Un viceministro boliviano, linchado durante un secuestro por mineros

Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior del gobierno boliviano, fue linchado este jueves por una turba de mineros por cuenta propia o, como se llaman en Bolivia, “cooperativistas”, los cuales bloquean la principal carretera del país en la localidad de Panduro, a 185 kilómetros de La Paz.

Illanes estaba secuestrado desde la mañana y fue asesinado luego de un grave enfrentamiento entre los bloqueadores y la policía, en el que murió Rubén Aparaya, de 26 años, miembro de la Cooperativa Viloco, aparentemente por un disparo. Al mismo tiempo, otro “cooperativista” murió en Cochabamba, también en un enfrentamiento con la Policía, la cual tiene orden de mantener desbloqueada la carretera, la mayor arteria del país para la circulación de mercancías y viajeros.

Visiblemente conmovido, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó en la noche del jueves la muerte de su colaborador inmediato, quien había ido al lugar del bloqueo para intentar hablar con los mineros que se encuentran movilizados desde los primeros días de este mes y que, luego de un paréntesis provocado por unos hechos de violencia previos, volvieron a la carga el pasado jueves.

Illanes fue “tomado como rehén”, lo que no es inaudito dentro de las luchas sindicales bolivianas, si bien se trata de la primera vez desde los años 40 que un acto así deriva en la muerte de la autoridad secuestrada.

Durante el día, el abogado de 58 años llamó varias veces a sus colegas para pedir que la comisión de autoridades que exigían los mineros viniera a liberarlo. Después dejó de comunicarse, mientras la Policía reprimía el bloqueo. Al cabo del enfrentamiento, un periodista señaló que había visto su cuerpo debajo de la colina donde había estado previamente, retenido junto a una torre de luz. Al parecer lo mataron a golpes. Su ayudante, el capitán Freddy Bobarín, logró escabullirse y llegar, muy golpeado, a donde estaba la Policía. Él informó que la situación había sido tensa, pero no violenta, hasta que los mineros se enteraron de la muerte de su compañero Aparaya y, furiosos, formaron una turba en torno a los dos funcionarios retenidos. Entonces alguno lanzó una piedra y se desató el linchamiento.

El gobierno pensaba sentarse a negociar en La Paz con los dirigentes nacionales de los cooperativistas, pero el secuestro de Illanes provocó que el encuentro entre ambas partes se postergara.

Este sector, uno de los más organizados y agresivos que componen la Central Obrera Boliviana, exige la abrogación de una ley recientemente aprobada, la cual pone límites al funcionamiento de las “cooperativas”, pues en varios casos estas sirven como una etiqueta detrás de la cual se esconden intereses comerciales y abusos a los derechos laborales y contra el medio ambiente. Los administradores de cooperativas rechazan la ley pues, dicen, la misma inviabilizaría sus actividades.

Los conflictos sociales graves, que son una característica histórica de Bolivia, habían sido superados durante la presidencia de Evo Morales, hasta que comenzó el deterioro de la economía por la caída de los precios de las materias primas. Uno de los ramos más golpeado durante este año y el pasado fue el minero, en el que las grandes inversiones son escasas, pero en cambio se halla la denominada “minería de supervivencia”, la cual emplea a unas 100 mil personas. En este caso, las concesiones de yacimientos son propiedad colectiva.

Desde hace tiempo que se sabe que esta práctica sirve en efecto para la supervivencia de muchos, pero también genera el enriquecimiento de unos grupos que explotan a trabajadores y les pagan salarios ínfimos. Una de los derechos que establece la nueva ley de cooperativas es el derecho a la sindicalización de estos últimos, aunque el gobierno dijo que este no se aplicaría en el ramo minero.

Sin embargo, la diferenciación clasista no se expresa en la lucha política “cooperativista”, que suele ser monolítica, como lo ha sido hasta ahora en este conflicto.

El gobierno asegura que ya conoce quiénes participaron en el “brutal asesinato” y que estos serán perseguidos judicialmente sin dilación.