El desastre de la reforma al Sistema General de Participaciones
En el Congreso avanza un proyecto para aumentar el dinero que se les entrega a municipios y departamentos. Se presenta como una reforma que pretende aumentar la autonomía de las regiones, pero lo que no se dice es que puede quebrar las finanzas públicas
Avanza en el Congreso a toda marcha un proyecto de acto legislativo que reforma los artículos 357 y 358 de la Constitución, vale decir, el Sistema General de Participaciones. Se busca aumentar la proporción de transferencias a departamentos y municipios, pasando de 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación, el PIB actual, al 46,5% en un periodo de diez años, lo cual equivaldría llegar al 8,4% del PIB.
El centro independient...
Avanza en el Congreso a toda marcha un proyecto de acto legislativo que reforma los artículos 357 y 358 de la Constitución, vale decir, el Sistema General de Participaciones. Se busca aumentar la proporción de transferencias a departamentos y municipios, pasando de 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación, el PIB actual, al 46,5% en un periodo de diez años, lo cual equivaldría llegar al 8,4% del PIB.
El centro independiente de investigación económica y social Fedesarrollo considera que ese aumento del 65% en las transferencias del Sistema General de Participaciones significaría 60 billones de pesos adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de 44 billones de pesos. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud. Para los políticos del Congreso este horror se presenta como una reforma que pretende aumentar la autonomía de las regiones y ha logrado el apoyo casi unánime de todos los sectores representados en el “altar de la patria”.
Consideran sus promotores que una norma que redistribuya las competencias entre la Nación y las regiones se tramita en dos años, lo cual no deja de ser una quimera. Ahí está la trampa, asumir el riesgo de quedarse con el acto legislativo sin que se apruebe la ley de redistribución de competencias. Antes de ese difícil equilibrio se requiere modificar la proporción que el proyecto le otorga a las regiones y que, según Fedesarrollo, no puede pasar del 30%.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación no apoyan el proyecto y tienden a coincidir con Fedesarrollo. Según La Silla Vacía, el ministro Bonilla se ha convertido en el principal obstáculo para el proyecto descentralista del ministro Cristo. Hacienda sostiene que implica unos costos fiscales recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas. El proyecto puede generar un desbalance fiscal y poner en riesgo la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente de los recursos.
Planeación considera inviable la propuesta; si bien es cierto que hay un mandato de descentralización y fortalecimiento de las autonomías, Colombia aún no es sostenible en cuanto a generación de ingresos para su funcionamiento.
Existe sí una coincidencia en la necesidad de atender las pretensiones de crear un mecanismo de descentralización para fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, en especial aquellas que se encuentran más atrasadas, lo mismo que el diseño de mecanismos más robustos de evaluación y control.
El ministro del Interior, promotor del proyecto que puede quebrar las finanzas públicas, un permanente ilusionista del acuerdo nacional, recibe una bofetada del más arriba cada vez que logra achicar diferencias con el sector privado. El ministro Cristo supone que la manera de salir de este bollo de la reforma que predica el aumento de la autonomía de las regiones es el imposible acuerdo nacional. Se necesita que la opinión pública le ponga el ojo crítico a este bodrio.