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El negocio de las telecomunicaciones pierde impulso y frena la reducción de la brecha digital en Colombia

Las pocas condiciones para la subasta de la red 5G reflejan las prioridades del sector privado y las falencias del Estado en la carrera para reducir el desbalance tecnológico con el campo

Camilo Sánchez
telecomunicaciones en colombia
Una tienda donde se venden accesorios y se presta servicio técnico para telefonía móvil, en Bogotá.Jeff Greenberg (Universal Images)

Los días de los grandes contratos en el negocio de las telecomunicaciones parecen ir en declive. El escaso entusiasmo de los operadores de telefonía móvil ante la subasta del próximo diciembre en Colombia sirve como guía para formarse una idea de la realidad. Ese día se adjudicará el uso del espectro electromagnético para que las grandes empresas puedan ofrecer servicios en la red 5G, la avenida digital más moderna, veloz y de baja latencia. Pero tras el forzado rescate financiero de Tigo este año, recién fusionada con Movistar para la operación de sus redes, y la incertidumbre económica del sector, los jugadores se presentarán a la puja del Ministerio de las Tecnologías con unas reglas etiquetadas por los expertos como “bastante débiles”.

Mientras los participantes despliegan sus apuestas sobre la mesa, todo parece indicar que el Estado colombiano recaudará menos dinero este año que el recogido en la subasta de 2019 por la adjudicación de un bien público como lo son los bloques del espectro. Tecnicismos al margen, ya que se trata de dos procesos licitatorios diferentes, los analistas detectan un espíritu de reserva evidente en los precios de partida para este año.

Andrés Navarro, experto en tecnología y docente de la universidad ICESI de Cali, coincide en que los alcances y obligaciones de los operadores para la subasta de diciembre son “un saludo a la bandera”. Un panorama que incide, hasta cierto punto, en la carrera por cerrar la brecha digital. Conviene recordar que la fórmula de puja establecida en Colombia contempla el permiso de uso del espectro para los operadores a cambio de pagar dinero y cumplir, además, con unas obligaciones sociales como llevar cobertura a escuelas y zonas rurales en regiones alejadas.

Y si bien existe consenso en que la red 5G no es la solución a los problemas de la periferia, el abogado experto en contratación pública Héctor Santaella resalta la falta de impulso desde el sector privado. “Es un indicativo claro, y el Ministerio conoce bien la situación, de que el mercado no está dispuesto a pagar grandes sumas en este momento”, precisa. Todo ello en medio de otros reparos por la estrechez en las metas fijadas por el Ministerio de Tecnologías en cuanto al número de estaciones base de 5G que se deberían instalar por cada 100.000 habitantes para 2030.

Si las proyecciones se cumplen, el país tendrá una estación de 5G por cada 40.000 habitantes para ese entonces, según se recoge de los dos primeros borradores de la subasta. Para hacerse una idea de las limitaciones de dicha meta, Brasil, un país que ha servido de modelo para Colombia en estos temas, tendrá una estación base por cada 15.000 habitantes el próximo año, de acuerdo con documentos oficiales. No cabe duda de que el ambiente entre las operadoras locales oscila entre la incertidumbre y la prudencia.

Para los más suspicaces, la falta de ambición refleja en realidad falta de compromiso ante una puja cuyas licencias resultantes tendrán vigencia por 20 años. “Los operadores vienen quejándose desde hace años de que el despliegue de estas tecnologías es muy costoso”, explica Andrés Navarro, “que no han tenido tiempo de recuperar sus inversiones cuando la tecnología ya ha cambiado por una nueva, más eficiente y más barata”.

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El mundo va más rápido que las aprensiones estatales y los cálculos corporativos. Una realidad que, según los expertos, se ha traducido en un pacto no escrito tan descafeinado como conciliador: “El Estado le plantea a las empresas unas obligaciones mínimas, y las empresas se comprometen a traer la infraestructura sin mayor inversión mientras mejoran las perspectivas de rentabilidad”, remata Navarro.

En todo caso, y en línea con las inquietudes sociales del Gobierno de Gustavo Petro, este año se ha establecido una novedad que en teoría podría ser positiva para cubrir la desconexión de unas 2.300 localidades desprovistas de Internet móvil o 4G (un 20% de las zonas rurales del país). Las compañías podrán desembolsar hasta el 90% del dinero prometido en la subasta en cobertura para estas veredas, corregimientos o caseríos. El monto será definido en cada caso por el Ministerio de las Tecnologías dentro de un incremento del 30% frente al tope de 2019.

“Es una apuesta muy fuerte porque el Estado renuncia, entre comillas, a esos recursos a cambio de más conectividad. Hay que impulsar a los operadores a hacerlo para mejorar la infraestructura”, afirma Héctor Santaella. No obstante, el horizonte vital de la subasta vuelve a quedar bajo la lupa cuando se revisa la letra pequeña. Los observadores lamentan que en el mejor de los casos, si se cumpliera con lo estipulado en las obligaciones, apenas 370 localidades rurales se verían beneficiadas con redes 4G (700 MHz) en las próximas dos décadas (la subasta de diciembre también dispondrá algunas frecuencias de esta banda).

Sergio Martínez, economista y experto en transformación digital, deja de lado las proyecciones de cobertura, se muestra crítico con el manejo político y empresarial, y lamenta la ausencia de una política digital consistente en Colombia. “Ni Duque ni Petro, ni el sector privado tampoco, han tenido una mirada integral. No tenemos claro para qué utilizamos Internet. Cómo lo integramos a los procesos productivos del país. Cómo desarrolla la educación de nuestros jóvenes. Cómo puede mejorar la vida de nuestras ciudades y cómo se puede ofrecer un mejor servicio”.

También refuerza la idea de que la llegada de la red 5G es un paso importante para un país que ha avanzado bastante en cobertura durante las últimas tres décadas. Pero advierte sobre la falta de condiciones en infraestructura para sacar provecho de una tecnología con enorme potencial en áreas como el llamado Internet de las cosas, la realidad aumentada, el metaverso o los carros autónomos. “Es triste decirlo, pero hoy puedes encontrar colombianos que abren el grifo y no tienen agua, pero sí tienen celular. Hemos sido capaces de masificar la tecnología, pero no hemos hecho la reflexión sobre cómo vamos a utilizarla”.

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Sobre la firma

Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.

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