Petro se anota una reforma tributaria y deja varias promesas económicas pendientes

El primer Gobierno de izquierdas en décadas en Colombia cumple un año. Tiempo suficiente para calmar a los mercados, esa figura abstracta que, al mando de los hilos financieros mundiales, al parecer se echaba las manos a la cabeza ante la llegada de un mandatario progresista latinoamericano más. Gustavo Petro llegó con propuestas en apariencia rompedoras para una economía de crecimiento modesto, estable y poco dada a los experimentos. 365 días más tarde, la sensació...

El primer Gobierno de izquierdas en décadas en Colombia cumple un año. Tiempo suficiente para calmar a los mercados, esa figura abstracta que, al mando de los hilos financieros mundiales, al parecer se echaba las manos a la cabeza ante la llegada de un mandatario progresista latinoamericano más. Gustavo Petro llegó con propuestas en apariencia rompedoras para una economía de crecimiento modesto, estable y poco dada a los experimentos. 365 días más tarde, la sensación general entre los analistas es de mesura. Coinciden además en que varios puntos de la agenda del Gobierno, como la transición energética, la reforma tributaria, el gasto público o el impulso de la denominada economía popular, abordan temas necesarios. Unos atascados, otros obviados desde hace décadas.

Parte del establishment económico y empresarial, sin embargo, sigue con desconfianza el rumbo de las políticas económicas. Tras los daños causados a los mercados mundiales por la pandemia, la dependencia del dólar y de los movimientos de Reserva Federal estadounidense, pero también de las agencias calificadoras de riesgo, ha pasado a formar parte de las preocupaciones centrales de los colombianos. Los problemas, queda claro, no están ligados únicamente a los movimientos macroeconómicos de Petro o del banco central, y en cada decisión o anuncio de reforma con corte izquierdista el fantasma de la fuga de capitales y otros demonios cambiarios reaparecen.

Lo cierto es que, dentro de las múltiples agujas para leer el cuadro económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre arrojó un robusto e inesperado 3% anual; y la última cifra de desempleo, de junio, también sorprendió a más de uno con un alentador 9,3% (bastante matizable para un mercado laboral lleno de puntos ciegos, informalidad y múltiples falencias). En cuanto a la inflación, alta y complicadísima de romper en casi todo el mundo, cerró junio en un 12,3% que, si bien va bajando, aún no da respiro a los economistas. EL PAÍS ha consultado a media docena de expertos para evaluar el avance de algunas de las políticas impulsadas por el ministerio de Hacienda de la ‘era Petro’ durante sus primeros 365 días en el Palacio de Nariño.

Una reforma tributaria ambiciosa

El Gobierno del progresista Pacto Histórico y su bancada en el Congreso se estrenó con la aprobación, en su primer semestre, de la llamada reforma tributaria para la equidad y la justicia social. Era la carta de presentación de un bloque de partidos con vitamina parlamentaria suficiente para que se lo equiparara entonces con una aplanadora. La reforma contaba con la aprobación del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un economista con credenciales de académico y una cátedra en la Universidad de Columbia. Para el economista y profesor de la Universidad Javeriana Daniel Castellanos el balance de la reforma, aprobada el 3 de noviembre del año pasado, deja un sabor agridulce: “Desde mi punto de vista el grueso de la carga impositiva lo reciben las empresas y ciertos sectores económicos, no la mayoría de los ciudadanos”.

De la misma manera reconoce que ha sido la “única reforma exitosa” del Gobierno y valora el esfuerzo por recaudar ingresos de alrededor de unos 20 billones de pesos, algo así como el 1,2% del PIB. ¿Fue la reforma ideal? En su opinión el país debería incentivar más a las empresas, la inmensa mayoría pequeñas y medianas, y subir los impuestos sobre el patrimonio a las personas más ricas. “Hacer empresa en Colombia es muy complejo por temas de falta de competitividad”, se queja. El especialista en derecho tributario Henry Amorocho concluye con un ángulo positivo en el espíritu de la reforma: “Hay una voluntad evidente de reducir la evasión en 100 billones de pesos, que son aproximadamente 7 puntos del PIB. Como política pública me parece acertado para ampliar el recaudo con otros mecanismos”.

Un gasto público elevado

El déficit fiscal en Colombia, tras los gastos de emergencia por la crisis sanitaria, rompió el tope establecido del 55% del PIB, y se ubicó en un 57% que ha tensionado las redes de las finanzas públicas. La brecha estructural entre los recursos que recibe el Estado y lo que gasta ha sido un rasgo de la gestión económica durante las últimas décadas. Por eso ahora los analistas recetan un plan de gasto público mesurado para atenuar la deuda. Un punto de equilibrio que el Gobierno Petro no ha conseguido. Ni tampoco ha ajustado a las necesidades del país porque, explica el economista y académico de la Universidad de los Andes Oskar Nupia, sencillamente no ha sido capaz de ejecutar sus proyectos.

Es una paradoja. El Gobierno ha conseguido 20 billones de la reforma tributaria y una adición de 16 más sin lograr canalizar el dinero para reactivar sectores tan afectados como la construcción o las obras públicas. “El problema grande ha sido, hay que reconocerlo, los subsidios a la gasolina heredados del Gobierno anterior”, explica Nupia. Recuerda que han sido casi 19 billones de pesos destinados a cubrir esa deuda del combustible. El Gobierno, por su parte, ha atacado el problema aumentando el precio al público. Un factor que las agencias calificadoras internacionales de riesgo han subrayado una vez tras otra en sus informes sobre el denominado riesgo-país de Colombia.

Por lo demás, los rubros contemplados en el Presupuesto General de la Nación de este y el proyecto en cocción parlamentaria para el próximo año, sintetizan las prioridades del Gobierno progresista: reforma agraria, salud, educación y equidad. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, remata: “Un parámetro para medir a los ministerios es su nivel de ejecución en la administración pública. Entonces, un Gobierno que no ejecuta, como ha sucedido durante este año, es un Gobierno sin resultados”.

Una reducción de la pobreza en veremos

Una de las banderas de Petro, no solo en la última campaña presidencial si no en buena parte de su carrera política, ha sido la de reducir las desigualdades. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística, la pobreza multidimensional disminuyó 3,1 puntos porcentuales en 2022 con respecto a 2021. Un resultado difícilmente atribuible a un Gobierno que recién se estrenó a mitad de año. Para la consultora en temas de pobreza y desigualdad Natalia Galvis lamenta que el balance de esta administración haya sido muy modesto.

Los programas sociales, recuerda, han tardado en despegar. “Los subsidios y transferencias monetarias para los hogares más pobres y vulnerables, como Ingreso Solidario, ahora llamado Renta Ciudadana, solo se consolidaron en la última semana de mayo”. Lo que se traduce en que, durante los primeros seis meses de este Gobierno, unos 4 millones de hogares dejaron de recibir mensualmente sus subsidios estatales. A los tropiezos en el despliegue de esas ayudas se sumó el peso de una inflación alta condicionada por el peso de los precios en los alimentos, que tuvieron subidas de hasta el 8%.

Los canales escogidos para pagar los subsidios, cuando finalmente se empezaron a liberar los recursos, resultaron insuficientes. “El Banco Agrario no contaba con la cobertura, ni con las facilidades tecnológicas, para prestar un buen servicio”, recuerda Galvis. Las filas de beneficiarios frente las sedes bancarias alrededor del país quedaron como símbolo de una época. “A la fecha, los programas de Petro no alcanzan los 10 millones de hogares de cobertura con los que cerró el Gobierno de Duque”.

Una economía popular sin contenido claro

Una de las bases de la política del Gobierno es la promesa de campaña enfocada en la inserción de millones de personas que trabajan en la economía informal. Hoy se tienen proyectados 3,5 billones de pesos en créditos, cooperativas y otros mecanismos de financiación para vendedores ambulantes, obreros de la construcción, trabajadoras domésticas, entre otros. Pero el economista Daniel Castellanos subraya que, un año más tarde, el diseño del plan está listo pero aún no hay rastros de ejecución: “Hay un esfuerzo grande e importante. Hay asignación de recursos. Pero hace falta empezar con un antecedente que preocupa”.

Se refiere a la “dispersión de subsidios” que el anterior Gobierno distribuía a través del sistema financiero, y que este “por razones ideológicas ha decidido reversar con las consecuencias de ineficiencia ya conocidas del Banco Agrario, sobre todo en las áreas urbanas”. De cualquier forma, reconoce que se trata de una política social y económica loable porque “antes nadie lo había pensado” en un país cuya economía es, esencialmente “popular”. “No se pueden seguir desarrollando todos los instrumentos para grandes y medianas empresas cuando la gran mayoría de las personas están en la calle rebuscándose la vida como tenderos u otros oficios”.

El gran reto de la transición energética

Más allá de las polémicas salidas en falso de la exministra de Minas, Irene Vélez, y sus líos de nepotismo por emplear a su pareja en el Estado, parece que la hoja de ruta en un tema tan sensible como la transición energética no va del todo mal. Es lo que piensa el consultor en temas medioambientales Manuel Guzmán. Para el experto el Gobierno ha seguido la línea trazada por su predecesor, el conservador Iván Duque, en cuanto al denominado Plan 2050. “Se ha partido de sus avances y se han actualizado otros proyectos”, asegura.

Así mismo reconoce que el “enfoque de descarbonización, que es la base de cualquier transición, es un avance positivo porque contempla esquemas innovadores en La Guajira con la inclusión de las comunidades en proyectos de energía eólica”. La opinión pública colombiana, sin embargo, aún resiente cierta beligerancia de la exministra en sus difusos pronunciamientos sobre la suspensión de contratos y exploración de hidrocarburos, una de las grandes fuentes de exportación del país.

Pero a pesar de que sus afirmaciones erráticas sobre las reservas potenciales de petróleo y de gas también sacudieron el debate, Guzmán destaca que el Gobierno en un año ha avanzado en “formas innovadoras de impulsar la transición energética, a pesar de que Colombia es un país que tiene muy pocas emisiones de carbono”. Y concluye: “No se pueden concretar proyectos físicos, de proyecto eólicos y demás, pero el simple hecho de proponer otro camino, en armonía con los debates que se dan en el mundo, es destacable”.

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