“Mi hijo será apátrida”: los planes de Trump condenan a una generación de niños a no tener nacionalidad

Como era de prever, un juez ha bloqueado temporalmente el decreto presidencial que eliminaba el derecho a la nacionalidad por nacimiento por considerarlo “inconstitucional”. A pesar de que semanas antes de su investidura Donald Trump había anunciado que lo haría, muchos expertos creían que no cumpliría su promesa porque desafía la Constitución, que desde 1868 recoge esa garantía en su Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, despojar de ese derecho a los niños por el estatus migratorio de sus padres fue uno de los primeros decretos que firmó el magnate. Aunque el bloqueo temporal deja en el aire su implementación, miles de familias se sienten amenazadas por una orden ejecutiva que llega cargada de incertidumbre, pues no aclara muchos supuestos y deja en el limbo a los futuros descendientes, formando una generación sin ninguna nacionalidad.

“Mi hijo van a ser apátrida. La orden ejecutiva causó mucha confusión en muchas familias como la mía, aquellas personas que somos solicitantes de asilo o de TPS no sabemos con claridad qué es lo que debemos hacer con esta orden ejecutiva, si aplica para nuestro caso”. Son declaraciones de Mónica, que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Venezolana, de profesión médica, está embarazada de 12 semanas y la orden del presidente acaba de dar un vuelco a su gestación. “En vez de estar pendientes de que el niño venga sano al mundo, estamos estresados, ansiosos, deprimidos por esta situación de que ahora nuestros bebés no pueden ser ciudadanos”, lamenta.

Mónica es una de las cinco mujeres embarazadas que esta semana han interpuesto una demanda contra el decreto de Trump en el Estado de Maryland, donde residen, apoyadas por las organizaciones CASA, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo Defensa (ASAP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown (ICAP).

Solicitante de asilo y bajo el programa de protección temporal TPS, Mónica teme que cuando su bebé llegue al mundo a finales de julio o comienzos de agosto no pueda inscribirle en ningún registro y se quede sin ninguna nacionalidad. Venezuela carece de embajada o consulado en Estados Unidos al que acudir y, por el nuevo decreto tampoco podría hacerlo en el país donde nace.

La incertidumbre de no saber dónde acudir a registrar a sus hijos y si van a ser ciudadanos de algún sitio no se limita a los países que, como Venezuela, no tienen representación diplomática en territorio estadounidense. Los extranjeros solicitantes de asilo han huido de la violencia y persecución a la que están expuestos en sus respectivos países, por lo que no pueden acudir a sus Gobiernos a pedir la nacionalidad para sus hijos.

“Hay muchas personas en Estados Unidos solicitando asilo que temen que sus hijos no van a tener patria. Tienen miedo de ir a la embajada o el consulado de su país de origen porque ya presentaron una petición en Estados Unidos diciendo que ese Gobierno los ha perseguido.” Como solicitantes de asilo, tampoco les está permitido viajar fuera del territorio nacional.

Trump ha parado con otro decreto las solicitudes de asilo y no se sabe qué pasará con las que están pendientes. Mónica presentó su solicitud hace seis años y aún no ha sido citada para contar su caso. La normativa establece un periodo de 180 días, pero el atasco de los casos por falta de personal y de presupuesto en el Departamento de Inmigración ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Según el informe presentado en julio pasado, a finales de 2023 había más de un millón de casos pendientes.

Si llega a aplicarse, el decreto, que recibe el nombre de Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, deja muchas dudas sobre a quién afectará. El enunciado recoge que no se otorgará la ciudadanía en dos casos: uno, cuando la madre resida ilegalmente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, y dos, cuando la madre tenga un permiso legal pero temporal (como con una visa de estudiante, trabajo o turista) y el padre no sea ciudadano o residente permanente.

Según Rupa Bhattacharyya, directora legal de ICAP, que se encargó de presentar la demanda de Maryland, no está claro a quién afecta. El segundo supuesto es el que despierta más dudas. “Se proporcionan algunos ejemplos para que sepamos que esas personas se verán afectadas de inmediato, pero no se define de otra manera, por lo que no está claro exactamente quiénes son. Es vital que la ciudadanía de una persona sea clara e inequívoca, y la orden ejecutiva en este momento lo hace imposible. A muchos niños se les negará la ciudadanía. Para otros, la vaguedad de los términos de la orden arroja su estatus en una completa y absoluta incertidumbre”, alega.

El juez federal John C. Coughenour, que ha frenado la aplicación de la orden por considerarla “descaradamente inconstitucional”, se pronunció sobre una demanda de los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Al menos se han interpuesto ya seis demandas presentadas por 22 Estados y varias agrupaciones de migrantes en todo el país. En todas ellas se alega la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva.

Como el decreto no tiene carácter retroactivo, si entrara en vigor, crearía situaciones absurdas dentro de una misma familia, donde algunos hijos serían ciudadanos y otros no, pudiendo causar más separaciones familiares. Es el caso de Maribel, otra de las mujeres embarazadas que participa en la demanda de Maryland, que también prefiere no revelar su identidad. Residente en Estados Unidos desde hace dos décadas, tiene dos hijos que son ciudadanos. “Temo que a mi hijo que va a nacer se le nieguen los derechos básicos de los que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atención médica y a una educación de calidad. Sin las protecciones de la ciudadanía estadounidense, la Administración Trump podría incluso intentar arrebatarme a mi bebé y a nuestra familia y deportarlos a un país que nunca han conocido”.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución especifica que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dejando fuera raras excepciones, como los hijos de diplomáticos.

Trump sostiene que los padres que no son ciudadanos o tiene residencia permanente no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, pero, de momento, su argumento no ha cuajado.

“Ningún presidente tiene la autoridad para alterar unilateralmente la Constitución de los Estados Unidos o su interpretación bien establecida por la Corte Suprema, particularmente en el área de los derechos individuales. La orden ejecutiva intenta otorgar un poder que Trump simplemente no tiene. Por derecho, la orden ejecutiva debería ignorarse. En términos prácticos, puede no ser implementable debido al caos que conllevaría la creación a largo plazo de una clase de apátridas en este país”, sostiene Thomas A. Saenz, presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF).