer la integración y la cooperación para enfrentar los desafíos y retos que se tiene como región, ante a las modalidades y/o condiciones de financiamiento que se disponen para asumir las responsabilidades y compromisos internacionales multilaterales de los cuales Bolivia es parte en temas como cambio climático, agua, bosques, incendios forestales, plataforma de pueblos indígenas y otros”, declaró anteriormente el viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Freddy Mamani.

Colombia: baja la deforestación y propone adiós al petróleo

Este año las noticias fueron buenas para la Amazonia colombiana. Según cifras dadas por el Ministerio de Ambiente, la deforestación cayó drásticamente en la región entre los años 2021 y 2022, marcando una tendencia a nivel nacional. Por un lado, para toda la región Amazónica —que incluye los departamentos de, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés, y parte de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Meta y Vichada— la reducción de la deforestación fue del 36%. Mientras, en el arco amazónico — zona que incluye áreas de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, y que ha sido históricamente donde se ha concentrado parte de la tala de árboles —la deforestación disminuyó un 26%.

Con este escenario alentador es que Colombia se presenta ante la Cumbre con varias propuestas. Algunas de estas, aclaró la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, es probable que terminen en la declaración final y conjunta que hagan los países, como que se incluya la importancia de una agenda andino amazónica, así como el famoso canje de deuda del que ha hablado el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones. Pero también Colombia ha presentado una propuesta más controversial y no precisamente respaldada por los otros Gobiernos: la de no permitir la exploración y explotación de petróleo o combustibles fósiles en la Amazonia. Aunque todavía hay varias dudas y barreras para que llegue a ser parte de la declaración final, la ministra asegura que “la posición del Petro es impulsar a que los congresistas de Colombia radiquen un proyecto de ley al respecto en esta legislatura”.

Ecuador: con los días contados

El Gobierno de Ecuador acudirá a la Cumbre Amazónica con los días contados, ya que el próximo 20 de agosto los ecuatorianos no solo irán a las urnas para escoger un nuevo presidente, sino que también decidirán, en una consulta popular inédita e impulsada por la sociedad civil, si quieren dejar bajo tierra el crudo del bloque 43 ITT, que se encuentra en la reserva más biodiversa del mundo llamada Yasuní, ubicada en la Amazonia. Esta consulta podría abrir la puerta a que la gente decida sobre otros proyectos petroleros y mineros que afectan a las poblaciones indígenas amazónicas, que ya son estas las que sufren las consecuencias de la tala y quema de árboles, la contaminación de ríos, enfermedades, inseguridad por grupos armados, divisiones y enfrentamientos de comunidades. Mientras, la postura del Gobierno ha sido “extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, como dijo el presidente Guillermo Lasso en su informe a la nación en 2022.

Pero Ecuador irá a la Cumbre Amazónica a proponer justo lo contrario, a que toda la región genere “planes y proyectos que procuren la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la transición ecológica, la protección de los bosques y contra todos los tipos de contaminación por plásticos en la tierra”, según respondió la Cancillería. También buscará la cooperación de los países para hacer frente a uno de los fenómenos más frecuentes y devastadores en la cuenca amazónica como son los incendios forestales.

Perú: la primera salida al extranjero de la presidenta

Si en el 2020 Perú alcanzó su pico más alto de deforestación en los últimos veinte años (203 mil hectáreas), el 2022 nos remarcó la gravedad del asunto: según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), el país perdió 144,682 hectáreas de bosque primario, ubicándose en el tercer lugar de la región, solo por detrás de Brasil y Bolivia. Además, Perú llega a esta cita con otra alerta: desde el 2020 hasta la fecha, catorce líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados a manos del narcotráfico, la minería ilegal y los traficantes de tierras. “Es un tema muy crítico que revela la vulnerabilidad de quienes protegen nuestros bosques”, sostiene desde Belém do Pará, Yvette Sierra, periodista peruana del medio especializado Mongabay Latam, quien cubrirá el evento.

La Cumbre también representará la primera salida al extranjero de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió funciones hace ocho meses tras recibir la autorización del Congreso, hecho que no era posible antes porque Perú carece de vicepresidentes y recién hace poco se aprobó que la mandataria pudiese gobernar de forma remota, en medio de cuestionamientos de la oposición. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, ha adelantado que el Gobierno peruano planteará una “propuesta de una Amazonia con rostro humano”, cuyo eje serán los pueblos indígenas. Por su parte, la ministra de Ambiente, Albina Ruiz, ha dejado constancia de los peligros de algunas iniciativas legislativas que atentarían, precisamente, contra las comunidades amazónicas como una que pretende quitarle competencias a su cartera respecto a la Ley Forestal.

Venezuela: grupos armados, minería ilegal y violación de derechos humanos

La presencia de múltiples grupos armados, entre ellos guerrillas como el ELN, garimpeiros y bandas delictivas en complicidad con militares, que se dedican a actividades ilícitas en la porción de la Amazonia venezolana y controlan ese territorio, es una de las mayores preocupaciones que hay sobre el futuro de este ecosistema. Tres de los municipios más violentos del país están en el sur, en Bolívar. Y El Callao, epicentro minero, tiene la tasa más alta de homicidios del país; una situación que se ha agudizado desde que el Gobierno de Nicolás Maduro declaró el Arco Minero del Orinoco, una porción que equivale a 12% del territorio nacional dedicada a la explotación minera.

Se trata de una crisis ambiental, con graves saldos en deforestación, contaminación por mercurio de los ríos y pérdidas de especies. “Es un tema común que la región debe enfrentar de manera coordinada, ya que cualquier país no puede emprender algo solo porque solo va a desplazar el problema”, señala la bióloga Bibiana Sucre, miembro de Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que participa en los eventos paralelos a la Cumbre como parte de la sociedad civil.

Venezuela se ha hecho la vista gorda con estos problemas por años y la crisis de la industria petrolera lo ha llevado a centrarse en la extracción minera. Pero desde que Maduro pasó por la COP27 en noviembre pasado, en Egipto, el tema ha sido incorporado a su discurso y hace unos meses ordenó una operación de desalojo de las minas del Parque Nacional Yapacana, en el Estado Amazonas, donde llegaron a concentrarse hasta 25.000 personas en campamentos ilegales. “El avance de la minería ilegal viene destruyendo la Amazonia de América del Sur y de Venezuela”, dijo Maduro hace un mes, calentando la narrativa para la cumbre presidencial de la OTCA. Aunque la posición del Gobierno venezolano no es clara, asistir a esta Cumbre sí es parte del regreso del líder chavista a los foros internacionales luego del cerco diplomático vivido los últimos años por la crisis democrática que vive el país, clave en su búsqueda de acceso al financiamiento multilateral. El mandatario, sin embargo, se ha excusado por razones de salud para no asistir a la cita y ha enviado a su vicepresidente Delcy Rodríguez.