El Ministerio de la Igualdad, en la mira por ejecutar solo el 2,4% de su presupuesto

Una de las apuestas más prominentes del Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro fue la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Una cartera encargada de reducir las brechas estructurales en el país más desigual de Latinoamérica y de apoyar a los colectivos vulnerables a la violencia sistemática como las mujeres, las personas discapacitadas, los indígenas o los niños y adolescentes. Es un elemento central para el llamado “Gobierno del cambio”. Casi un año y medio después de su creación, la ejecución del presupuesto anual de la entidad encabezada por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, es de un ínfimo 2,4%.

Las cifras oficiales muestran que de los de 1,8 billones de pesos (unos 400 millones de dólares) que tiene para 2024, ha desembolsado menos de 40.000 millones de pesos (menos de 10 millones de dólares). La mayoría del dinero, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, se ha destinado a salarios y prestaciones sociales de sus empleados.

La lenta implementación de los proyectos ha causado críticas en el Congreso de la República, donde la ministra se ha defendido con datos sobre sus avances, que muestran que el rezago se mantiene incluso en los datos que más positivos: “¡Estamos ejecutando! Podemos decirle con orgullo al país que el 25% del presupuesto ya está siendo utilizado de manera efectiva y el 32% está en proceso de contratación”, dijo en un debate de control político la semana pasada. También indicó que el presupuesto cayó a 1,6 billones por un recorte debido al déficit fiscal y que ya está comprometido (definido a qué proyectos se destinará) el 94%.

El viceministro para las poblaciones y territorios excluidos, Javier Plazas, reafirma esos argumentos. “Se hacen lecturas convenientes sobre los números de la ejecución presupuestal y se desconoce cuál es el proceso para ejecutar”, asegura en un diálogo con EL PAÍS en la sede del ministerio en el centro de Bogotá. Para él, que entró en el cargo en abril, la opinión pública no puede “desconocer la complejidad” de la cartera. “No podemos hacer giros y entregar dinero si los proyectos no están finalizados”, explica el jefe de la oficina con más responsabilidades en el Ministerio. El contraste con otros ministerios es abismal: Minas ha pagado el 52,9%, Agricultura, el 35,14%; o Interior, el 26,3%.

Otra de las grandes críticas a la entidad es que duplica las funciones de otras instituciones. Para el senador opositor Carlos Motoa, tiene tareas muy similares a las que llevaban ministerios como Interior o entidades como del Departamento para la Prosperidad Social. Plazas lo niega: “El hecho de que se repitan los nombres de algunas direcciones, no quiere decir que las tareas sean las mismas”. Sin embargo, concede en que han debido coordinar con carteras como Vivienda o Exteriores para articular programas sobre el acceso al agua potable o a la integración de los migrantes, respectivamente.

Un revés tras otro

La cartera que dirige Márquez desde su creación, en junio de 2023, ha sufrido varios reveses. El más importante es que la Corte Constitucional anuló la ley que le dio origen, al considerar que se saltó el requisito de contar con un aval fiscal de Hacienda. Los jueces permitieron que la institución pueda seguir operando hasta 2026, para darle plazo al Gobierno de presentar una nueva ley.

Otros problemas son internos: en menos de dos años la plantilla ha sufrido cambios de gran calado. Luz María Múnera y Diana Gómez renunciaron precipitadamente en abril a los viceministerios de Poblaciones y Territorios Excluidos y Mujeres, respectivamente. Un centenar de organizaciones lamentaba entonces la salida de Gómez, a quien consideraban que tenía una buena legitimidad en asuntos feministas. En octubre se confirmó la salida de Gareth Sella, viceministro de Juventud. Para Plazas, se tratan de casos aislados y no obedecen a un patrón: “No es normal la rotación, pero en estos cargos es relativamente fácil que te recluten de otros sitios”.

Pese a ello, la sociedad civil ha planteado varios cuestionamientos. “El ministerio no ha creado ninguna medida efectiva para que no se sigan asesinando a mujeres. No se ven medidas de prevención y la situación en Bogotá, Medellín y Cali sigue siendo alarmante”, reclama en una conversación telefónica Viviana Bohórquez, directora de la ONG feminista Jacarandas. “No sé si la inconstitucionalidad que declaró la Corte les cortó las alas”, apunta. Otras organizaciones temen que la baja ejecución de la cartera precipite su desaparición y se ponga el riesgo uno de los pocos mecanismos estatales de la defensa de los derechos de las mujeres.

Márquez ya dio señales de que el nuevo proyecto de ley para volver a crear el Ministerio se presentará antes de que se acabe el año, aunque quedan solo cuatro semanas legislativas. Por su parte, el viceministro Plazas es optimista con el futuro de su cartera: “La mejor manera de defendernos de las críticas es con resultados y el 2025 va a ser un año de oro para nosotros y así podremos demostrar por qué es necesario que esta entidad exista”.