Sandra Carolina Mena: “El Salvador obliga a que fetos inviables nazcan con angustia”

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La doctora Sandra Carolina Mena Ugarte (San Salvador, 45 años) habría preferido no ser pionera en su investigación médica. En febrero publicó un estudio ginecobstétrico que da cuenta de cómo aumentan los riesgos de morbilidad materna como consecuencia de la penalización absoluta del aborto en su país, El Salvador. En concreto, estudió qué pasa con las mujeres a las que se les obliga a llevar a término gestaciones en las que se han detectado alguna de las 18 enfermedades congénitas incompatibles con la vida. “No se ha investigado antes porque en otros países nadie fuerza a llevar a término embarazos anencefálicos”, explica detrás de una mascarilla en su clínica privada de la capital. Los resultados son alarmantes: “Se está enfermando a mujeres que entraron sanas, y que lo seguirían estando si se les permitiera optar por el aborto terapéutico”.

La anencefalia (cuando un feto se desarrolla sin cráneo o cerebro) es una condición que se sospecha en la octava semana de gestación y se confirma en la onceava; con apenas tres meses. Sin embargo, como en El Salvador el aborto es un delito en cualquier circunstancia, las mujeres continúan gestando seis meses más, esperando un milagro. En el país centroamericano, este servicio médico está penado con hasta 12 años de cárcel, tanto para el paciente como para el doctor que lo efectúa o recomienda. Sin embargo, también se les puede condenar por homicidio agravado, un tipo penal que llega hasta los 50 años de cárcel. Así que una mujer salvadoreña a cuyo feto diagnostiquen una patología inviable fuera del útero solo tiene dos opciones: parirlo y enterrarlo o arriesgarse a acabar en la cárcel.

Según el estudio, coescrito por María Virginia Rodríguez Funes y Jocelyn Viterna, más de la mitad de las embarazadas analizadas (54,9%) experimentaron al menos una complicación de salud grave vinculada a la gestación, mientras que el 47,9 % de las mujeres se sometieron a un procedimiento médico físicamente invasivo para controlar las complicaciones, incluidos partos por cesárea, amniocentesis de descompresión, descompresión de la cabeza fetal y, en uno de los 239 casos, estudiados entre 2013 y 2018, una histerectomía completa (extirpar el útero). “Continuar con un embarazo riesgoso o inviable, a no ser que sea por la voluntad de la madre, raya lo iatrogénico [un daño en la salud provocado por un médico o medicamento]. En El Salvador se es proparto, no provida”.

Con el término provida, la antigua coordinadora del Comité de Malformaciones del ministerio de Salud hace referencia a un movimiento religioso y ultraconservador, con mucha fuerza en el país centroamericano, que está dificultando avanzar en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es normal ver a estos colectivos ir a rezar frente a las sedes de organizaciones feministas o acosar a las mujeres que defienden su derecho a decidir. Hace apenas un mes, volvieron a hacerlo. El 22 de marzo se celebró la histórica audiencia de Beatriz vs El Salvador, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar las consecuencias de la legislación antiaborto, la más restrictiva de América.

Cuando Beatriz, la joven cuyo caso inspiró la demanda en la Corte IDH, fue a someterse a una cesárea para extraerle un feto que, se sabía, llegaba sin cráneo ni cerebro, este grupo le envió una cuna y gorritos de lana al hospital. “Es curioso que le pongan el asterisco a esa máxima de proteger la vida cuando se trata de la mujer y no del feto. Con esta política y todo el acoso, las mujeres dejan de ir a consulta. Buscan soluciones fuera”.

Esta realidad también la refleja el análisis. Una de cada diez pacientes suspendieron la atención médica después de recibir el diagnóstico de malformación fetal fatal. Esto, según las organizaciones feministas del país, suele ser un indicador de que buscan poner fin al embarazo de manera clandestina y, por ende, insegura. Y cuando no es esta quien abandona el sistema sanitario es el sistema quien la abandona a ella. “Existe una creencia muy perversa de los doctores que, cuando van a atender un parto así, fuerzan a que sea vaginal porque no amerita una cesárea. Dicen: ‘Total, si se va a morir’. Entonces, por un lado las obligas a parir y por el otro acabas recibiendo a bebés decapitados durante el proceso del parto”, explica. “Hasta que la ley cambie, al menos debería de ser central que se vigile de cerca a estas mujeres, porque están en riesgo”.

Medicina paternalista

Para la doctora Mena, lo “verdaderamente cruel” de la penalización de abortar en estos casos no es tanto la prohibición en sí como la irrelevancia que le da el Estado a la voluntad de la mujer, o lo que ella llama la medicina “paternalista”. “Hay mamás que buscaron mucho tener un hijo y que, aunque sepan que se va a morir al nacer, quieren alargar lo máximo posible su maternidad. Nuestro trabajo es entonces llevar un seguimiento riguroso con ella y con el feto para que este sufra lo menos posible. Pero para muchas otras mujeres, esto es una absoluta aberración”, cuenta. “En mi país, la realidad es esa. La ley no les pregunta a ellas: ¿tú qué quieres?”.

Otra de las grandes ironías de la posición de El Salvador frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es la propia percepción de vida. La ley antiaborto se apoya en que la Constitución recoge desde 1998 que la vida comienza en la propia concepción. Así, cualquier interrupción del embarazo, siempre será considerada como asesinato. Sin embargo, El Salvador sí permite la fecundación in vitro, un proceso de reproducción que ronda los 8.000 dólares y que conlleva la muerte de entre seis y nueve embriones por cada niño nacido.

“La diferencia entre uno y otro es el dinero. ¿Quiénes acceden a tratamientos in vitro? Quienes pueden pagarlo; esas mujeres jamás irán a la cárcel. Pero la legislación afecta, como siempre, a las mujeres pobres”, zanja Mena, quien matiza no estar en contra del tratamiento, sino de la “incoherencia” de las normativas. “A El Salvador le parece bien irrespetar la Constitución para atender los deseos de mujeres sanas que quieren embarazarse, pero no cuando son niños incompatibles, mujeres con riesgo de vida y mujeres violadas”.