La diáspora uruguaya reclama su derecho al voto: “Es un deber de nuestra democracia”

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En Uruguay, votar es un derecho y una obligación, pero para los miles de uruguayos que viven en el exterior todavía tiene precio. “Se da el privilegio del voto a quien tiene posibilidades económicas de viajar y se castiga a quien no las tiene”, dice Carlos Caballero desde Noruega. El caso de este maestro uruguayo, de 77 años, es paradigmático: para participar en las elecciones de 2019, debió pagar un ticket aéreo y recorrer los 12.000 km que separan Oslo de Montevideo. Fue la primera vez que consiguió votar desde que se marchó empujado por la crisis económica que atravesó Uruguay en 2002. Y para la cita electoral de 2024 deberá repetir ese trayecto, si su país no habilita el voto a distancia, como sí lo han hecho todas las naciones de Sudamérica, menos la suya y Surinam.

En idéntica situación a la de Caballero se encuentran alrededor de 600.000 uruguayos que residen fuera del país. Están constitucionalmente habilitados para votar, pero solo pueden hacerlo si disponen de los recursos económicos y del tiempo necesario para viajar hasta Uruguay. “En un mundo cada vez más globalizado, cercenar este derecho es una actitud antidemocrática”, señala Caballero a América Futura. Para que esto cambie, considera que hace falta voluntad política, pero también un mayor conocimiento de la sociedad sobre la diáspora uruguaya y el entendimiento de que se trata de un reclamo justo. “No sólo estamos informados, estamos comprometidos con el país”, dice Caballero, que en 2002 cofundó en Noruega la organización humanitaria Hjelpemiddelfondet.

Mientras más de 126 países han avanzado en la instrumentación del voto a distancia, Uruguay se mantiene firme en su posición adversa a generar un mecanismo que lo habilite. Desde el retorno a la democracia, en 1985, ha habido numerosos intentos, pero no tuvieron el suficiente respaldo político y social. El más notorio ocurrió en 2009, cuando se plebiscitó una reforma constitucional en aras de habilitar el voto epistolar o por correspondencia, pero el 63% de los votantes lo rechazó. Más de una década después, en marzo de este año, fue presentado un nuevo proyecto de ley que busca habilitar el voto consular en las elecciones presidenciales y legislativas. Para ser aprobada, la iniciativa necesita los votos de dos tercios de las cámaras, algo que no parece viable en el actual contexto político, inclinado a mantener las cosas como están.

“Es un debe de nuestra democracia que no cuaja con el espíritu tradicionalmente republicano del país, ni con su realidad económica, social y cultural contemporánea”, dice desde Francia la uruguaya Fernanda Mora, doctora en Filosofía y consultora internacional. Mora recuerda que desde el Imperio Romano se ha facilitado el voto a la distancia y actualmente es un mecanismo ampliamente implementado en el mundo, donde la movilidad geográfica es una realidad estructural. Asimismo, coincide con Caballero en que la resistencia uruguaya se debe en buena medida al escaso conocimiento de la opinión pública sobre los impactos sociales, culturales y económicos de la contribución de la diáspora en el desarrollo sostenible del país.

El aporte de la diáspora uruguaya al desarrollo

Entre los numerosos ejemplos citados por Mora, despunta la labor humanitaria que lleva adelante el propio Caballero. La organización de la que es cofundador ha enviado a Uruguay 140 contenedores con material valuado en 26 millones de dólares, destinado a discapacitados y centros educativos y hospitalarios. “No somos los únicos. Decenas de merenderos, ollas populares o escuelas rurales son apoyados desde hace años por la diáspora, que siempre estuvo presente cuando ocurrieron catástrofes climáticas”, dice Caballero. Apunta que ese aporte se suma al de otros miles de migrantes uruguayos que, según el Banco Central de Uruguay, solo en 2022 enviaron remesas familiares e inyectaron a la economía uruguaya 154 millones de dólares.

Habitado por tan solo 3,4 millones de personas, Uruguay suele ser caracterizado como un “país de cercanías”, en el que —al decir de muchos políticos— todos sus habitantes terminan por conocerse. Siguiendo ese razonamiento, la mayoría de ellos guardaría alguna relación, parentesco o amistad, con los 600.000 uruguayos que viven fuera de fronteras. Según los registros históricos, una parte de ellos debió marcharse en tiempos de persecución política durante la dictadura (1973-1985) y otra importante en la crisis económica de 2002. Pero según explica Mora, el flujo migratorio no ha cesado y se ha vuelto cada vez más complejo. Entre la diáspora sobresalen los astros del fútbol, músicos y poetas, continúa Mora, pero también hay científicos, obreros, académicos, camareros, estudiantes, empresarios, que de una u otra forma participan en 25 consejos consultivos y 132 asociaciones, en por lo menos 20 países.

“Hoy en día no solo hay más personas migrantes en el mundo, 128 millones más que en 1990. La tecnología, como las redes sociales y el fintech, les permite vivir vidas transnacionales manteniendo actividades sociales y económicas en dos o más países”, le dice a América Futura Roberto Cancel, especialista regional de la Organización Internacional para las Migraciones. Cancel recuerda que las personas migrantes “tienden puentes” entre sus países de destino y origen, transfiriendo de esta manera importantes recursos de capital humano, social, cultural y económico, que son motores de la estabilidad y el desarrollo sostenible. “Una mayor participación en la vida cívica del país en muchas instancias facilita estas contribuciones”, añade.

Una diáspora tan diversa como los motivos tras de ella

A partir del reclamo de la diáspora uruguaya, en 2013 y 2016 la Institucional Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) reseñó en dos informes los fundamentos jurídicos, normas nacionales e internacionales, del derecho al voto en Uruguay y concluyó que la residencia en el exterior no es causal de cese o suspensión de la ciudadanía. “Es necesario instrumentar un mecanismo para que se pueda ejercer este derecho consagrado constitucionalmente y amparado por los instrumentos internacionales”, reseñaba. La Inddhh pedía expresamente al sistema político que superara los intereses partidarios a fin de promover los consensos para garantizar el ejercicio de este derecho “esencial al funcionamiento del sistema democrático”.

Lejos de superarse, los intereses partidarios permanecen en posiciones inconciliables. El voto de los uruguayos en el exterior ha contado históricamente con el respaldo de la izquierda y la negativa de los partidos de centroderecha. Quienes se oponen arguyen que ese caudal de votos incidiría de tal forma que definiría el resultado de una elección. En ese sentido, aún está muy extendida la creencia de que el voto de la diáspora se inclinaría hacia la izquierda, con la mirada fijada en el exilio político de los años 70 y 80. Ese pronóstico es rechazado por la Coordinadora por el Voto en el Exterior, porque, según afirma, en pleno siglo XXI, la diáspora es tan diversa como los motivos que hay detrás de su existencia. Además, remarca: “El derecho ya existe, nuestra Constitución no impide el ejercicio del sufragio por el lugar de residencia”. Desde marzo, sus integrantes aguardan expectantes y siguen de cerca el trámite del proyecto de ley por el voto consular que está en el Parlamento.

Consultado por América Futura, el constitucionalista Martín Risso sostiene que no habría limitaciones para establecer por ley el voto en embajadas o consulados, pero señala que sería preciso determinar cómo se instrumentaría de modo que no afecte el principio de igualdad, dado que no en todas partes hay representaciones diplomáticas uruguayas. Risso es partidario de una solución “a la italiana”, de ceñir el voto desde el exterior a la elección de un determinado número de bancas legislativas que representen a la diáspora. “Creo que sería la forma de que la voz de esos ciudadanos uruguayos fuera conocida y tuviera peso en Uruguay”, dice Risso. Esto requeriría, agrega, una reforma constitucional.

Más allá de una u otra modalidad, la Coordinadora por el Voto en el Exterior aboga por un cambio de pensamiento en favor de un concepto de “ciudadanía inclusiva” que deje atrás el de “ciudadanía territorial excluyente”. Desde Noruega, el maestro Caballero subraya que instrumentar este derecho es una cuestión de “justicia y pertenencia”. “Somos muy perseverantes en esta lucha porque sabemos que estamos exigiendo un derecho que la Constitución y la democracia nos confieren”, concluye.