Las FARC reconocen graves crímenes de guerra: “Nos comprometemos a buscar hasta encontrar a los desaparecidos”:

Por tercer día consecutivo y último, siete exmiembros del secretariado de las Farc-EP comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 01, que habla de la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la guerrilla. Este jueves, los jefes guerrilleros escucharon, por tercer día consecutivo, a las víctimas de secuestro y reconocieron los hechos para acceder no solo a las sanciones de la justicia transicional, sino al perdón que aún no les da Colombia.

El excomandante guerrillero y ahora líder del proceso de reincorporación en el Partido Comunes, Pastor Alape, reconoció ante la JEP y ante las víctimas que a los secuestrados y a las personas que vivían en los territorios que controlaban los obligaban a trabajar: “Podíamos ordenar arreglar 100 metros del camino. No lo mirábamos como trabajos forzados”, dijo. “Acá estamos reconociendo esta conducta como parte de los crímenes que cometimos en la organización”.

De igual manera, Rodrigo Londoño aseguró: “Humillamos a los secuestrados al obligarlos a lo que nosotros considerábamos parte de la vida guerrillera. Para quienes estaban en cautiverio eran actividades que ni física ni moralmente debían cumplir”.

A él se unen estos días Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos pasaron del reconocimiento escrito, que presentaron en abril de 2021, al reconocimiento público de los hechos y conductas que halló la JEP cuando les imputó cargos al presentar la radiografía más completa que hoy conoce el país sobre esta política criminal. “Causamos daños a los más humildes. Nos comprometemos a buscar hasta encontrar a los desaparecidos. Hago una humilde solicitud de perdón”, aseguraron los exjefes guerrilleros durante este jueves

Tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios, castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y acciones de empresas y funcionarios públicos.

Tras la audiencia, la magistratura tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá la sanción a imponer a los imputados. Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas, y sus observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.

En caso de que no haya reconocimiento de alguno de los crímenes cometidos, la Sala remitirá los procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que tratará de dilucidar qué ocurrió de verdad en los territorios ocupados por la guerrilla. Entre todos, exguerrilleros, víctimas y funcionarios de Justicia, deberán arrojar luz sobre la dolorosa memoria reciente de Colombia

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.