La justicia transicional de Colombia conserva el apoyo de la ONU pese a las reticencias del Consejo de Seguridad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado con el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, seguirá contando con el apoyo de las Naciones Unidas. Este respaldo estaba en el limbo tras el voto del pasado viernes del Consejo de Seguridad de recortar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en el seguimiento a las sanciones restaurativas y al capítulo étnico. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha confirmado este jueves que será su oficina la que procederá con estas tareas, pues también están en su encargo y son fundamentales para mantener la legitimidad internacional de lo pactado en 2016.

“El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia seguirá planeando de manera coordinada nuevas formas para apoyar el cumplimiento de las sentencias restaurativas impuestas por la JEP”, ha informado el equipo de ONU Colombia en un comunicado, en referencia a un asunto pendiente que resultará fundamental para esa justicia transicional. El acuerdo del mandato entre el Estado y el ACNUDH determina que esta puede ejercer funciones como “acompañar la implementación sobre los derechos de las víctimas (...) y colaborar en la verificación de la implementación y cumplimiento de las sanciones impuestas por el mecanismo transicional de justicia penal”, es decir, que el apoyo a las comunidades étnicas y a la JEP también están bajo su jurisdicción.

Desde ACNUDH aseguran que, aunque esas tareas estaban contempladas en su mandato, se las cedieron enteramente a la Misión de Verificación cuando esta fue creada en 2017. Ahora las retomarán de manera integral. “Nos habíamos quitado para no piarnos con otra agencia. Ahora que el Consejo de Seguridad le ha eliminado esas funciones, nosotros la supliremos”, dice una fuente de la oficina nacional. “Es un placer continuar apoyando a la JEP, acompañando a las víctimas, a los comparecientes y a todos los actores involucrados en este proceso de justicia transicional”, reacciona por mensaje de texto Scott Campbell, representante de la agencia en el país.

La JEP también ha celebrado en un comunicado el “indeclinable respaldo” de la ONU a su trabajo. “El Sistema de las Naciones Unidas nos ha manifestado su apoyo permanente en la búsqueda del restablecimiento de los derechos de las víctimas y de la seguridad jurídica para los comparecientes. Es un mensaje de claridad y de tranquilidad para las víctimas, los comparecientes y para todo el país: el acompañamiento internacional sigue intacto”, ha mencionado Alejandro Ramelli, magistrado y presidente del tribunal especial.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el pasado viernes renovar por un año más el trabajo de la Misión de Verificación, pero para que solo mantuviera tres de las cinco tareas que seguía previamente: la reforma rural integral, la reintegración de los excombatientes y la garantía de seguridad de las comunidades. Pese a esos ajustes, encomendados por Estados Unidos, el texto no contó ni siquiera con su respaldo, que junto con Rusia, se abstuvo en la votación.

“Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, Estados Unidos ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”, dijo entonces el embajador estadounidense, Michael Waltz. El diplomático también señaló que las relaciones entre Washington y Bogotá “serán mejores” una vez acabe el Gobierno de Gustavo Petro, dando la pista de que su voto en blanco tuvo una motivación política.

Miroslav Jenča, nuevo jefe la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, asegura que “independientemente de las relaciones bilaterales” de ambos países, “podemos decir que el compromiso de las Naciones Unidas sigue intacto”. “Las abstenciones son una de las formas en que los países expresan sus posiciones. Evidentemente, la votación del viernes reflejó que el mandato de la Misión no es una decisión unánime del Consejo de Seguridad, como lo había sido hasta ahora. Lo importante es que, incluso en ese contexto, se reiteró el apoyo a la paz en Colombia”, apunta el diplomático eslovaco en una respuesta escrita.

Para Jenča, los “ajustes del mandato” no representan “un menor compromiso internacional” con el Acuerdo de Paz. “En la sesión del pasado viernes, fue clara la manifestación de los países del Consejo de Seguridad con ello”, recalca.

Una JEP cuestionada

Antes del anuncio del ACNUDH este jueves, figuras en varios frentes habían lamentado las implicaciones de la decisión tomada en Nueva York la semana pasada. Para la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, excluir el capítulo étnico era un “retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos”. Por su parte, Rodrigo Londoño, exjefe de las extintas FARC, le envió el pasado lunes una carta a Gustavo Petro para que Colombia pidiese al Consejo de Seguridad (órgano al que ingresará como miembro no permanente en enero) que reconsidere su decisión.

Julián Gallo, excomandante de las FARC y ahora senador del partido Comunes, apunta que la Misión ha jugado un “rol muy importante” como mediador entre la JEP y quienes fueron miembros de la guerrilla. “La JEP no tiene potestad de verificar sus propias sanciones y por eso debe haber alguien externo”, indica en una conversación telefónica. Se refiere a que para los excombatientes es fundamental que un tercero revise si los castigos que se imponen encajan dentro de lo acordado y se realizan de forma efectiva. El congresista considera que el órgano rector de la ONU perdió la confianza en el tribunal especial por su “dilación” para emitir sentencias.

La JEP dictó en septiembre, tras ocho años de trabajo, sus primeras dos sentencias. Una, contra el último secretariado de las FARC por miles de secuestros. Otra, contra 12 exmilitares por el caso de los llamados falsos positivos en la Costa Caribe. En ambos fallos, las sanciones restaurativas y de memoria fueron criticadas por los políticos contrarios al Acuerdo de Paz y por algunas reconocidas víctimas, como la política Ingrid Betancourt.

Según Gallo, uno de los condenados por secuestro en septiembre, “hasta la fecha no hay un proyecto serio, con financiamiento, que permita cumplir esas sanciones”. El senador también achaca la culpa al Gobierno Petro, especialmente por su política de paz total. “Nosotros la apoyamos, pero siempre fuimos críticos de que la Misión se dedicara a tareas de otras negociaciones sin tener acuerdos avanzados. Eso sometió al equipo a un desgaste y en las intervenciones [en la ONU], uno se da cuenta de que no está clara la división del Acuerdo con la paz total. Mezclar ambas cosas le hizo perder el respaldo político”, alega.

Desde ACNUDH reconocen que aún no está claro cuándo y de qué manera retomarán las tareas que abandona la Misión y afirma que probablemente habrá un periodo de transición. En todo caso, las primeras sentencias de la JEP fueron proferidas hace seis semanas y aún no han sido ejecutadas. Por eso, el trabajo de verificación sobre estas sanciones restaurativas apenas comienza.