“El riesgo es inminente”: los ‘dreamers’ temen ser el nuevo blanco de la cruzada antiinmigración de Trump

Los primeros días de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump han sembrado miedo e incertidumbre en toda la comunidad indocumentada. No han sido solo los delincuentes, como anunciaron desde el Gobierno, los detenidos y deportados por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en unas operaciones que persiguen batir récords de expulsiones diarias. Los que se creían más protegidos y con respaldo social, los llamados dreamers, que cuentan con un permiso temporal de trabajo gracias al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), se sienten ahora amenazados.

“El riesgo es inminente. La gente me pregunta: ¿Crees que corres un riesgo inmediato? Por supuesto que sí. A estos agentes encargados de hacer cumplir la ley, no les importarán mis diplomas ni mi humanidad. Trabajando en el bufete de abogados, he visto el terror. He visto la angustia que tienen estos familiares, incluso los ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados”, afirma Irving Hernández de la Torre. Nacido en el Estado de Guerrero, en México, llegó a Estados Unidos cuando tenía seis años. Graduado en ingeniería aeroespacial, lleva 13 años trabajando en una firma de abogados, dedicado a defender a los migrantes en California.

Hernández de la Torre es uno de los más de medio millón de extranjeros que llegaron de forma irregular a Estados Unidos siendo niños y que, gracias a DACA, creado en 2012 por Barack Obama, residen de forma legal, aunque sin una vía para conseguir la nacionalidad. Desde que el demócrata lo activó como una solución temporal ante la falta de acción del Congreso, el programa ha permitido que unos 835.000 extranjeros irregulares salieran de las sombras. El mayor grupo de dreamers es de México, aunque también los hay de otros países de América Latina y el Caribe, de África y de Asia.

Los beneficiarios de DACA tienen permisos temporales de trabajo, han podido obtener licencias de conducir, becas educativas, y acceder a la atención médica en algunos Estados. La edad promedio era 21 años cuando se estableció el programa y, ahora, la mayoría supera los 30 años. Muchos han completado la universidad, construido carreras y formado familias. Estados Unidos es el único país que reconocen como propio.

Trump aseguró que buscaría una solución con el Partido Demócrata para que los beneficiarios de DACA permanecieran en Estados Unidos de forma legal, pero las recientes redadas de ICE y la política migratoria que está aplicando deja poco margen para confiar en sus palabras. El magnate ya intentó acabar con el programa en 2017 durante su primer mandato, pero no lo consiguió porque los tribunales lo evitaron.

Sus beneficiarios deben renovar el programa cada dos años y hasta ahora podían viajar fuera de Estados Unidos solicitando un permiso (Advance Parole). Con la llegada de la nueva Administración, sin embargo, los asesores legales recomiendan que ya no lo hagan. “Todavía estamos evaluando si esa es una opción segura, por lo que recomendamos que los destinatarios de DACA consulten a un abogado antes de viajar”, apunta Hillary Lee, defensora de los migrantes del Justice Action Center.

Los dreamers llevan años en la cuerda floja, pendientes de resoluciones judiciales. La última fue dictada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. El 17 de enero confirmó el fallo de un tribunal federal de Texas, que en 2021 dictaminó la ilegalidad de parte de DACA. Es la respuesta a una demanda presentada por varios Estados, gobernados por republicanos y liderados por Texas, que buscan eliminarlo.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones ha puesto límites y ha restringido el cumplimiento de las sentencias de este caso al Estado de Texas. Además, hasta que las resoluciones judiciales sean firmes, permite la renovación del programa a quienes ya lo disfrutan. Otro límite importante es que permite a los funcionarios federales clasificar a sus beneficiarios como de baja prioridad para su expulsión.

Varias empresas, incluidos IBM, Verizon y Starbucks, habían advertido en un escrito a la Corte de Apelaciones que poner fin a DACA afectaría negativamente a Estados Unidos y su economía porque los dreamers cubren la escasez de mano de obra, crean empresas y pagan impuestos. Se estima que las pérdidas en el PIB ascenderían a 460.000 millones de dólares.

“El Quinto Circuito podría revisar su opinión, este caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y recibir un fallo diferente. La conclusión es que DACA sigue amenazado y la situación está, al menos legalmente, en constante cambio”, explica Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF, organización defensora de los derechos civiles de los latinos y que representa a los afectados en el caso judicial.

Desde mediados de 2021, cuando el tribunal de Texas dictaminó que DACA era ilegal, no se ha permitido la inscripción de nuevos migrantes. Muchos beneficiarios tienen ya hijos que son ciudadanos estadounidenses y con la nueva Administración temen que les separen de sus familias.

Es el caso de Jessika Ocampo, ciudadana estadounidense casada con un dreamer. Apenas puede contener las lágrimas cuando relata la tensión bajo la que vive su familia. “DACA ha sido un salvavidas para familias como la mía. Le ha permitido a mi esposo trabajar, mantener a nuestra familia y vivir sin el miedo constante a la deportación. Por eso, estamos agradecidos. Pero DACA no es suficiente. Siempre estuvo destinada a ser una solución temporal, y ahora incluso esa protección temporal está en riesgo”, explica. Como ella, miles de familias mixtas viven pendientes de que una sentencia judicial o una decisión política destruya sus vidas.

“La incertidumbre nos pasa factura a todos, especialmente a nuestros hijos. No entienden por qué su padre, que vive aquí desde pequeño, no tiene las mismas oportunidades que los demás. Ninguna familia debería vivir con el temor constante de ser separada, y ningún niño debería crecer con el temor de que algún día le puedan quitar a sus padres. Cada cuatro años, durante las elecciones, tememos por nuestro futuro a medida que DACA se convierte en un objetivo político”, se lamenta.

Trump ganó las elecciones del 5 de noviembre aupado por la promesa de acabar con la migración irregular y poner fin a los programas de la Administración de Joe Biden que permitían la residencia de cientos de miles de migrantes. Ya ha cumplido sus promesas eliminando los programas de Protección Temporal de Estatus, el Parole Humanitario, y la aplicación CBP One, por la que se agendaban citas para solicitar el asilo. Los beneficiarios de DACA se preguntan si serán su próximo objetivo.

“Existe la posibilidad de que la comunidad DACA sea utilizada como moneda de cambio de esta Administración. Ya hemos oído lo ridícula que es la cancelación de la ciudadanía por nacimiento. Podría usarnos para crear un DACA parcial, darnos el mínimo indispensable y aprobar estos sueños febriles de legislación antiinmigrante”, opina Hernández de la Torre.