¿Qué hacer con las vías de hecho?

Es mejor que las sociedades tramiten sus diferencias por las vías del diálogo y las instituciones y no por la violencia y las vías de hecho. Ese es un ideal conceptual al que no siempre podemos llegar en Colombia por las dificultades de un Estado paquidérmico que no responde a las necesidades de los ciudadanos y por los grupos criminales que se alimentan de los problemas sociales enquistados en nuestra sociedad.

Hoy estamos de nuevo ante la proliferación de las vías de hecho para reclamar y el Estado enfrenta una vez más el reto de tramitar esos reclamos. Hay invasiones de tierras y bloqueos de vías. No son nuevos y son ahora un gran desafío para un Gobierno nuevo que quiere hacerlo distinto. Ante las vías de hecho pareciera que siempre hay una falsa disyuntiva: elegir entre diálogo y concesiones o represión y fuerza desmedida.

Es falsa la disyuntiva porque existe el camino que trazan la Constitución y las leyes para que se responda oportunamente a las demandas de las comunidades en un Estado Social de Derecho y también se enfrenten los desbordes con la fuerza legítima del Estado. Es decir, el Estado debe hacer lo que le corresponde para atender las necesidades sociales, de tal manera que los reclamos no se desborden. Y si las protestas se salen de los cauces legales debe actuar en el marco de lo que le permite la ley sin caer en excesos. Ni la policía disparando indiscriminadamente contra civiles, ni la Policía quieta mientras se violan leyes.

Se dice fácil, pero en el terreno y en el costal de anzuelos que es nuestra realidad no es fácil. Muchas comunidades han llegado a las vías de hecho después de años de tocar las puertas de las instituciones que deben resolver problemas y no lo hacen. Un ejemplo: las vías del Guavio. Solamente cuando se puso en jaque el funcionamiento de la hidroeléctrica se entendió que las vías necesitaban atención urgente hace tiempo. Eso no justifica que por unos bloqueos se haya puesto en riesgo el abastecimiento energético, pero sí explica por qué se llega a extremos. Cuando el Estado no responde, los reclamos se salen por la grietas de su ineficiencia y eso acaba mal porque se vulneran derechos de otros. Ojalá cumplan ahora lo acordado porque suele suceder que se aplazan las soluciones con promesas para levantar protestas y todo sigue igual.

Otra vía de hecho que ha sido noticia es la invasión de tierras. No se puede olvidar que la tierra ha estado en el centro del conflicto en Colombia porque el despojo ha sido una constante de la violencia y el Estado no ha logrado equilibrar la inequidad en la tenencia y en el uso. Por eso es importante que la reforma agraria del Gobierno Petro haya comenzado con el anuncio de titulación de 681.000 hectáreas a 12.000 campesinos, indígenas y comunidades afro. Le pusieron el acelerador a procesos que venían caminando y este es el primer paso de una meta ambiciosa que busca entregar o titular alrededor de 10 millones de hectáreas.

El proceso será lento y mientras tanto las vías de hecho seguirán ahí, como han estado siempre porque estas tomas no son nuevas aunque sí hay un mayor número de casos en los últimos meses. La Defensoría del Pueblo, en balance del 22 de septiembre, reportó que han identificado 108 casos en 26 municipios.

El diagnóstico de la Defensoría sobre las zonas y causas de estas invasiones evidencia eternos problemas: destaca la presencia de “comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso suficiente a la misma y reclaman derecho al acceso progresivo a la propiedad”. Habla también de los terrenos baldíos y de los que administra la Sociedad de Activos Especiales. Hay ocupaciones por parte de comunidades indígenas, hay búsqueda de restitución de quienes se consideran despojados, hay necesidad de terrenos para construcción de vivienda por el déficit habitacional. Muchos problemas sociales. Y en algunas zonas, detrás de ellos grupos ilegales sacando provecho.

El desafío es cómo enfrentar el brote de invasiones mientras avanza por el camino lento de la institucionalidad la reforma agraria. Algunos piden mano dura y reclaman que se desaloje por la fuerza a los reclamantes. El Gobierno ha optado por la vía del diálogo. Defender los derechos de todos, tanto de reclamantes como de dueños de predios invadidos, es la tarea del Estado y aquí debe poder establecer cuáles son justas demandas ciudadanas para darles trámite, en cuáles hay grupos criminales actuando y cuándo se están violando leyes en la invasión o en la tenencia. Se debe proteger a los propietarios legítimos sin duda y también saber cuándo hubo despojos por la violencia que luego se “legalizaron” sin que el Estado protegiera a esos dueños originales. Por eso cada caso es un reto y hay cientos más que no han terminado en invasiones.

No puede pasar que los ciudadanos sigan tratando de dirimir sus diferencias por fuera de los cauces institucionales porque ya se ha ensayado mucho ese camino y sabemos que conduce a violencia y más problemas. Bajo las políticas del Gobierno Nacional, los gobiernos y los liderazgos locales tienen mucho para aportar en la solución pacífica de estos conflictos. Si miran para otro lado, por corrupción o por desidia, mientras unos toman tierras y otros arman grupos de vecinos que pueden convertirse en autodefensas, esto se seguirá complicando. Las vías de hecho no ayudan y un Estado ineficiente las alimenta.

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