La “guerra” de Los del Sur y el Nacional pone bajo escrutinio la relación entre las directivas de los equipos y las barras

Las autoridades evalúan si el caos que se vivió el domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue planeado. Audios revelados por la W Radio evidenciarían que los disturbios que se presentaron en los minutos previos al clásico entre el Atlético Nacional y el América de Cali fueron premeditados por la barra Los del Sur, como una forma de castigar a las directivas de su equipo. “Vamos a iniciar una guerra contra Nacional y sus dirigentes”, se escucha decir a un hombre en un audio de la W. Desde hacía semanas, los hinchas protestaban contra las directivas y en redes sociales les acusaban de haber “roto” la relación con los seguidores del equipo. Los del Sur, señala la prensa, reclamaban porque el equipo les había comunicado que no les darían más entradas para asistir a los partidos. Según El Colombiano, recibían 500 boletas de cortesía para los juegos de local.

En los audios, los líderes ordenan a las bases de la barra ejecutar atentados y daños contra el club, supuestamente como retaliación por el anuncio de no seguir otorgándoles beneficios. “Vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años. La orden es buscarles boletas a los que no tienen y la barra se va a ubicar en la parte baja, porque la idea es que uno solo tenga que tirarse a la cancha”, dice en un mensaje un supuesto miembro de Los del Sur, la barra más popular y grande del Nacional.

El domingo sobre las 18.00 horas, antes del juego entre Nacional y América de Cali empezó una asonada en la tribuna sur del Atanasio Girardot que se extendió por todo el estadio. Las autoridades, que no lograron contener la violencia, no tuvieron más remedio que anunciar el desalojo del estadio por los altoparlantes. Las imágenes muestran a hombres, presuntamente miembros de Los del Sur, saltando a la gramilla y tirándoles vallas y palos a los agentes antidisturbios que intentaban reducirlos sin éxito.

Los disturbios, que dejaron 89 personas heridas, han revelado una violencia que se cuece lejos de las canchas, en los acuerdos que hacen los directivos de los equipos y sus barras. En Colombia, los clubes de fútbol son empresas privadas que generan relaciones con los barristas a través de un sistema de estímulos, como entradas de cortesía o la posibilidad de interactuar con los jugadores. Un desequilibrio que el equipo ha asegurado que intenta reparar. “Todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros”, señaló el Nacional cuando justificó su decisión.

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, señaló, sin embargo, la responsabilidad de la dirigencia del cuadro verdolaga en la tensa situación que desde hace meses vive con sus hinchas. “Esto es un problema que tiene que ver con una hinchada que optó por el camino que no es el indicado, pero también es por una dirigencia que es soberbia y ha dejado de escuchar a su hinchada”, dijo Ramírez a la W Radio.

El congresista Daniel Carvalho, que trabajó por las barras en Medellín cuando fue concejal, ha denunciado una “clientelización” de las barras. “Por un lado, los equipos simplemente ven a las barras como unos clientes a los que les entregan unas boletas y a los que hay que darles ciertas gabelas para que estén calmados. Por otro lado, la Alcaldía, como actor político, los ve también como unos clientes a los que les dan unos beneficios, unos contratos o unos puestos, a cambio de un apoyo político. En ambos casos, se degrada y se insulta al barrismo”, dice por teléfono el congresista, que cree que a los hinchas no se les está reconociendo su poder como movimiento social, sino únicamente un papel “transaccional” y “utilitarista”.

Carvalho valora como positivas las relaciones contractuales entre las barras organizadas y los clubes o las Alcaldías, pero advierte que siempre depende de cuáles sean las condiciones y los objetivos de esas relaciones. “Una barra como movimiento social, que tiene un montón de iniciativas, necesita un presupuesto para funcionar y está bien que ese presupuesto venga de fuentes conocidas y legales. ¿Dónde está el problema? Si esa relación tiene objetivos meramente transaccionales o políticos, se desdibuja el objetivo del movimiento barrista”, señala el Representante a la Cámara, que durante años ha trabajado contra la estigmatización de los barristas. “Empaquetar a toda la gente bajo la misma cobija de los ‘barra bravas’ es una estigmatización contra la cual hemos luchado durante mucho tiempo porque desconoce los procesos sociales que ya han alejado la idea del barrista como delincuente”, dice.

En los últimos seis meses, Carvalho y otros congresistas han llamado la atención del Gobierno de Gustavo Petro por el “poco interés” que ha mostrado frente a la violencia en los estadios. “Nunca le había dado ninguna importancia hasta que tuvo que pasar algo como lo de ayer [el domingo]”, denuncia el político. “El Gobierno debe mantener vivas todas las instancias de diálogo que ya se han creado, hay una legislación al respecto, tiene que actualizar el Plan decenal de fútbol, y en el Plan Nacional de Desarrollo debería quedar explícitamente el compromiso de trabajar con las barras”, señala el Representante a la Cámara.

El Ministerio del Interior ha citado para el próximo 27 de abril una Comisión Nacional del Fútbol para atender la violencia en los estadios. En febrero, un hincha del Tolima invadió la cancha del estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, y golpeó al jugador de Millonarios, Daniel Cataño. Otros episodios recientes han alertado sobre la violencia en el deporte, como las pedradas a los buses que transportan a los jugadores.

Germán Gómez, autor del libro Fútbol y barras bravas: análisis de un fenómeno urbano, dice que la lógica “disruptiva” de estos grupos de aficionados frente a las hinchadas tradicionales ha hecho que usualmente se les relacione con situaciones de violencia. Pero lo que ocurrió el domingo, explica, tiene un trasfondo diferente a lo que ocurre cuando hay disturbios entre hinchas de equipos rivales o contra los jugadores. “Se trata de una respuesta a un cambio en la política de relacionamiento de un equipo con los barristas”, opina Gómez. “Hay un acto premeditado que busca generar un caos y una afectación al club por las decisiones que ha tomado. Eso cambia el énfasis por donde siempre se ha mirado la violencia en el fútbol. En este caso no se trató de algo espontáneo, motivado por el ‘calor’ del juego, sino de una acción planeada. Es un tema que tiene que ver con la relación que tiene el club con los hinchas”.

Los del Sur han hecho una demostración de poder, que terminó con el aplazamiento del partido por falta de garantías. Ocho personas fueron detenidas y el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que el estadio no volverá a prestarse en tanto no se garantice total seguridad. “No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, advirtió Quintero. La Dimayor ha asegurado que aunque el club avisó de posibles eventos violentos en el estadio, era difícil prever el caos. “Esto desborda todo límite de seguridad. El alcalde dijo que tenía 800 policías [acompañando el partido], pues es difícil incluso con 800 efectivos”, dijo este lunes el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los Del Sur, ha dicho en declaraciones a medios que lo que ocurrió el domingo fue el quiebre de un cúmulo de hechos que, dice, han alejado a la hinchada del equipo. “Hay una situación de fondo y es el relacionamiento actual de la dirigencia del equipo con su ciudadanía y su hinchada, un montón de cosas que terminaron por explotar”, señaló a Caracol Radio.

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