Para combatir la desigualdad y la deforestación, hay que aprender de Brasil

Mientras los bolsonaristas aprenden de los trumpistas el oficio de destruir, el Gobierno de Lula construye políticas de las que podría aprender el resto de América Latina.

Sin recibir la atención mediática que los golpistas se robaron (amén de computadoras y cámaras fotográficas), dos ministras del Gobierno brasilero comienzan a liderar programas que darán mucho de qué hablar. La primera ya llega con un amplio reconocimiento: ...

Mientras los bolsonaristas aprenden de los trumpistas el oficio de destruir, el Gobierno de Lula construye políticas de las que podría aprender el resto de América Latina.

Sin recibir la atención mediática que los golpistas se robaron (amén de computadoras y cámaras fotográficas), dos ministras del Gobierno brasilero comienzan a liderar programas que darán mucho de qué hablar. La primera ya llega con un amplio reconocimiento: Marina Silva volvió al Ministerio de Ambiente para retomar las políticas que impulsó en su primera administración y que siguen siendo ejemplo mundial. Entre 2003 y 2008, Silva logró lo que ningún otro país amazónico ha conseguido: combatir la tala de árboles con tanto ahínco y eficiencia que la deforestación se redujo en un 80% entre 2004 y 2012. Para eso, armó un equipo técnico excepcional y creó medidas y normas tan certeras que hoy son estudios de caso en las mejores escuelas de gobierno.

El éxito de Silva dejó enseñanzas para otros países, que ella misma tendrá que replicar para detener el arboricidio cometido por Bolsonaro y sus aliados en la Amazonía. Para comenzar, los gobiernos no pueden dejar solas a las autoridades ambientales en el combate contra la deforestación. Al inicio del primer Gobierno de Lula, la oficina de la Presidencia convocó a doce ministerios para crear un plan integrado contra la deforestación. Con el liderazgo de Marina Silva, el esfuerzo dio lugar a una política integral ―el Plan de Acción por la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía― que involucró a entidades como el Ministerio de Agricultura y la Policía Federal para ponerle coto a los poderosos hacendados, ganaderos y mineros ilegales que talan, queman e imponen su ley en la selva.

Otro factor clave fue la participación de los científicos y la sociedad civil. Desde un comienzo, Silva convocó a los expertos, los pueblos indígenas, las comunidades de pequeños productores como los caucheros (de las que ella misma venía) y otros actores para construir el capital científico y político que se necesita para hacer un monitoreo constante de los bosques y enfrentar a los influyentes sectores económicos y políticos que alientan la deforestación. Con el respaldo de nuevas leyes, las políticas fueron proyectadas para el largo plazo, lo que explica que sobrevivieran a la salida de Marina del Gobierno en 2008 por diferencias con Lula sobre hidroeléctricas y otros proyectos en la Amazonía. De ahí que la deforestación siguió bajando hasta 2012, antes de comenzar a subir de nuevo en los Gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, y dispararse bajo el de Bolsonaro.

El segundo frente que merece la atención continental son las políticas contra la desigualdad social y racial, donde Brasil también tiene un recorrido interesante y poco conocido en la región. Y que ahora serán lideradas por la notable periodista y activista Anielle Franco, lo que probablemente les darán un impulso y un alcance nuevos.

La historia que no se conoce lo suficiente ya tiene una década. En 2012, por iniciativa del Gobierno Lula y después de varios programas piloto, el congreso brasilero expidió la llamada “ley de cuotas” para promover el acceso a las universidades públicas federales de estudiantes tradicionalmente excluidos de estas oportunidades. En ese entonces, por ejemplo, los estudiantes autorreconocidos como afrodescendientes constituían menos del 2% de la población universitaria, a pesar de que 55% de la población brasilera es negra. La ley estableció porcentajes mínimos obligatorios (cuotas) en las universidades para estudiantes de poblaciones discriminadas, no solo por su raza o etnia sino también por haber estudiado en escuelas públicas, crecido en una familia pobre o tener algún tipo de discapacidad.

Las políticas de igualdad brasileras fueron ampliadas a lo largo de la década pasada y ameritan una discusión más detallada. Por ahora basta señalar que, tras la ley de 2012, fueron expedidas leyes de cuotas para promover el acceso de las mujeres a la política (2017) y de las personas negras a los cargos públicos federales (2014) y las campañas políticas (2020).

Como ha sucedido en Estados Unidos y otros países, estas políticas de acción afirmativa han suscitado copiosos debates mediáticos y jurídicos. Y sus reglas y formas de implementación han ido cambiando a la luz de los aprendizajes y las críticas razonables. Pero los resultados positivos están a la vista. Por ejemplo, estudios recientes muestran que los estudiantes negros constituyen 52% de la población universitaria federal.

Para efectos prácticos, lo que hay que resaltar es que el experimento brasilero tiene mucho que ofrecer a los Gobiernos que quieran tomar en serio la lucha contra la desigualdad y la discriminación, como lo está haciendo Colombia con la creación de un Ministerio de la Igualdad. Para ello resulta particularmente útil que los brasileros estén haciendo estudios sistemáticos sobre los aciertos y los errores de las políticas de cuotas, con ocasión de los diez años de la ley de cuotas de 2012.

De modo que hay mucho que aprender de y con Brasil. Cuando se apague el ruido de los golpistas, los ecos que se deberían oír son los del trabajo notable de Marina Silva, Anielle Franco y otros líderes brasileros que darán mucho de qué hablar.

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