El resultado de las elecciones a presidente en Colombia, ante un voto ‘finish’ y el temor al fraude y las impugnaciones

Colombia llegó a la segunda vuelta presidencial con miedo a que los resultados sean tan estrechos que alguno de los candidatos no los acepte y, mientras se hacen las verificaciones, pueda desatarse un estallido social. Desde hace meses, tanto desde la izquierda como desde la derecha se habla de la posibilidad de fraude electoral. La credibilidad de las instituciones electorales, además, está bajo mínimos.

Una vez se cierran las votaciones, los resultados se conocen rápidamente. Sin embargo, esos datos que se conocen como preconteo son meramente informativos. “Los resultados preliminares buscan dar confianza, básicamente que el día de las elecciones la gente se vaya a dormir tranquila y no nos matemos”, explicó la física Pilar Sáenz, Coordinadora del Laboratorio de Seguridad digital y privacidad K+LAB de Fundación Karisma.

El sistema electoral colombiano es mixto: tanto el voto como el preconteo son manuales, pero también participan dos softwares para la divulgación y el escrutinio, contratados por el Estado. Cuando se cierran las votaciones, los jurados- que son ciudadanos elegidos al azar, usualmente funcionarios públicos- se encargan de contar los votos y consignar los datos en unos formularios llamados E14. Lo hacen bajo la observación de testigos electorales, estos sí militantes y voluntarios inscritos por los partidos. En estas elecciones, el movimiento de Petro inscribió a 72.321 testigos; mientras Hernández postuló a 69.063 por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Los llamados E14, un nombre común entre los colombianos, se llenan por triplicado. Unos son recogidos por la empresa UT Disproel que los dicta a una central telefónica y alimentan en tiempo real la información que conocen los ciudadanos el día de las elecciones. El otro, E14 delegados, va a una estación de digitalización y es escaneado para terminar en la página de la Registraduría. Y el tercero, que es el más importante, se conoce como E14 claveros y es el que va al escrutinio, que es el proceso legal.

Los datos del escrutinio que hacen unas comisiones integradas por jueces, magistrados y testigos y el Consejo Nacional Electoral son los que tienen validez jurídica y comienzan también el mismo domingo. “Durante el escrutinio las candidaturas usan la información que da la Registraduría y la de sus testigos para vigilar los votos a medida que se consolida y también pueden reclamar y pedir reconteos de mesas para asegurar la legitimidad del proceso”, explica la Fundación Karisma. Desde las legislativas, los partidos tienen equipos de analítica de datos verificando la información de cada mesa.

Usualmente no hay grandes diferencias entre preconteo y escrutinio e históricamente los candidatos suelen aceptar la derrota el mismo día de las votaciones, pero como afirman los expertos de Karisma, “con un margen pequeño cualquier cambio puede cambiar al ganador”. Y si, ante un voto finish, los candidatos no aceptan esos resultados iniciales, comenzaría un proceso de reclamaciones que duraría varios días y pondría el país a la espera de saber quién es su nuevo mandatario.

La desconfianza en la Registraduría, el órgano encargado de las elecciones, se agudizó después de que, en las legislativas, no fueran contados inicialmente 700.000 votos del Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro. Y este domingo, las denuncias del candidato a través de redes sociales de que había algunos tarjetones marcados en blanco o por su contrincante, Rodolfo Hernández, volvieron a agitar la idea de fraude.

Sin embargo, las mayores reservas han sido con relación al software de escrutinio, diseñado por la empresa española Indra. El sábado se filtró un video de esta compañía en la que presentaba un simulacro de divulgación de resultados y se veía una diferencia mínima que daba victoria a Hernández, un millonario de 77 años. El Registrador Alexander Vega tuvo que salir a dar explicaciones y aseguró que el organismo que dirige “no hace simulacros ni proyecciones estadísticas sobre resultados”. Insistió en que no hay posibilidad de fraude y que la auditoría que contrataron certifica la transparencia del proceso.

Pero expertos en seguridad digital y representantes de los partidos señalan que las explicaciones no son suficientes porque nunca hubo una auditoría independiente ni se entregó información en detalle sobre la que contrató el Registrador. “La Registraduría menciona la transparencia, pero no explica por qué en un simulacro resultan las imágenes que vimos, ni lo que está pasando en sitios como el Consejo Nacional Electoral (CNE) que visualizan los datos de las elecciones. Tampoco nos dice qué base de datos está alimentando hoy la API (interfaz de programación de aplicaciones)”, dijo la Fundación Karisma, una fundación experta en seguridad digital y derechos sociales que ha hecho una veeduría al software de escrutinio desde 2018. Karisma ya había señalado que el software presenta “vulnerabilidades” y que hay “cajas negras” y la Misión de Observación Electoral (MOE) había señalado que era lamentable que no se hubiera hecho ningún tipo de auditoría independiente a ninguno de los softwares.

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