La Junta andaluza destina 322.765 euros a desarrollar un traductor automático de sus propios textos a “lenguaje claro”

El lenguaje jurídico y administrativo puede ser un galimatías que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Ya un estudio sobre 10 millones de palabras utilizadas en contextos legales concluyó que los escritos de estos ámbitos contienen “proporciones sorprendentemente altas de ciertas características [lingüísticas] difíciles de procesar” y que su uso y abuso dificulta su entendimiento. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini ha presentado un proyecto de ley p...

El lenguaje jurídico y administrativo puede ser un galimatías que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Ya un estudio sobre 10 millones de palabras utilizadas en contextos legales concluyó que los escritos de estos ámbitos contienen “proporciones sorprendentemente altas de ciertas características [lingüísticas] difíciles de procesar” y que su uso y abuso dificulta su entendimiento. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini ha presentado un proyecto de ley para “obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público”. En España, el Gobierno andaluz ha optado por otra solución: en vez de imponer que las comunicaciones sean comprensibles en su origen, ha destinado 322.765 euros a “la contratación de servicios para la realización de un sistema de conversor de documentos a lenguaje claro”, según ha comunicado. En lenguaje claro: ha encargado el desarrollo de un traductor automático de sus propios textos, algo que las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) más comunes ya hacen.

“Le enviamos esta notificación NCC889902087667**** [se obvian los últimos dígitos que sí figuran en el texto oficial] para practicar el acto administrativo que, por causas no imputables a la Administración, no ha podido realizarse mediante la anterior notificación con NCC98876657890**** imposibilitando entregar la misma al destinatario en el domicilio de esa notificación”. Esta es una notificación administrativa real recogida por Olga Koreneva Antonova, profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quien sostiene que “el lenguaje administrativo y jurídico destaca por su poca transparencia”. En este caso se trataba simplemente de una segunda notificación al no haber sido posible la entrega de la primera, pero el lenguaje es farragoso y con errores gramaticales que dificultan su entendimiento.

Esta complicación de los textos legales y administrativos es grave y para Mancini, según recoge El libertador argentino, limita la relación entre el Estado y la ciudadanía y vulnera los principios de transparencia y responsabilidad pública. La diputada propone que la ley que impulsa se aplique a todos los poderes y que una “entidad sea responsable de elaborar guías y manuales, promover la capacitación del personal público y brindar asesoramiento técnico para garantizar que el lenguaje claro se incorpore de manera efectiva en las prácticas diarias de los organismos”.

La consejería de Inclusión Social del Gobierno andaluz ha optado por actuar en otro ámbito. En vez de promover el uso de un lenguaje claro desde el origen del documento, ha decidido licitar, con cargo a fondos europeos Next Generation, el desarrollo de un sistema informático que traduzca sus textos a español comprensible, con un coste superior a los 300.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses tras la firma del contrato.

La justificación de la Junta andaluza parte de asumir la deficiencia en la comunicación comprensible de resoluciones, plazos para solicitar recursos o requerimientos de documentación: “La administración tiende a utilizar un lenguaje complejo, no siempre comprensible por la ciudadanía y, especialmente, por las personas mayores, con algún tipo de discapacidad, con menor nivel formativo o que no conocen correctamente el castellano, entre otros colectivos”. Según la consejera de Inclusión Social, Loles López, “la real y plena inclusión de las personas con discapacidad parte [empieza] por garantizar medidas de accesibilidad universal y [la] prestación de los apoyos necesarios”

Pedro Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad y responsable del proyecto, explica que el traductor será para uso de los funcionarios y que el ciudadano podrá recurrir a la versión traducida, si la precisa. “No va dirigido solo a las personas con discapacidad, sino que va dirigido a cualquier persona que tenga una necesidad de disponer de ese escrito con un lenguaje jurídico formal en un lenguaje de claro”, insiste.

Calbó justifica el recurso a la inteligencia artificial en vez de utilizar un lenguaje claro desde el principio: “El número de funcionarios que tiene la Junta de Andalucía es enorme y no todo el mundo tiene capacidad de escribir directamente en lenguaje claro. El volumen de escritos que generamos es muy amplio y diverso, por tanto, todo eso exigiría formar a cada uno de los trabajadores de la Junta que realiza algún tipo de escrito para que tuviera la capacidad para adaptar el lenguaje”.

Koreneva, profesora de traducción, saluda la iniciativa de la Junta, aunque con matices. “Si no tenemos otra cosa, por lo menos, de algo servirá. En principio está bien, siempre que funcione”, afirma la especialista, quien coincide en la percepción general sobre el lenguaje administrativo: “Es horrible”.

Pero su apoyo a la propuesta andaluza incluye algunas cautelas. “Tiene que ser muy fiable, sobre todo, en notificaciones tan importantes como alguna resolución judicial o notificaciones tributarias, que son bastante complejas. Sabemos que los traductores automáticos no son perfectos y, si cometen un error, el usuario se arriesga a no cumplir plazos o no entregar documentación específica requerida”.

Calbó coincide en esta cautela y es, precisamente, su argumento para recurrir a un traductor específico propio y descartar las aplicaciones ya existentes: “Primero, para adecuarnos al tipo de resoluciones de la Junta de Andalucía. Por otro lado, porque es un lenguaje muy formal que tiene unas consecuencias jurídicas cuando lo recibe el ciudadano. Tenemos que asegurar que esa traducción sea lo más fiel posible para garantizar bien los efectos jurídicos o para que la persona entienda qué efectos va a tener ese escrito. Entendemos que es mucho mejor tener una aplicación interna específica que ha sido testada y aprobada por nosotros. Con herramientas estándares no tendríamos la garantía al 100%”.

Koreneva mantiene las cautelas y advierte de que las máquinas fallan incluso en materias propias de Inclusión Social, ya que un traductor automático, según detalla la profesora, “no considera la igualdad de género” y tiende a sustituir el femenino por el masculino porque las fuentes con la que se entrena ya incluyen ese sesgo. “Este tipo de herramientas se puede usar para facilitarnos el trabajo, pero no nos pueden sustituir porque no son fiables al 100%. Si es algo importante y puede tener consecuencias legales, yo no me atrevería a usarlo”, explica.

La experta, que aboga por la presencia de supervisión humana de los sistemas, admite, como el responsable de la Junta andaluza, que es difícil conseguir que los redactores de textos legales y administrativos recurran a un lenguaje común. “Ellos dominan ese vocabulario, trabajan con él y no conocen las alternativas. Creo que no serían capaces”, lamenta. Tampoco confía en la propuesta argentina de establecer una “autoridad” que revise los textos. “Los trámites ya son lentos como para incluir un tiempo de revisión”, reflexiona.

La IA ya lo hace

La interpretación de textos administrativos o legales ya la realizan las aplicaciones de inteligencia artificial más populares. La versión gratuita de ChatGPT, de OpenAI, explica la farragosa comunicación que utilizaba la profesora de la UPO como ejemplo de forma muy precisa: “Informa sobre un acto administrativo que no se pudo llevar a cabo por razones que no son responsabilidad de la administración (como que no se haya podido localizar al destinatario)”. A continuación, desgrana los elementos relevantes del texto y concluye: “Es importante prestar atención a este tipo de notificaciones, ya que suelen tener plazos específicos para responder o actuar. Si tienes dudas, es recomendable contactar con la administración que envió el aviso para obtener más información”.

Gemini, de Google, también acierta en un resultado que la propia máquina define como “Traducción y explicación simplificada”: “Te enviamos este nuevo aviso (con el número NCC889902087667****) para que se lleve a cabo una acción oficial que no pudimos realizar antes (con el aviso NCC98876657890****). La razón por la que no se pudo entregar el aviso anterior es porque no pudimos encontrarte en la dirección que tenías registrada.” Incluso aporta versiones aún más simples: “En otras palabras: La administración pública está intentando notificarte algo importante, pero tuvo problemas para entregarte el primer aviso”. A partir de ahí, detalla las posibles implicaciones y la relevancia de la comunicación. Además, sugiere cómo actuar y también recomienda contactar con el remitente en caso de duda.

Pero Calbó insiste en que no son válidas para el propósito de la administración andaluza. “Desde un punto de vista informático, hemos analizado las actuales herramientas que hay en el mercado y creemos que es más efectivo y eficaz esta solución [el traductor propio y específico]”.