La Fiscalía pide a Igualdad que bloquee las webs de 13 agencias de vientres de alquiler

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que ponga en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler. El ministerio público, que seña...

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que ponga en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler. El ministerio público, que señala a estas compañías por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” declaradas “ilegales” en España, da este paso tras abrir una investigación sobre ellas al recibir varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo explica en un comunicado que ha recibido el escrito en la tarde de este miércoles y que mañana lo analizarán con la Abogacía del Estado, y apuntan que tienen competencias para “iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero no tiene capacidad administrativa de bloquear webs”.

En este caso, las citadas empresas cuentan con clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia. En España, desde 2006, los vientres de alquiler son una práctica ilegal. Fue entonces cuando entró en vigor la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; y es además considerada una forma de violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto de 2022. En Europa, en 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler se incluyó como delito a través de una directiva.

Aun así, ciudadanos y ciudadanas españolas viajan cada año a países donde no es ilegal y, una vez nacidos los bebés, los inscriben allí y vuelven a España donde, en nombre del interés superior del menor, el Estado acaba reconociéndolos a través de su inclusión en el Registro Civil para que no queden en un limbo legal.

El pasado año, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar un poco más las grietas burocráticas; a partir de ese momento ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni ninguna declaración acompañada de documentación médica sirve en ningún Registro Civil de España, incluidos los de los consulados, para inscribir a un bebé nacido por vientre de alquiler, sea cual sea el país en el que hayan nacido y sean cuales sean las circunstancias individuales.

Y, recuerda el Ministerio de Igualdad en el comunicado, también el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y lo “puso en conocimiento de la Abogacía del Estado para que ejerciera acciones vía judicial para la cesación de publicidad de cuatro empresas”. De vuelta, añade, “la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No existen datos oficiales del número de menores españoles nacidos así. Pero en los registros consulares, en 2021, constaban más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según datos del Ministerio de Justicia, que son los últimos disponibles. Tampoco se conoce con exactitud qué precio ponen estas empresas a esta práctica que la legislación española considera violencia de género.

Las horquillas de precios por un vientre de alquiler varían de forma ostensible en función de los países y los tipos de cobertura. Una de las agencias identificadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, que tiene sus oficinas generales en EE UU e Israel, oferta servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre a un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y ofrece el “nacimiento garantizado de un niño sano” por 75.000. La estadounidense Circle Surrogacy factura 159.000 euros a sus clientes por el servicio.

En su escrito, la Fiscalía señala también a Go4Baby, que se define en su web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para toda clase de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a parejas y personas interesadas. Y añade: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se apunta contra Growing Generations y Invest Medical LLC; contra la georgiana Betaplus Fertility; y contra la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado lo completan las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias centraban su actividad en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha comprobado que todas sus webs se encontraban este miércoles accesibles desde España. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias citadas en las diligencias de la Fiscalía este miércoles por la tarde para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración. De momento, no se ha obtenido ninguna respuesta.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público explica que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, que provocó también la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron primero en ocho entidades y, por razones de competencia, se repartieron entonces entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que consiguieron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Pero, durante las pesquisas de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se puso de manifiesto la existencia de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte se remitió así a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, el pasado diciembre, comenzó a recabar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus páginas digitales.

En el escrito enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía incide en la necesidad de inutilizar el acceso a esas webs desde España para poder cumplir con la ley nacional sobre defensa de los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley contempla los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se contacte con las empresas que prestan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que estas bloqueen el acceso a dichas webs, así como a todos los subdominios que puedan conducir al contenido “ilícito”. Igualmente, en el caso de que Igualdad considere que esta actuación pueda afectar a datos amparados por los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a que se pida la “preceptiva resolución judicial” para poder ejecutarla. El Ministerio de Igualdad, repiten, estudiará el escrito de Fiscalía este jueves, pero insisten en que no tienen competencias por la vía administrativa, que es lo que se les solicita.