Los presos que mueren de hambre en la prisión que fue parte de la opulenta hacienda de Pablo Escobar

La cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, se llama El Pesebre. Está rodeada de hipopótamos, tigres, elefantes, jaguares, cebras, leones y otros 1.400 animales que viven en la Hacienda Nápoles, el predio más icónico y costoso que dejó Pablo Escobar en Colombia. En la entrada recibe un letrero que dice “Bienvenidos a la verdadera aventura salvaje”. De fondo, dos placas más: a la derecha, una que indica el camino a la Hacienda, y a la izquierda, uno del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) que marca la ruta hacia la prisión donde los reclusos denuncian que se están muriendo de hambre. Van 15 fallecidos en los últimos 18 meses por enfermedades asociadas a la desnutrición.

“Le llaman la cárcel de la muerte”, cuenta Jorge Carmona, un veedor penitenciario que ha asumido la vocería de las familias de las personas privadas de la libertad recluidas allí. “Es la prisión de la muerte porque saben que si su familiar llega a caer ahí, es probable que no salga vivo”, dice vía telefónica a este diario. En octubre pasado, en su momento más crítico, El Pesebre llegó a sumar 460 hombres (de 1.612 en total) en estado de desnutrición o delgadez extrema y con alto riesgo de desarrollar enfermedades por ello. Era el 26% de ellos, uno de cada cuatro. Luz Dary Estupiñán, subdirectora de Salud del INPEC, explica en entrevista con este diario que el año pasado identificaron 66 casos de tuberculosis y 14 de varicela, enfermedades que se extienden fácilmente entre poblaciones encerradas. Comenta que han mitigado los brotes, y que quedan ocho personas con tuberculosis y dos con varicela.

La mayoría de entidades atribuyen la desnutrición de los presos al consumo de sustancias psicoactivas que hay en esa prisión. Un recluso que habló con EL PAÍS bajo la reserva de su identidad, cuenta que en El Pesebre se consigue desde un cacho (cigarrillo) de marihuana, hasta tusi y fentanilo, una droga sintética que ha dejado 30 muertos en una década en Colombia. “Muchos llegan a cambiar comida por droga, porque prefieren drogarse para no vivir con hambre”, escribe. Los trueques tienen precio, explica: un “pase” de cocaína, una sola inhalación, cuesta 6.000 pesos (1,5 dólares) o un plato de comida. Lo que tengan entre las manos.

Eso lo refuta el veedor Carmona, quien dice que, a su juicio, la desnutrición no está relacionada con el consumo de drogas sino con la mala alimentación. Y explica que cuando hacen veedurías, ese día sirven banquetes a los presos. “Ellos sacan las manos por las rejas y me agarran la pierna diciéndome que vaya más seguido, que vaya todos los días porque el día que anunciamos visita, ese día sirven fríjoles y carne”, menciona.

Según él, no se trata únicamente de una preferencia. Dice que algunos prefieren la droga porque la comida no llega ni en las mejores condiciones ni en las porciones adecuadas. Este viernes, por ejemplo, el almuerzo fue un caldo sin proteína o verdura, un plato con arroz y una presa de pollo a medio cocinar. “Este es el almuerzo que nos acaban de servir. El caldo es pura agua porque los pedazos de pollo se los dan a los ‘plumas’ del patio o a los que pagan por algo más”, dice vía WhatsApp, y comparte una fotografía a modo de prueba mientras esconde el celular de los guardianes. “Si me lo decomisan me toca pagarlo, porque este teléfono es alquilado”, envía.

Los “plumas” es como le llaman en Colombia a los presos que se convierten en jefes de los patios y suelen ejercer actividades delictivas. Son los intocables. Regulan quién duerme dónde, quién entra qué, cuánto vale usar un celular o comprar droga. “Si uno le debe plata a un jíbaro [expendedor de droga], le decomisan la comida y no vuelve a probar bocado hasta que pague lo que debe”, cuenta en otro mensaje. También explica que, el que quiera comer mejor, debe comprar otros alimentos en el expendio, la tienda oficial del INPEC en las prisiones. “Si uno tiene plata puede mejorar un poquito la comida comprando un tomate, una presa de pollo asado o un huevo. Todo se soluciona con dinero”.

La entidad responsable de la alimentación de la población privada de la libertad es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), un organismo que tiene vía libre para contratar con privados ese servicio y la atención en salud. Estupiñán, del INPEC, reconoce que han identificado problemas con los alimentos que llegan hasta las celdas. “Eso lo hemos reportado en unos comités”, dice sin profundizar. Los que sí entregan detalles son los reclusos, que han documentado en celulares el estado en el que llegan los alimentos a sus platos. Tienen fotos de comida con gusanos, otras de platos donde escasamente hay un bocado de proteína y unos más en los que las porciones no logran llenar ni un cuarto del plato.

Otro de los problemas que reconoce el INPEC es que los encargados de distribuir los alimentos que llegan en ollas a los patios son, con frecuencia, los mismos internos. Eso le da poder a los plumas. “Una de las estrategias que estamos implementando es que, a partir de ahora, se les entregue servida la comida para asegurarse de que todos reciban la misma cantidad”, explica Estupiñán, y dice que para los que están en desnutrición o delgadez extrema tienen una “dieta especial”. Para mitigarlo, asegura que han tenido que encargar a algunos guardianes para que, además de hacer la ronda de seguridad, vigilen que los presos coman. “Los hemos obligado literalmente a comer. Hay casi que vigilarlos, pero nos faltan guardianes para todos”, explica la subdirectora.

La emergencia también se ha intensificado porque en la zona, cerca al río Magdalena que baja de los Andes al Caribe, la temperatura ha llegado a los 41°C y en El Pesebre no hay agua potable. Los problemas del acueducto hacen que el agua llegue cada dos o tres días, cargada de barro y tierra. Las entidades penitenciarias le atribuyen la responsabilidad a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Puerto Triunfo, que son las entidades encargadas de prestar los servicios públicos en esa zona de la cárcel y el adyacente Parque Temático (que tiene lagos, piscinas y varios hoteles con agua potable). Lo que sí reconoce Estupiñán es que en ninguno de los contratos de alimentación está contemplado el suministro de botellas de agua potable para aliviar la situación. “Si quieren agua de botella, pueden comprarla en el expendio”, contesta. El problema es que para eso los presos deben tener dinero. “Casi todos tienen para una o dos botellas”, asegura.

El recluso con el que habló este diario vía WhatsApp afirmó que completaba tres días sin tomar agua. Dice que intenta beber solo en momentos extremos, cuando el sofoco de dormir con siete personas en una celda de tres metros cuadrados comienza a enfermarlo. “Cada vez que tomo esa agua sucia que sale de las llaves me da diarrea y dolor de estómago, pero el calor es insoportable”. Este viernes, mientras escribía esos mensajes, explicaba que no tenía para comprar una botella con agua.

EL PAÍS conoció un informe reservado e interno del INPEC, producto de varias visitas de funcionarios a El Pesebre. Fechado en marzo de este año, advierte que las personas privadas de la libertad tienen “color amarillento en la piel” o palidez permanente, y asegura que el agua llega “con color amarillo y con partículas micro orgánicas visibles”. El problema ha sido tan visible, que ni la USPEC ni el INPEC niegan que hay una crisis por la desnutrición de los presos.

La Unidad le cuenta a este diario que este año abrió una investigación para determinar si sus contratistas están incumpliendo con los estándares de calidad de los alimentos, pero aún no han entregado resultados. “Este proceso se hace a través de la interventoría Consorcio Interalimentos 2024″. Es decir, otro contratista privado se encarga de revisar y documentar si hay anomalías en la alimentación de las 128 prisiones que hay en el país. También dicen que vienen adelantando mesas de seguimiento y que “en caso de encontrar variables que afectan las condiciones nutricionales de la población privada de la libertad, se irán tomando los respectivos correctivos para mitigar la emergencia”.

Pero mientras los correctivos llegan, no hay quien abogue por los presos. El INPEC dice que está liderando una “comunidad terapéutica”, el nombre que da a los programas de atención y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, reconoce que el trabajo se ha interrumpido. Los contratistas a cargo los servicios de salud, elegidos por la USPEC, no han dado continuidad a los procesos, afirman. Este mes, cuando cambiaba el contratista que presta servicios de salud, el penal estuvo 21 días sin un solo medicamento para atender a los reclusos. “El contratista saliente se llevó todos los medicamentos que había en la cárcel. Nos dejaron sin nada, sin una sola pastilla hasta que llegó el nuevo operador”, y reconoce que la responsabilidad de hacer seguimiento a estos contratos es de la Fiduciaria Central, una entidad privada que vela por los recursos de salud de los presos.

Además, el personal médico no da abasto para atender los casos. Apenas hay dos médicos en cada turno de 12 horas, a cargo de los 1.612 reclusos. En los 21 días que duró la cárcel sin operadores de salud, un solo médico estaba a cargo de los presos, en un turno de 24 horas una vez a la semana. Mientras las familias suman quejas ante los entes de control, varias entidades se han sumado a hacer tamizajes de la situación de salud de los internos. La próxima comenzará este lunes 2 de septiembre. Estupiñán, la subdirectora de Salud, concluye su entrevista con este diario leyendo las cifras y datos que tiene impresos en varias hojas de papel. “Son 15 fallecidos por enfermedades asociadas a desnutrición del 2023 a hoy”, acepta con franqueza. “De ellos, el 90% ha fallecido en hospitales. O sea que les hemos garantizado el acceso al servicio de salud”, afirma.

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