El Tribunal Supremo suspende la ejecución de un latino en Texas 20 minutos antes de la inyección letal

Faltaban veinte minutos para que Rubén Gutiérrez recibiera una inyección letal por el supuesto asesinato que cometió hace 26 años, pero el Tribunal Supremo suspendió su ejecución una vez más. Este martes 16 de julio, a las seis de la tarde, Gutiérrez iba a ser conducido a la cámara de ejecución de la penitenciaría estatal de Huntsville, y se iba a convertir en el tercer recluso al que se le aplicaba la polémica pena de muerte este año en el Estado de Texas y el décimo en todo los Estados Unidos. Gutiérrez, culpado por la muerte de una señora de 85 años para robarle sus ahorros, insiste hasta hoy que no es culpable y exige que nunca le hayan dado la posibilidad de realizar las pruebas de ADN que confirmarían su inocencia.

El tribunal emitió una orden a las 5:40 p.m. hora local que indicaba la suspensión indefinida de la ejecución de Gutiérrez, nacido en Florida, y quien cuando tenía 21 años llegó junto a dos amigos a la casa de la señora Escolastica Harrison en Brownsville, en el sur de Texas. Iban con el propósito de robarle 600.000 dólares, pero terminaron quitándole la vida. Documentos judiciales indican que Gutiérrez era amigo de Avel Cuéllar, sobrino de la señora y quien vivía con ella. En más de una ocasión el joven visitó la casa de Harrison y entabló cierta amistad con ella. Supo entonces que la mujer tenía guardados sus ahorros de toda la vida en su propia casa, a falta de confianza en los bancos. El 5 de septiembre de 1998, Gutiérrez, junto a René García y Pedro Gracia, golpearon y apuñalaron a Harrison hasta la muerte. Solo pudieron llevarse 56.000 dólares.

Los abogados de Gutiérrez, quien fue declarado culpable de asesinato en 1999 y luego sentenciado a pena de muerte, interpusieron una petición ante el Tribunal Supremo para exigir que se le realice la prueba de ADN que llevan años solicitando. La orden de la corte asegura que la ejecución permanecerá vigente hasta que los jueces decidan si deben revisar su solicitud de apelación. En caso de que el tribunal deniegue la solicitud, la suspensión de la ejecución se levantará automáticamente, según dicta la orden.

Los fiscales insisten en que la solicitud de pruebas de ADN por parte del recluso y sus abogados es una “táctica dilatoria”. Gutiérrez asegura que él no participó en el asesinato de la señora Harrison, sino que esperó afuera de su casa. No obstante, los fiscales sostienen que Gutiérrez confesó en un inicio haber planeado el robo y estar dentro de la casa cuando cometieron el asesinato. La Oficina del Procurador General de Texas y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron indicó que la ley estatal no prevé “que las pruebas de ADN posteriores a la condena demuestren la inocencia de la pena de muerte y si lo hicieran, Gutiérrez no tiene derecho a ello”. Los fiscales dijeron además que Gutiérrez “en repetidas ocasiones no ha demostrado que tiene derecho a realizarse pruebas de ADN posteriores a la condena. Por lo tanto, su castigo es justo y su ejecución será constitucional”.

Una muerte varias veces postergada

No es la primera vez que los jueces aplazan la ejecución de Gutiérrez, quien permanece desde 1999 en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville. En junio de 2020, el Tribunal Supremo detuvo su ejecución una hora antes de que se le aplicara la inyección letal tras el reclamo de no haberle permitido que un asesor espiritual lo acompañara. En octubre de 2021, también se suspendió la ejecución luego de que se afirmara que estaban violando su “libertad religiosa” al no dejar que un sacerdote la administrara la extremaunción en sus últimas horas.

Ahora la petición enviada a la corte afirma que “Gutiérrez enfrenta no solo el rechazo (de la prueba de ADN), que repetida y consistentemente ha solicitado durante una década, sino además una ejecución por un crimen que él no cometió”. Los fiscales, por su parte, dijeron este mes que “Gutiérrez renunció deliberadamente a las pruebas de ADN en su juicio en 1999, y ha aprovechado esa decisión estratégica durante los últimos 20 años para retrasar la ejecución de su sentencia”.

Su defensa, sin embargo, sostiene que hay elementos de la escena del crimen, como rasguños de uñas de la señora Harrison, cabellos y muestras de sangre, que nunca han sido analizados y que podrían probar que Gutiérrez no es culpable de la muerte. “Nadie está interesado en llevar a cabo una ejecución injusta”, dicen sus abogados en la petición. Según ellos, no hay evidencia que pruebe que él es responsable del crimen que involucra a otras dos personas. En estos momentos René García cumple una cadena perpetua en una prisión de Texas y Pedro García se encuentra prófugo de la justicia.

En Texas, el Estado donde más se ha aplicado la pena de muerte desde que se retomaran las ejecuciones en 1982 tras una pausa de cuatro años, la Junta de Indultos y Libertad Condicional votó la pasada semana en contra de cambiar la sentencia a muerte de Gutiérrez por una pena menor. Desde 1976, 588 personas han sido ejecutadas en Texas y 1.591 en Estados Unidos, donde al día de hoy hay 2.244 prisioneros que permanecen en el corredor de la muerte, según cifras de la organización Death Penalty Information Center.