Las ciudades argentinas se alían con las empresas B en la búsqueda de un “capitalismo más humano”

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“Ley de humedales ya”, “Basta de quemarnos” se lee en pancartas colocadas a la entrada de Rosario, la tercera ciudad más importante de Argentina. La degradación ambiental se ha hecho muy visible aquí en los últimos años debido a los incendios que arrasan las islas del río Paraná: el humo asfixia y provoca problemas respiratorios a sus habitantes. En ese contexto de emergencia climática, con la ciudadanía movilizada a favor de la protección del ecosistema ribereño, la ciudad busca transformar el paradigma de desarrollo y apostar por un modelo económico más sostenible y equitativo.

“De 40 años para abajo, la conciencia ambiental es fuertísima”, aseguró el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, durante el Encuentro nacional del movimiento global B celebrado en la ciudad el pasado viernes y que reunió a actores clave para acelerar las nuevas economías en Argentina. La falta de reacción del Estado nacional ha llevado a las grandes ciudades a tomar la delantera. Mendoza fue la primera ciudad argentina en poner en marcha y acompañar iniciativas ciudadanas para promover cambios y Rosario busca ahora seguirle los pasos.

En esa transición, hay un puñado de empresas que pide tener un rol clave. A diferencia de la mayoría de negocios, no miden el éxito sólo por la rentabilidad económica, sino también por la contribución positiva a la sociedad y el medio ambiente. Estas compañías quieren ser tenidas en cuenta como agentes de cambio y exigen a los gobiernos leyes que las reconozcan y las favorezcan.

En Latinoamérica, cerca de 900 firmas han recibido hasta la fecha la certificación internacional de empresas B que se otorga por su desempeño social y ambiental. De esas, un total de 192 están en Argentina, según los datos de Sistema B, una organización sin fines de lucro que brinda herramientas para transformar modelos de negocio tradicionales en negocios de triple impacto (los que generan valor económico, social y ambiental), y crear otros de cero con esta filosofía.

“En Sistema B consideramos que las empresas pueden y deben ser agentes de cambio que guíen el camino hacia una economía más equitativa, inclusiva y regenerativa, y asegurar el desarrollo sustentable de las comunidades, al mismo tiempo que de sus propios negocios”, asegura la copresidenta de la organización, Cecilia Peluso.

“Buscamos ser un puente para que cada vez más empresas se atrevan a transitar el camino hacia un capitalismo más humano, justo y sustentable. Estamos convencidos de que eventualmente este será el único camino posible para hacer negocios”, asegura.

“¿Qué sentido tiene una economía que crece financieramente pero, por su misma naturaleza, aumenta la inequidad, acaba los recursos de la tierra y profundiza la exclusión de las personas?”, interpeló el empresario Pedro Friedrich a los participantes del Encuentro nacional del movimiento global B. Su compañía, Tonka, creada en los años noventa, viró hacia las energías alternativas hace una década y hoy fabrica y comercializa generadores y bombas solares y estructuras para paneles.

Ley BIC

Una de las principales demandas realizadas desde el sector empresario es la aprobación de la ley de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que brinda reconocimiento legal a las compañías que integran la creación de valor económico, social y ambiental.

Países como Perú, Ecuador y Colombia ya cuentan con una ley BIC, pero en Argentina ninguno de los tres proyectos presentados ante el Congreso ha tenido tratamiento parlamentario. Los propietarios de empresas de triple impacto consideran que con ese reconocimiento legal sería más fácil acceder a compras preferenciales por parte de instituciones públicas u obtener facilidades crediticias.

Estos actores reclaman también un cambio cultural. “Es difícil porque al cliente lo que le importa es el precio”, asegura Peluso, dueña de la empresa de servicios de limpieza Limpiolux. Otros factores —como el impacto de la compañía en el medio ambiente, el trato a los trabajadores, la calidad del servicio o la transparencia— quedan en segundo plano en un país como Argentina donde casi la mitad de la población trabaja en el sector informal y es habitual que las empresas ofrezcan descuentos si no se hace factura. Las empresas B son por ahora gotas de agua en el vasto caudal del Paraná, pero confían en que serán cada vez más a medida que crezca la urgencia ambiental.

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