La paz total urbana, eclipsada y estancada

La ambiciosa apuesta de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro es como un pulpo que tiene en riesgo varios de sus tentáculos. De siete diálogos iniciados con diferentes estructuras ilegales, los concentrados en Medellín, Quibdó y Buenaventura le apuestan a lograr la paz con bandas urbanas dedicadas a la extorsión y el microtráfico. Sin embargo, el impulso inicial de esos denominados diálogos sociojurídicos han perdido fuerza entre el limbo legal en el que está el sometimient...

La ambiciosa apuesta de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro es como un pulpo que tiene en riesgo varios de sus tentáculos. De siete diálogos iniciados con diferentes estructuras ilegales, los concentrados en Medellín, Quibdó y Buenaventura le apuestan a lograr la paz con bandas urbanas dedicadas a la extorsión y el microtráfico. Sin embargo, el impulso inicial de esos denominados diálogos sociojurídicos han perdido fuerza entre el limbo legal en el que está el sometimiento a la justicia para los grupos criminales que no tienen finalidad política y la prioridad que ha dado el Gobierno a otros diálogos. En las tres ciudades, las organizaciones sociales reclaman mayor compromiso de las administraciones locales y nacionales para proteger lo ya logrado, que incluye acercamientos y treguas. Así está el panorama de la paz urbana a un año y medio de su arranque.

Buenaventura: el piloto que arrancó con fuerza, pero se varó

El golpe más duro que ha recibido la paz total urbana se dio en el mayor puerto del país, donde había logrado una tregua entre las dos principales bandas y que se había prorrogado varias veces, la más reciente hasta el próximo mes de mayo. Este miércoles Los Espartanos, uno de los dos grupos, publicó un comunicado en el que anuncia que se levantan de la mesa de forma indefinida.

Entre las razones para no continuar posiblemente se encuentra el incumplimiento de los compromisos por parte de Los Shottas, el grupo rival, la ausencia de un marco jurídico para el proceso y la ausencia en la mesa de los grupos armados que operan en zona rural del distrito, apuntando a una alianza del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con sus enemigos. Para Francisco Javier Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación PARES y quien ha hecho seguimiento de cerca a ese espacio, la decisión no fue sorpresiva.

Un día antes de ese traspié, el investigador dijo que la situación en el puerto, pese a la tregua, era tensa en una ciudad que ha llegado a tener una de las tasas de homicidios más altas del país. De acuerdo con Daza y otros líderes sociales de la zona, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, no ha ido a la ciudad, y eso ha dejado a la Iglesia, las organizaciones sociales y algunos delegados del Gobierno la tarea de mantener las treguas. Además, la inquietud sobre el marco jurídico que asegure un resultado de esos diálogos no se ha resuelto de fondo, como refleja el escrito de Los Espartanos. “Se vuelve insostenible mantener una tregua sin que haya una base de garantías sociojurídicas para que estos grupos se sumen a la paz total”, sostiene Daza. Dos días después del comunicado inicial, el viernes pasado circuló otro documento firmado también por Los Espartanos, que hace énfasis en ese problema a la vez que, en contradicción con el documento anterior, anuncian que la tregua continúa en pie.

El Gobierno buscó reducir la duda con la llamada Ley de paz total, que dejaba en sus manos la definición de los requisitos y las condiciones del sometimiento de esas bandas. Pero en diciembre pasado la Corte Constitucional declaró inexequible esos apartes de la norma y aclaró que el Legislativo no puede delegar en el Ejecutivo esos lineamientos. Por ello, el Gobierno ha anunciado una ley que regule el punto, pero no ha avanzado en ello. Justamente, para Dennis Huffington, investigador en terreno de PARES, la decisión de Los Espartanos es “sobre todo una presión al Gobierno para que consigan la ley de sometimiento”.

Valle de Aburrá: un nuevo gobierno local que antagoniza con la paz urbana

En Medellín las conversaciones siguen en pie, pero en un ambiente de incertidumbre. A inicios del mes de febrero, varias oenegés alertaron del estancamiento de la mesa e impulsaron un Manifiesto por la paz urbana en el que anunciaron “la creación de un comité de impulso con el propósito de aportar desde el diálogo a la formulación y construcción de una agenda de la sociedad civil para lograr la paz urbana”.

Dos semanas después, el alto comisionado de Paz por primera vez viajó a la capital antioqueña. Allí se reunió con organizaciones de la sociedad civil y delegados de la Iglesia en un evento impulsado por la Fundación Ideas para la Paz. No se reveló si acudió a la cárcel de Itagüí, donde están recluidos la mayoría de cabecillas de las bandas ilegales que operan en el área metropolitana. En todo caso, las dificultades van más allá del Gobierno Nacional.

“El cambio de mandatarios locales y regionales implicó ver si las administraciones están comprometidas con ese tema”, detalla Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación, una de las oenegés que han participado en los encuentros y que firmaron el manifiesto. Para Zapata, en Antioquia el escenario es adverso para la llamada paz total. Recuerda que el nuevo gobernador, el uribista Andrés Julián Rendón, en múltiples ocasiones se ha despachado contra esa política llamándola “un error garrafal”, “un engaño” y “un embeleco”. El alcalde de Medellín y excandidato presidencial de la derecha, Federico Gutiérrez, no se ha quedado atrás. “¿Qué acuerdos están haciendo allá (en la cárcel)? Solo saben ustedes porque entran como Pedro por su casa”, dijo en una reciente reunión de congresistas antioqueños.

“Desde varios sectores hemos hecho llamados a que no dejen eso tirado, aprovechen que los integrantes de esos grupos han mostrado voluntad”, recuerda Zapata, quien resalta que en 2023 los homicidios disminuyeron en un 10% en comparación con 2022, con una tendencia que sigue a la baja. “Las organizaciones de la sociedad civil le apostamos a un tratamiento sociojurídico negociado, y sobre todo a que estas bandas se comprometan a no volver a tomar las armas, abandonen la extorsión y las plazas de vicio”, añade.

Quibdó: en el hermetismo total

Saber qué está pasando en la mesa de diálogo de Quibdó parece todo un reto. Un periodista local explica a este medio que las negociaciones están rodeadas de una reserva absoluta. “Ni la Policía, ni la Alcaldía, ni la Diócesis, que ha alentado el proceso, nadie da información sobre cómo avanza, cuáles son los acuerdos. Lo cierto es que en el municipio se han venido presentando actos de violencia y asesinatos desde finales de 2023, lo cual demuestra que efectivamente hay un resquebrajamiento dentro de estas mesas de diálogo”, expresa vía telefónica.

Esa realidad se refleja en la imposibilidad de obtener información de participantes de la mesa. Uno de los delegados por el Gobierno en ella, el exsenador indígena Luis Evelis Andrade, aseguró a este diario que no está autorizado para dar declaraciones. La oficina de prensa de otro de los delegados del Ejecutivo, el representante a la Cámara David Racero, no respondió a las preguntas hasta el momento de publicar esta nota. Otro más, el periodista Juan Diego Restrepo, renunció a esa función por proyectos personales.

Mientras el misterio rodea las conversaciones, la capital del Chocó ha vivido varios asesinatos en los últimos tres meses. El hecho más reciente fue una masacre que dejó cuatro muertos y tres heridos el pasado domingo en el barrio Las Palmas. Según las autoridades, se debió a un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Por el crimen fue capturado Milton Andrés Santos Moreno, alias Gordo, que pertenece a la banda Los Zeta.

Ese grupo anunció en septiembre su interés de participar en el proceso de paz urbana. Fueron los últimos en sentarse en una mesa en la que ya tenían asiento Los Mexicanos, Los Locos Yam, y la banda RPS. Pese a los antecedentes de los meses recientes, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, en 2023 los homicidios en la capital de Chocó disminuyeron un 37,5% con respecto a 2022.

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